A 100 años de la instalación del Congreso Constituyente de Querétaro

“Nuestro poder soberano, al servicio del pueblo,de nadie más”

Posicionamiento que, en nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, expuso el pasado jueves 1 de diciembre en la tribuna de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el diputado federal Adán Pérez Utrera, al conmemorarse en sesión solemne el centenario de la instalación del Congreso Constituyente de Querétaro.

Hace 100 años en Querétaro, se inició un ciclo en la vida de nuestra República. Al rememorar el centenario de la instalación del Congreso Constituyente para reformar la Carta Magna de 1857, es un buen momento para reflexionar sobre el sentido del proyecto de Nación y lo que hemos hecho de México.

Conviene recordar que el primer jefe encargado del Poder Ejecutivo de la Nación ciertamente envió al Congreso un proyecto de Constitución notoriamente moderado. Venustiano Carranza no convocó a redactar una nueva Constitución, sino a reformar la de 1857, como consta en la exposición de motivos del proyecto de decreto.

No obstante, los diputados constituyentes, más que reformar el ordenamiento jurídico, prácticamente hicieron uno nuevo, superando por mucho los moldes de otras constituciones al elevar a rango constitucional, por primera vez en el mundo, los derechos sociales. Claro ejemplo de ello son: el Artículo 3º, sobre la educación; el Artículo 27, concerniente a la propiedad de la tierra y al dominio directo de la Nación sobre las riquezas del subsuelo; y el Artículo 130, hoy 123, que estableció el régimen de derechos de los trabajadores.

Destaca en el ánimo de los constituyentes, en la pasión, en la inteligencia, en la claridad de sus conceptos y argumentos, una idea muy clara de las causas de la Revolución y de llevar a la máxima ley el compromiso y la obligación del Estado de reivindicar a la sociedad mexicana y hacer justicia a los que más la necesitaban.

Los constituyentes llevaron a la tribuna, al debate, los reclamos de la sociedad. No obedecieron la consigna del jefe del Ejército Constitucionalista, como muchas veces sucede en este recinto, al acatar sin reserva alguna los designios del Ejecutivo Federal. Ellos escucharon a su pueblo, a sus representados, y esa voz fue la que prevaleció. Al final, a pesar de sus diferencias, encontraron acuerdos en lo fundamental.

Al señalar esto, viene a mi memoria la expresión de Antonio Díaz Soto y Gama, quien en la Convención de Aguascalientes exhortara a los presentes al decirles que quienes estaban ahí no debían estar como villistas, ni como  zapatistas, ni como constitucionalistas, que ahí se tenía que estar como mexicano, como debiéramos estar todos nosotros aquí.

Tenemos diferencias que resultan de nuestras visiones partidistas y son legítimas,  pero también debemos buscar las coincidencias que resultan del interés nacional. Nosotros somos representantes de la Nación. Tenemos que interpretar necesidades para conciliar intereses diversos. El país necesita dirimir posiciones contrapuestas para garantizar derechos y exigir obligaciones, y a la vez promover la solución de los grandes problemas nacionales.

Urge que atendamos los reclamos de la ciudadanía que pide justicia, acrecentar nuestra responsabilidad como depositarios de asuntos que tienen que ver con el cambio social, con el futuro de las nuevas generaciones y estar a la altura de las exigencias de los mexicanos.

¿Cuántas veces en esta tribuna se ha señalado lo que está mal, lo que es lesivo para los ciudadanos, lo que no conviene a la nación? ¿Cuántas veces hemos escuchado voces que intentan convencer para que se rectifique el sentido del voto o para modificar un dictamen? ¿Cuántas veces hemos escuchado argumentos y razones de peso que siempre terminan por ser desdeñados y es impuesta la voluntad de una mayoría implacable que se asume como monolítica e imperturbable, cancelando el debate serio y plural que debe ser la esencia del trabajo parlamentario?

Vivimos en un país que se encuentra agobiado por problemas por demás graves: pobreza, desempleo, inseguridad, corrupción, violencia, impunidad, nulas oportunidades educativas para niños y jóvenes. Un país en donde no se atienden como lo merecen nuestros indígenas, campesinos y clases marginadas. En estas condiciones, todo puede pasar.

Si el aporte más emblemático del Constituyente fue la justicia social, debemos seguir luchando porque no se diluya. Esa es la vía para abatir la desigualdad imperante en México.

Está próxima la celebración del Centenario de la Constitución de 1917. ¿Qué respuesta podemos dar a la sociedad quienes personificamos a las instituciones y nos decimos representantes populares, ante lo que ya es una clara reversión de los derechos y del proyecto social que consagró la Constitución del 17?

Desde su promulgación hasta el día de hoy, nuestra Carta Magna contabiliza 699 reformas, 87 hasta el gobierno de Ávila Camacho y 612 de entonces para acá. 147 son de la actual administración. Algunas para bien y la mayoría no tanto; otras no para actualizar el texto, ni por necesarias, sino para facilitar la implantación de modelos económicos que son ajenos o disfuncionales.

Lasalle decía que cuando una Constitución no toma en cuenta los factores reales de poder, ésta no pasa de ser una “hoja de papel”, mera letra muerta. Y ese es el riesgo que corremos actualmente si seguimos empeñados en no tomar en cuenta las exigencias de la sociedad como fue el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente de la llamada Ley 3 de 3.

No se trata de seguir simulando, de hacer reformas a las que se les llama estructurales sin serlo, y que a veces se nulifican posteriormente con leyes reglamentarias porque no cuentan con los consensos sociales necesarios o simplemente porque se trató de una imposición derivada de una visión errada del país.

Que el Centenario de la instalación del Congreso Constituyente de Querétaro, con su ejemplo, sirva para entender que el poder institucional es para hacer realidad las aspiraciones de la ciudadanía y no para disfrutar privilegios que la ofenden, por eso los diputados de Movimiento Ciudadano renunciamos al beneficio personal del llamado bono especial de fin de año.

En la tarea de construir las leyes, la responsabilidad del legislador debe reflejar su compromiso con la sociedad. Legislar es entender el sentido de la historia precedente con la realidad actual en la construcción de futuros. Es delinear, discutir, perfeccionar, aprobar y dictar leyes para una ordenación de la sociedad que permita una convivencia armónica.

Compañeras y compañeros legisladores:

En Movimiento Ciudadano estamos ciertos de que amar a México implica sacudir a esta asamblea del peligroso letargo en el que se encuentra. En la tribuna estamos obligados a decir la verdad, a denunciar los excesos del poder y hacer a un lado los intereses personales, de grupo o partidarios. No olvidemos que formamos parte de un poder soberano, sólo al servicio del pueblo y de nadie más.

Los Diputados Ciudadanos estamos convencidos que nos corresponde cambiar el estado de cosas, ser distintos,  demostrar con hechos que estamos cercanos a la sociedad, decididos a poner en la práctica, de forma y fondo, una nueva manera de hacer política, con ética, haciendo el trabajo que la ciudadanía ordena realizar.

Se requiere, simple y sencillamente, sentido común, conocer y entender la naturaleza humana y la naturaleza social, prudencia, juicio, compromiso moral, acuciosidad en la labor, sabiduría, no por ser eruditos, sino con humildad por saber lo que el pueblo quiere, necesita y debe construir leyes que sean vehículos reales de transformación y progreso. De lo contrario, el Estado mexicano no será más fuerte en lo interno, ni será capaz de enfrentar los embates que ya estamos recibiendo del exterior.