Observatorio Ciudadano del Migrante

En defensa de la dignidad y los derechos fundamentales de los mexicanos que viven en Estados Unidos

En un contexto de complejas condiciones económicas, políticas y sociales, el Estado mexicano carece de una política migratoria sólidamente construida que se sustente en una lógica de tolerancia,  y que sirva como válvula de escape para evitar eventuales conflictos sociales y económicos, consecuencia de la imposibilidad de dar respuesta a las demandas de la sociedad.

Esta debilidad institucional para hacer frente a la difícil realidad de los mexicanos que emigran hacia Estados Unidos permea entre los connacionales de diferentes formas, lo cual crea una percepción de falta de apoyo o franco desinterés gubernamental.

El efecto primario de la migración masiva es la situación de vulnerabilidad de la población migrante en un territorio ajeno, con un idioma distinto y en condiciones laborales de total desventaja. En este proceso se presentan posibles violaciones a los derechos de los migrantes.

Frente a este escenario, tenemos claro que la defensa de los derechos humanos es el instrumento inmejorable para combatir las condiciones que genera la desigualdad social cuando ciertos grupos se encuentran colocados en condiciones de desventaja o discriminación que vulneran el pleno ejercicio de sus derechos por motivos políticos, ideológicos, étnicos, y hasta por nacionalidad.

Ante esta situación en materia de derechos humanos, y a raíz de la inquietud por darle voz a la comunidad mexicana migrante en Estados Unidos, Movimiento Ciudadano ha creado un Observatorio Ciudadano del Migrante que monitoreará, evaluará y se nutrirá de las denuncias de la comunidad migrante para la promoción, protección y asistencia de sus derechos humanos.

A pesar de que la protección de los derechos de los mexicanos en el extranjero corresponde al Estado mexicano, como país tenemos una amplia deuda en la materia, pues no sólo se deben proteger los intereses de México, sino también la dignidad y los derechos fundamentales de los mexicanos que viven en territorio del vecino del norte.

En esta situación quedan comprendidos los derechos humanos, y en consecuencia, tenemos que protegerlos contra la discriminación y malos tratos, contra la esclavitud y la servidumbre, contra injerencias en su vida privada, familia, domicilio y correspondencia; tenemos que proteger su derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, a la libertad de tránsito, de reunión y asociación, a la seguridad social y al trabajo, al descanso, a seguros de desempleo, enfermedad, invalidez y maternidad, a la educación, la libertad religiosa y, en general, tenemos que proporcionar auxilio a nuestros connacionales para garantizar la observación de todos sus derechos.

El respeto y la protección de los derechos humanos de todos los migrantes debe darse en el marco de la Convención de Naciones Unidas (ONU) sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, poniendo especial cuidado frente a leyes y medidas adoptadas por el gobierno estadounidense por su posible afectación a los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes.

El gobierno mexicano tiene el deber de velar porque las políticas en materia de migración sean compatibles con las obligaciones que les impone el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Con el Observatorio Ciudadano del Migrante pretendemos monitorear, evaluar y promover la protección de los derechos de los migrantes mexicanos, pero de forma paralela, pretendemos demandar que se les socorra cuando lo necesiten, sin importar su estatus migratorio. El paso siguiente es la denuncia, además de la adopción de medidas para prevenir y castigar cualquier violación a sus derechos.

Durante las recientes giras de trabajo a las ciudades de Los Ángeles, California y Chicago, Illinois, la Comisión del Mexicano Migrante implementó una encuesta con la comunidad mexicana migrante para conocer su situación en materia de derechos humanos. El diagnóstico confirma que la mayoría de nuestros connacionales abandona el país en busca de una mejor calidad de vida y nos muestra que las principales problemáticas que enfrentan en Estados Unidos son, entre otras, la explotación laboral con bajos salarios, la discriminación y la violación a sus derechos humanos.

Queda de manifiesto, según el mismo estudio de campo, que existe un alto nivel de desconocimiento de sus derechos como migrantes, lo que complica ya no su defensa, sino la mera denuncia. Su condición de trabajadores, muchas veces en situación irregular, les impide ejercer sus derechos y denunciar frente a una violación.

En tanto, entre quienes han acudido a la representación del gobierno mexicano en Estados Unidos, ya sea consulados o embajada, y han recibido asesoría o apoyo consular, predomina la calificación de regular o mala en el trato recibido por esa representación.

Frente a los nuevos escenarios y flujos migratorios, la realidad nos muestra que la debilidad interna de México impide plantear una política migratoria en la agenda con Estados Unidos, afectando a quienes trabajan en un país ajeno con un alto nivel de desprotección de parte de las autoridades.

Se requiere de la participación de todos: en el país, de quienes estamos convencidos de que la transformación de México es posible si hacemos lo correcto; y también de quienes en Estados Unidos hacen valer su peso social, cultural, político y económico, de tal forma que logremos que en la agenda de ambos países sea prioridad la promoción y defensa de los derechos humanos de la comunidad mexicana migrante.

çEn este contexto, al que se suma el proceso electoral en Estados Unidos con un clima de criminalización del migrante por parte de Donald Trump y el vergonzoso silencio del gobierno mexicano, la ruta que proponemos es el empoderamiento del migrante -mujeres y hombres con temple y carácter, que actualmente les permite ser factor de cambio-, con la construcción de una agenda que plantee una nueva relación de ellos con los gobiernos de México y Estados Unidos, donde centralmente prevalezca la observancia irrestricta de los derechos humanos.