Armando Lopéz Campa
Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa
A principios de 1992, se creó la Comisión para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México conformada por el entonces Distrito Federal y el Estado de México. Para 1996, cambió su nombre por Comisión Ambiental Metropolitana y se incorporó al estado de Hidalgo, y en 2013, se creó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) mediante un acuerdo que celebraron la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el gobierno del Distrito Federal y los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, con la encomienda de planear y ejecutar acciones en materia de protección al ambiente así como de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona.
Entre sus facultades está la de conformar criterios y lineamientos para la integración de los programas, proyectos y acciones específicas para prevenir y controlar la contaminación ambiental y para proteger y restaurar los recursos naturales, así como la aplicación de medidas para prevenir y controlar contingencias ambientales y emergencias ecológicas.
Ello obedece a las complejidades que devienen de la suma de factores de condiciones geográficas, climatológicas y el crecimiento poblacional en la megalópolis que han acelerado el deterioro del medio ambiente en el agua, aire y suelo con la subsecuente degradación de la calidad de vida de sus habitantes. Y es que ya desde 2012, la ONU ha considerado a la zona metropolitana del Valle de México como la tercera zona urbana más poblada del mundo.
A pesar de este andamiaje construido, la verdad es que los resultados de la operación de la CAME dejan mucho que desear. La falta de coordinación entre sus integrantes, así como la deficiente planeación en las medidas instrumentadas, hacen que ante las contingencias, las decisiones se politicen y que las distintas autoridades que la conforman se preocupen más por el deslinde de responsabilidades que por su optimización. Asimismo, la falta de Reglamento de la Comisión y conformación del grupo de asesores ha retrasado la regulación, evaluación e implementación de mecanismos de instancias verdaderamente conocedoras en la materia que permitan brindar soluciones a los problemas que enfrenta.
Adicionalmente los gobiernos de las entidades aledañas a la Ciudad de México actúan como si las medidas para combatir la contaminación de la cuenca fueran un gesto solidario, cuando deberían ser corresponsables y no sólo establecer señalamientos al gobierno de la ciudad. Se tienen que diseñar estrategias conjuntas y aplicar medidas parejas para abatir los altos índices de emisión de contaminantes. Esa falta de coordinación perfora las medidas que se instrumentan, y las diferencias en los reglamentos inevitablemente hacen naufragar los objetivos planteados.
Por su parte, la Ciudad de México tiene que redefinir sus prioridades, tan sólo en materia de movilidad es patente la urgencia para cambiar de enfoque y dejar de privilegiar al automóvil sobre otros medios de transporte. Es claro que la política en favor de la industria automotriz data de los años 60 y se consolidó en los 90. No obstante, ha sido insuficiente para brindar un transporte eficiente y digno a toda la población. Lejos de ello, es elitista e ineficaz.
Por ello, el gobierno de la ciudad debe hacer cambios que beneficien a toda la población y no nada más a los grupos con mayores recursos económicos. Por eso se exhorta a que ya no haya más restricciones en cuanto a la circulación de los vehículos de los que menos tienen, y no a los que más contaminan.
Es absurdo que los programas se enfoquen en la edad de los automóviles y no en cuánto contaminen. ¿Cómo se puede explicar que se sigan vendiendo vehículos de ocho cilindros o más para uso particular? Es inadmisible que se permita la venta de vehículos nuevos que no aprueban los controles de verificación. Sobretodo, se debe acompañar a los programas restrictivos de alternativas de transporte dignas y amigables con el medio ambiente. ¿Por qué no recuperar y ampliar el Trolebús y los tranvías?
La ciudad se transforma y se reinventa con una nueva Constitución Política, hagamos de este cambio una transformación profunda.