El respeto a la vida y los derechos de todas las personas no debe frenarse por actos de odio y discriminación basados en ideologías religiosas
En mayo pasado el ejecutivo propuso una adhesión al artículo 4° constitucional que elimina los términos discriminatorios que definían al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer; esa iniciativa también planteó modificaciones dentro del Código Civil Federal, lo que se interpreta como un “sí” al matrimonio igualitario.
Según datos aportados por el INEGI, en México sólo 40% de los 28 millones 700 mil hogares están conformados por familias tradicionales, es decir, las integradas por mamá, papá e hijos, mientras que aproximadamente 17 millones o 60% son hogares formados por otros modelos familiares, sólo madre, sólo padre, o los que se conforman sin lazos de consanguinidad.
Dado que el tema ha generado en el ámbito social discusiones entre los que están a favor y en contra, muchas han sido las manifestaciones que se han dado y que, definitivamente, en su mayoría tienen un carácter discriminatorio y homofóbico.
Disfrazar cualquier tipo de manifestación con preceptos de orden religioso no abona en nada a la construcción de un Estado que es laico y que debe abogar por que todos los mexicanos, sea cual sea su preferencia sexual, gocen de plenos derechos y obligaciones.
El Estado debe trabajar en leyes que abonen a que todas las personas gocen de su derecho a ser felices y para ello debe garantizar que sean libres e iguales también ante la ley.
La familia, al igual que toda otra institución, es un producto social sujeto a modificaciones. Las relaciones humanas están atravesadas por la cultura, por eso, las normas y leyes se modifican con el objetivo de acompañar los cambios culturales.
El respeto a la vida y los derechos de todas las personas no debe frenarse por actos de odio y discriminación basados en ideologías religiosas. Nada debe pasar por encima de los derechos inalienables con los cuales nacemos todas y todos.
Estos argumentos no tienen ninguna base en la realidad, no son compatibles con la ciencia, y no deben tener cabida en ninguna legislación.