Guillermo Rocha Lira
“Lo que empieza mal, acaba peor y el escenario político brasileño es preocupante porque puede contagiar y desestabilizar a otros países de la región”
Brasil vive uno de los momentos más difíciles de su historia. La destitución de Dilma Rousseff como presidenta tendrá consecuencias geopolíticas para todo el continente. Gran parte de la estabilidad sudamericana descansa en la situación política de ese país, por lo que los sucesos que acontecen en él son de trascendencia regional y mundial.
Brasil es la principal potencia económica sudamericana y latinoamericana, es el segundo país más poblado del continente y por lo tanto cuenta con una fuerza laboral significativa. Es el líder de los países que integran el Mercosur, y por su alto nivel de desarrollo y potencial industrial, es parte integrante de los BRICS junto a Rusia, India, China y Sudáfrica, que en conjunto representan una cuarta parte del Producto Bruto Mundial y un quinto de las inversiones globales existentes.
El análisis del caso Dilma debe ir más allá del retorno del conservadurismo y el oficialismo a Brasil. Su destitución debe ser entendida en el contexto de un reordenamiento regional en el que los gobiernos identificados con la izquierda han perdido terreno. Este cambio sudamericano comenzó con la llegada de Mauricio Macri al poder y la derrota del kirchnerismo en Argentina; en Venezuela la oposición ganó espacios al gobierno de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional; en Bolivia, Evo Morales perdió el referendo con el que buscaba su reelección; en Perú la segunda vuelta fue disputada entre dos proyectos de centro derecha, del cual resultó vencedor Pablo Kuczynski; mientras que los escándalos de corrupción han desgastado al gobierno de Michelle Bachelet en Chile.
Los gobiernos progresistas o identificados con la socialdemocracia y la izquierda no han sabido diferenciarse de las anteriores formas de gobierno y, en algunos casos, han reproducido los mismos males de los regímenes oficialistas.
Escándalos de corrupción, tráfico de influencias, impunidad, nepotismo, derroche y desvío de recursos han minado la credibilidad de estos gobiernos. Más que un giro o regreso a la derecha, los ciudadanos de los países sudamericanos están hartos de malos gobiernos de derecha e izquierda que no han significado ningún cambio.
Este desánimo o desilusión política por parte de los ciudadanos hacia los partidos socialdemócratas y progresistas ha provocado el fortalecimiento de expresiones de centro-derecha, algunas de ellas cercanas a las dictaduras militares, como en el caso brasileño.
En los últimos años Brasil fue ejemplo de desarrollo y crecimiento económico, así como pionero en la creación de programas sociales que redujeron la desigualdad y la pobreza en un país con más de 200 millones de habitantes. El Mundial de Futbol en 2014 y los Juegos Olímpicos de Río este año, representaban la oportunidad perfecta para posicionar a la nación amazónica como potencia mundial. Sin embargo, después de trece años en el poder, los escándalos de corrupción y desvío de recursos han provocado el hartazgo de amplios sectores de la población hacia el Partido de los Trabajadores y sus principales representantes: Lula da Silva y Dilma Rousseff.
La crisis financiera y la recisión económica de Brasil en los últimos dos años provocaron que la oposición aprovechara la debilidad del grupo en el poder. Las investigaciones sobre un posible desvío de recursos cuando Rousseff era presidenta de Petrobras desataron duros cuestionamientos en su contra por parte de los medios de comunicación y de la opinión pública.
Los adversarios de Dilma acusaron al gobierno de desviar recursos de bancos estatales sin autorización del Congreso. Asimismo, la investigación “Lava Jato” demostró el lavado de dinero de más de 10 mil millones de reales brasileños y el desvío de 357 millones más por parte de Petrobras entre 2006 y 2014. Esto motivó que en octubre de 2015 el grupo opositor solicitara ante la Cámara de Diputados la petición del impeachment, procedimiento por el cual es posible remover temporal o permanentemente al presidente.
Es necesario señalar que el proceso de destitución de Dilma se llevó a cabo en un enrarecido escenario político en el que diversas fuerzas se acusaron mutuamente de corrupción y enriquecimiento ilícito. La solicitud de impeachment fue aceptada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, el 2 de diciembre de 2015, mismo día en que el Partido de los Trabajadores se manifestó a favor de abrir un proceso en contra de la presidenta Rousseff.
Durante ocho meses las fuerzas políticas brasileñas se enredaron en una serie de descalificaciones que polarizaron a la población. Durante este periodo la presidenta fue parcialmente removida y asumió sus funciones como presidente interino el vicepresidente Michel Temer. El procedimiento concluyó el 31 de agosto de 2016 cuando 61 senadores votaron a favor de retirar a Rousseff de su cargo de forma definitiva.
Aunque no se ha comprobado el enriquecimiento ilícito de Dilma como funcionaria y/o su participación en el desvío de recursos de Petrobras, debe señalarse que la campaña en su contra provocó que muchos brasileños vieran en Rousseff a una jefa de Estado al frente de un gobierno corrupto.
Rousseff acusó a Temer y su grupo de planear anticipadamente la desestabilización del gobierno y responsabilizó a su antiguo vicepresidente de liderar la conspiración. Aunque Michel Temer representa a un grupo con ideología de centro-derecha, son evidentes las voces neoconservadoras cercanas a la antigua dictadura que le apoyan.
El grupo cercano al ahora presidente Temer supo aprovechar la debilidad del gobierno de Rousseff para hacerse del poder. Esperaron el momento adecuado e incluso fueron meticulosos para operar la destitución definitiva de la mandataria, a fin de que no coincidiera con el calendario olímpico.
La llegada de Michel Temer representa un golpe de timón en la política de Brasil hacia los países sudamericanos. Con Temer pierden por igual el Mercosur y la integración regional sudamericana, y ganan Estados Unidos y su visión panamericana. El nuevo gobierno impulsará un proyecto económico basado en la privatización y el libre mercado y buscará en EUA un aliado necesario que legitime sus acciones de gobierno.
A pesar del apoyo directo de Washington, la administración de Temer no tiene el camino despejado. Evidentemente su popularidad es baja, como quedó demostrado durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río, y tampoco cuenta con el apoyo de sus homólogos sudamericanos. En sus discursos durante la 71ª Asamblea General de la ONU, los representantes de las delegaciones de Ecuador, Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua abandonaron el recinto. En política la forma es fondo: Temer no tiene el apoyo (ni la simpatía) de muchos países latinoamericanos.
Por lo tanto, el grupo en el poder que encabeza aún no puede sentirse seguro. El impeachment dejó a una sociedad polarizada, inmersa en acusaciones y juicios políticos. Aunque Dilma ha sido removida y Lula da Silva enfrenta un juicio en su contra, miles de ciudadanos marchan en distintas ciudades de Brasil exigiendo elecciones directas y la salida inmediata del nuevo presidente.
La situación política actual de Brasil se resume a un auténtico canibalismo político. Incluso el principal promotor del impeachment, Eduardo Cunha, presidente de la Cámara Baja, fue acusado de corrupción y removido de su cargo como diputado.
Lo que empieza mal, acaba peor y el escenario político brasileño es preocupante porque puede contagiar y desestabilizar a otros países de la región. Urge un Brasil fuerte y estable que deje las luchas internas y retome su liderazgo como potencia mundial.