René Cervera García
Diputado Federal de Movimiento Ciudadano
La reforma política de la Ciudad de México comenzará a ofrecer sus primeros resultados a partir del 15 de septiembre cuando se integre la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. La reforma supone un avance, aún por calificar, para la vida política de la ciudad. Para ello, vale la pena analizar las circunstancias en las que ocurre, quedando para un segundo momento la revisión de las expectativas que genera y los márgenes reales para que éstas se cumplan.
La reforma surge cuando ya nadie lo esperaba. Originalmente incluida en el Pacto por México, las modificaciones al régimen del Distrito Federal estuvieron en el limbo durante cerca de cuatro años. Aunque es difícil probar causalidad, no es casualidad que esta reforma haya resurgido con posterioridad al resultado electoral del 2015 en la ciudad, el cual modifica ostensiblemente el mapa político de esta última. El PRD dejó de representar a la mayoría en la Asamblea Legislativa y de tener la mayoría en la representación de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados y, al mismo tiempo, ya no tiene la mayoría de los gobiernos delegacionales. Así, Morena ganó la mayoría de las posiciones en disputa, al tiempo que otras fuerzas emergieron con mayor presencia en el escenario local, como fue el caso de Movimiento Ciudadano que triplicó su participación electoral en la elección federal.
Después de ese resultado, el partido en el gobierno de la ciudad y el propio gobierno se mantienen en una clara debacle, como quedó demostrado en la elección de diputados al Constituyente en junio pasado. La estrategia de entregarse a la agenda del gobierno de Peña, acompañada del desmantelamiento de todo lo que oliera a éxito de la administración de Ebrard y de la imposición de decisiones claramente impopulares -el alza del Metro, la más cuestionada de todas-, contribuye a la percepción generalizada de que la mayoría del electorado le está dando la espalda a su gobierno.
Un gobierno caracterizado por la opacidad, sin iniciativa ni resultados: escándalos de corrupción, como los de su Oficial Mayor y su Secretario de Obras, por citar los de mayor rango; incapacidad para avanzar sus propuestas, como la del Corredor Chapultepec o “la ciudad de la salud”, por mencionar las más sonadas; así como el rechazo a decisiones como: las fotomultas, el deprimido de Río Mixcoac o la modificación al programa Hoy No Circula. En síntesis, un gobierno que se percibe sin asidero ni dirección.
En ese contexto emerge la reforma política de la Ciudad de México. La debilidad orgánica y electoral del gobierno de la ciudad se traduce en una reforma limitadísima con la aprobación del Senado y la Cámara de Diputados. Esa debilidad permite que no se reconozca la soberanía de nuestra entidad, con graves limitaciones asociadas. En efecto, la reforma al Artículo 122 Constitucional establece en su primer párrafo: “La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa”. Sin ningún asomo de congruencia política ni legislativa, el resto del artículo se dedica a definir precisamente el régimen interior y la organización política y administrativa de la ciudad.
La otra gran debilidad de la reforma se establece como consecuencia del modelo de integración y facultades asignadas a la Asamblea Constituyente. La decisión política de que esa asamblea se integre con 40 constituyentes designados por el Congreso de la Unión y los titulares del Ejecutivo federal y local implica, además de una enorme falta de respeto político a la ciudadanía y la intromisión de poderes constituidos en el poder constituyente, el claro propósito de sobrerrepresentar a los partidos políticos del Pacto. Adicionalmente, la reforma ignora avances tan sustantivos para la ciudad como la paridad de género en la designación de integrantes de ambas Cámaras y de representantes de los ejecutivos.
Al designar diputados y senadores de otras entidades federativas, las Cámaras optaron por disminuir la representatividad cuantitativa de quienes somos originarios de esta ciudad para determinar nuestras propias leyes. Ello sin contar que algunas de las designaciones recaen en miembros del Poder Legislativo provenientes de entidades federativas que por su vecindad geográfica potencialmente compiten por recursos. De cuál lado votarán, por ejemplo, legisladores priistas del Estado de México cuando haya que decidir temas de la agenda metropolitana.
A ello debe añadirse que, en el campo de sus facultades, la asamblea responsable de aprobar la Constitución no tendrá capacidad legal para generar su propia propuesta toda vez que, conforme a la reforma del 122, el único que tiene derecho de iniciativa es el actual Jefe de Gobierno. Por eso, la Asamblea Constituyente será una especie de comisión revisora de la propuesta que envíe el ejecutivo local. Así, esta es una reforma cercenada.
Frente a la minuta que envió el Senado a la Cámara de Diputados para su aprobación, Movimiento Ciudadano estableció reservas en lo relativo a la inconveniencia de designar constituyentes y a las atribuciones limitadas del Constituyente, entre otras. Igualmente propusimos que se estableciera la revocación del mandato y el referéndum de la propia Constitución, elementos que, junto con la paridad de género, constituían gravísimas omisiones de la reforma. En todos los casos donde planteamos reservas, éstas fueron rechazadas por una mayoría automática, la de los integrantes del Pacto por México conformada por el PRI (y a látere: el Verde, Nueva Alianza y el PES), el PAN y el PRD. La misma mayoría que seguramente respaldará la propuesta del Jefe de Gobierno, una propuesta amarrada en torno al Pacto por México y a la complicidad de los partidos que lo integraron.
A diferencia de otras fuerzas políticas sobrerrepresentadas en el Constituyente, por supuesto las del Pacto por México, Movimiento Ciudadano estará representado por dos diputados, una electa y uno designado; uno originario de la Ciudad de México y otra originaria del estado de Guerrero, con varios años de residencia en la ciudad. Ambos con experiencia en las tareas de gobierno de la ciudad: él, en las áreas centrales y ella en las delegacionales. Empeñaremos todo para estar a la altura de las circunstancias.