y Laura Hernández García
A dos años del derrame de tóxicos en el Río Sonora
México tiene una amplia riqueza de recursos minerales y naturales que son explotados indiscriminadamente. Esto genera, entre otras cosas, que los mantos acuíferos sean contaminados año con año por la industria minera, cuyas empresas no son reguladas por las autoridades responsables de otorgar las concesiones. Por lo tanto, no protegen de manera efectiva el medio ambiente, como lo exige el marco legal nacional e internacional que protege las reservas de agua para uso y consumo humano, y como lo estipula la Organización Mundial de la Salud (OMS) en sus guías de calidad del agua para consumo humano.
Al parecer, las autoridades no han exigido a las empresas concesionarias un plan de ordenamiento territorial, en el que se sopesen cuidadosamente los aspectos ecológicos y económicos con la participación de los diferentes grupos de interés (autoridades, empresarios y comunidades en cuyo territorio se llevará a cabo la explotación de la mina). Por el contrario, las concesiones mineras suelen otorgarse según la lógica de poner a remate las materias primas del país, sin darle prioridad al cuidado y la conservación de los recursos naturales, como el agua, que es fundamental para el desarrollo y la vida de los pueblos.
La minería es una actividad estratégica para el desarrollo económico porque provee de materias primas al sector industrial. La captación de divisas en esta actividad representa además una importante fuente de empleo. De acuerdo con el Programa de Desarrollo Minero 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo del 2013, entre sus objetivos fundamentales están desarrollar los sectores estratégicos del país y promover mayores niveles de inversión y competitividad del sector minero.
Sin embargo, la explotación minera no debe estar por encima del bienestar ambiental, de la protección y conservación del agua y de todos los recursos naturales que son parte integral de la vida de todos los pueblos, de la promoción de la salud, del proyecto de vida de hombres y mujeres, así como del desarrollo del país. El respeto al derecho a un ambiente sano está ligado a los de la salud, la alimentación, el desarrollo, la justicia; es decir, al respeto de los derechos humanos de todos los mexicanos.
Muchos minerales, como el oro, deben lavarse para su extracción. A menudo este lavado requiere de químicos altamente tóxicos como el cianuro o el mercurio, entre otros. En 2014, en su informe La Minería en Guatemala, Derechos en Peligro, Amnistía Internacional publicó que para extraer el oro necesario para elaborar un anillo de bodas se requiere el equivalente a una montaña de 20 o 30 toneladas de tierra contaminadas de cianuro; este metal es altamente tóxico y bastan pequeñísimas cantidades para poner en peligro el abastecimiento de agua de una región. Es decir, la explotación a cielo abierto y la minería subterránea se basan en la remoción de toneladas de tierra que después se trituran y se filtran con millones de litros de agua mezclada con cianuro para obtener unos gramos de mineral.
Algunos ejemplos del daño ambiental causado por las empresas mineras en el país son: la desaparición del cerro de San Pedro, símbolo del escudo de San Luis Potosí, por la explotación de la Minera San Xavier, filial de la canadiense New Gold Inc. En lugar del cerro, hay ahora un tajo de montañas de desechos alrededor, y una zona semiárida. La minera San Xavier utiliza diariamente 32 millones de litros de agua mezclados con 16 toneladas de cianuro. El daño causado es irreversible, denuncian los activistas ambientales.
Otro caso es el derrame de más de 40 mil metros cúbicos de tóxicos en uno de los arroyos que alimentan al Río Bacanuchi, afluente a su vez del Río Sonora, que tiene una longitud de 294 km y fluye hacia la presa Abelardo L. Rodríguez; esta presa tiene una capacidad de 219.5 millones de metros cúbicos y está contigua a Hermosillo, capital del estado de Sonora. En 2014, el titular de la SEMARNAT calificó el derrame como el peor desastre ambiental de la industria minera en el país.
Respuesta de los pueblos del Río y de la sociedad civil
A dos años del derrame de tóxicos, la sociedad civil se organiza para responder ante la amenaza a la vida y la salud por la indolencia de las autoridades y la simulación de Grupo México, responsable del desastre. El derrame de tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora por parte de la mina Buenavista del Cobre, concesionada a Grupo México, ha expuesto a la luz pública el peligro ambiental que puede generar esta práctica industrial cuando no es regulada de acuerdo a los estándares internacionales. En este desastre ambiental, considerado el más grande en la historia de la minería mexicana, los agentes contaminantes son metales pesados como: arsénico, cadmio, plomo, mercurio, cromo y sulfato de cobre, entre otros, los cuales se van asentando en los mantos freáticos y en la tierra. Esta contaminación ha expuesto a los pobladores de la zona a perjuicios en su calidad de vida; al contaminarse el agua y la tierra, se ha afectado la producción agrícola local y se ha causado un peligroso daño ambiental.
El problema se ha agudizado por la indiferencia y la simulación con la que Grupo México ha manejado el Fideicomiso Río Sonora, de 2 mil millones de pesos, administrado por un comité técnico presidido por la SEMARNAT. Los intereses de las élites influyentes de un lado, y la omisión de las autoridades por el otro, han dejado a la población afectada debatirse en la pobreza, sin poder realizar las actividades productivas que antes le daban sustento. Esta anomalía permite que se vulneren los derechos fundamentales de la población, como el derecho a la calidad de la vida, a la salud, al desarrollo económico y social, etcétera. A dos años del derrame, ni el dinero del Fideicomiso ni las acciones han sido suficientes para remediar el daño causado.
Ante esta realidad, varias organizaciones y sindicatos han trabajado de cerca con los pobladores del río. Entre las organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles se encuentran la Red Fronteriza de Salud y Ambiente AC (RFSA) y PODER, mientras que entre los sindicatos solidarios con los afectados están el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) y la Sección 65 del Sindicato Minero Nacional. Cada una de estas organizaciones ha apoyado a las víctimas de manera diferente. PODER ha ayudado en la organización de algunas comunidades de afectados en Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS); hasta ahora funcionan ocho comités. Con el apoyo de la ONG se han interpuesto demandas de amparo contra las autoridades gubernamentales responsables de asegurar el resarcimiento de los daños ocasionados por el derrame, así como las medidas de no repetición consecuentes.
Asu vez, la RFSA ha realizado foros para sensibilizar e informar sobre la situación que se vive en el Río Sonora, así como para impartir talleres de toxicología a la población expuesta a los metales pesados en la zona del desastre. Esta organización también ha asumido el compromiso de mantener un Observatorio Ciudadano del Río Sonora, que publica documentos oficiales que da a conocer el Fideicomiso, así como otros de investigadores locales preocupados por la situación ambiental. De acuerdo a lo anterior, por conducto de su representante, la RFSA ha criticado tajantemente en numerosas publicaciones periodísticas que el manejo inconsistente de la información por parte de las autoridades y de Grupo México, ha generado dificultades a los investigadores que quieren estudiar el problema, pues complica tanto el acceso como el análisis, así como el trabajo de registro y documentación de las políticas y acciones para atender la problemática de salud de los habitantes por la falta de protocolos.
Gracias a la pluralidad de organizaciones enfocadas en trabajar en la búsqueda de la justicia ambiental para la cuenca del Río Sonora, el 9 de julio la RFSA, CCRS, PODER y el STAUS convocaron a las mesas de trabajo “Río Sonora a dos años: balance y propuesta de participación ciudadana. Encuentro para el diálogo, intercambio y acción”, las cuales se llevaron a cabo en el municipio de Aconchi de esa entidad federativa. El propósito fue comenzar a crear lazos de diálogo entre ellas y dar una muestra de unidad entre los afectados y las organizaciones que los acompañan y apoyan en su lucha.
El encuentro permitió que las diferentes organizaciones reconocieran sus objetivos comunes, pero que al mismo tiempo vieran sus diferentes naturalezas, procesos y maneras de trabajar, para poder así colaborar mejor más adelante. La diversidad de agendas de estos grupos había complicado emprender acciones coordinadas. Este obstáculo se superó al lograrse que en este segundo aniversario se conjugaran las acciones para mostrar que todos exigen justicia ambiental y que les cumplan a los afectados las promesas que hicieron las dependencias de gobierno y la empresa para resarcir el daño, en principio por conducto del Fideicomiso Río Sonora.
De conformidad con los acuerdos del comité organizador, se elaboró un manifiesto dirigido a la sociedad, a fin de dar a conocer los resultados y hacer evidente la confluencia de actores sociales y comunidades. De este modo crearon un documento en el cual las organizaciones participantes coincidieron en las siguientes reclamaciones puntuales:
- ) Suministro de agua potable de acuerdo a estándares internacionales emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- ) Acceso a servicios de salud especializados para atender afectaciones derivadas de la exposición a metales pesados.
- ) Acceso transparente y eficaz a la información relacionada con el caso Río Sonora, a nivel local, estatal y federal, así como información privada que sea de relevancia para las comunidades afectadas.
- ) Promover y facilitar el compromiso y la participación de las autoridades de gobierno en los temas que afectan a las comunidades que representan.
Con este ejercicio de trabajo colectivo de la sociedad civil y las comunidades, en demanda de que se resuelvan los problemas, quedó de manifiresto que, ante este tipo de tragedias, son los ciudadanos, y no los políticos, los que encuentran las soluciones más eficaces.
Ante este panorama, Movimiento Ciudadano exige al gobierno federal llevar a cabo acciones inmediatas para que la protección del medio ambiente en la industria minera sea efectiva. Los métodos de extracción de minerales deben ser los más adecuados para la conservación del medio ambiente y del entorno social, de manera que se cumpla con los estándares internacionales y las buenas prácticas para la prevención, reducción de la contaminación y conservación de la biodiversidad, con respeto a las comunidades rurales, los pueblos indígenas y el patrimonio cultural.
El país requiere una redefinición en las políticas de desarrollo económico, cuyo eje rector sea una nueva política de sustentabilidad que garantice el uso racional de los recursos naturales y minerales; asimismo, que se reconozcan estos como riquezas estratégicas para el desarrollo nacional, que deben ser explotadas de manera racional, con prevención, control y vigilancia para que el cuidado del medio ambiente sea una realidad.
Movimiento Ciudadano, expresa la urgente necesidad de crear un sistema de impartición de justicia ambiental expedito y eficaz, que otorgue mayor certeza jurídica a los mexicanos frente a los daños ambientales ocurridos hasta la fecha, de tal manera que se asuma la responsabilidad por el daño causado, se repare y se emitan medidas de no repetición. Es inaplazable una reforma integral en materia de medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático, que impulse un reordenamiento territorial de la industria minera, que además de valorar factores económicos incluya criterios ecológicos y sociales.
La tarea no es sencilla, pero Movimiento Ciudadano cree en la suma de esfuerzos y apoya el trabajo de la sociedad civil organizada en todo el país, que encausa luchas justas por la vida y la salud de las futuras generaciones.
La crisis ambiental de nuestro país requiere atención urgente, eficaz y expedita. No debemos olvidar que después será demasiado tarde.