Luis Gutiérrez
Dos reformas dos
Al día siguiente de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, el 2 de diciembre de 2012, el jefe del Ejecutivo entrante y los dirigentes de tres partidos políticos, Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), firmaron en el Castillo de Chapultepec un acuerdo político nacional denominado “Pacto Por México”. El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se sumaría el 28 de enero del año siguiente.
Al abrigo del Pacto por México, en el curso de casi dos años, el Congreso de la Unión aprobó más de una docena de “reformas estructurales” impulsadas por el presidente de la República. Una de ellas, señalada como la más importante, fue la “reforma educativa” a la que se le abrió la vía rápida: fue aprobada en febrero de 2013.
Desde entonces, se aseguró que se llegaría a la “calidad educativa” con la aniquilación de “privilegios” del magisterio (disidente), al que le endilgaron requisitos de “competitividad y evaluación”. Asomó también otra intención: el abandono paulatino de la obligación educadora del Estado, que data de 1917. “Autonomía de gestión” y “responsabilidad compartida” fueron términos empleados para este propósito.
Lo que no apareció por ningún lado fue una propuesta pedagógica sólida, seria; el eje rector de la llamada “reforma” fue la insistencia machacona en la competitividad y la evaluación, de la mano con la suspicacia de echar el sistema educativo nacional en brazos del libre mercado.
La reforma educativa de 2013 no contenía reforma educativa. Parecía más dirigida a la evaluación y a la expulsión de profesores, a la destrucción de los elementos nocivos (la disidencia) de la relación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) con la Secretaría de Educación Pública (SEP), que a la formación y actualización de conocimientos.
Cuatro años después, en marzo de 2017, a 20 meses de que concluya el sexenio, surgió otra reforma educativa, presentada por la SEP como “un nuevo modelo educativo”, propuesta que en 2013 había brillado por su ausencia.
En entrevista de marzo último, Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, explicó que con el nuevo modelo, cuyos resultados se empezarán a ver en diez años, se abren tres importantes procesos: nuevos planes y programas de estudio, nuevos libros de texto, y la formación continua y capacitación de todos los maestros.
La reforma educativa de 2017, dijo Nuño, garantiza el derecho de los niños y jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad, que les proporcione herramientas para superar con éxito los desafíos de un mundo globalizado y cada vez más digital.
Se puso a las escuelas en el centro de las políticas de educación. Partiendo de la premisa de que el maestro es la columna vertebral de cualquier sistema educativo, se creó un Servicio Profesional Docente que garantizará que el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio docente se realice con base en el mérito y el trabajo de los profesores, reemplazando los métodos anteriores, opacos y discrecionales. Con esto, la tarea fundamental de enseñar será desempeñada por los mexicanos con mayor vocación y capacidad. Además, se crea un Sistema Nacional de Evaluación Educativa que será utilizado como un mecanismo de mejora permanente en beneficio de los alumnos, y no como un instrumento de castigo.
La oposición magisterial a la reforma de 2013, particularmente a su intención evaluadora-depuradora, se extendió por el país. Obligó a la SEP, de entrada, a coordinarse con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) con algunas fricciones debido a la diferencia de criterios sobre cómo hacer la evaluación.
El 26 de febrero de 2013, el INEE se convirtió en organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional a nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Pero la SEP, al parecer, invadió funciones. El 13 de julio de 2016, Aurelio Nuño declaró que el objetivo es corregir y mejorar permanentemente la reforma educativa, de manera muy central en lo que se refiere a la evaluación, a fin de modificarla como política pública para que sea una evaluación más pertinente y acorde con las condiciones socioculturales de cada región del país y de cada estado.
Al día siguiente, 14 de julio, la Junta de Gobierno del INEE emitió un comunicado en el que precisó, entre otras cosas:
Que cada parte (autoridades, profesores, INEE) tiene que asumir lo que le corresponde para hacer efectivo el derecho a la educación de calidad que el país requiere; que desde el año pasado (2012) identificó, a través de evaluaciones realizadas por el propio INEE, un conjunto de problemas de la evaluación de desempeño, sobre todo de su implementación, responsabilidad de las autoridades educativas, pero también de su diseño, responsabilidad conjunta del INEE y de la SEP.
El INEE, concluía el comunicado, “seguirá escuchando al magisterio en este proceso”, y con base en el análisis en proceso de ejecución, “hará las modificaciones en la normatividad y en los criterios técnicos a fin de mejorar las evaluaciones docentes”.
Sylvia Irene Schmelkes del Valle, Consejera Presidenta del INEE, encabezó la lista de los firmantes del comunicado.
La dura realidad
En datos oficiales, el sistema educativo de México lo integran 34 millones de alumnos, dos millones de maestros y un poco más de 260 mil planteles. Es el quinto mayor a nivel mundial, sólo por debajo de China, India, Estados Unidos y Brasil.
Pero el tamaño pasa a segundo plano cuando de calidad se trata. Según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años no saben ni leer ni escribir, esto equivale a 4 millones 700 mil mexicanas y mexicanos (5.5% de la población), que no tienen preparación suficiente para competir en el mundo global del siglo XXI.
Además, el sistema educativo de México continúa siendo el peor evaluado entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de acuerdo con el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, 7 de diciembre de 2016). Nuestro país está muy por debajo del promedio en ciencias, lectura y matemáticas, con una media de 416 puntos frente a 493 de los 34 países que integran la OCDE.
Gabriela Ramos, directora de Gabinete de la OCDE y consejera especial del mexicano José Ángel Gurría, secretario general del organismo, lamentó que sólo el 0.1% de los jóvenes mexicanos evaluados en el área de ciencias calificó en los niveles más altos, con conocimientos para realizar actividades de alta complejidad cognitiva. Después de declararse “decepcionada” por los resultados, Ramos dijo que los jóvenes mexicanos no merecen este rezago educativo.
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Otro documento, el Panorama de la Educación 2015 realizado por la OCDE, que incluye datos de 2012 y 2013, señala que el gasto público en educación en México es bajo. El presupuesto por alumno sigue siendo insuficiente y es uno de los menores de los países que conforman el organismo.
En datos de la Organización, en 2012 México invirtió 2 mil 600 dólares por estudiante de primaria, 3 mil por cada uno de secundaria y 8 mil 100 dólares por cada alumno de educación superior, cifras muy por debajo del promedio de la OCDE, que ese año fue, en esos tres niveles, de 8 mil 200, 9 mil 500 y 15 mil dólares por alumno, respectivamente.
De 2005 a 2012, los mexicanos de 25 a 34 años con educación media superior aumentaron de 38 a 46%, cantidad todavía lejana del promedio de la Organización: 83%. Además, sólo 1 de cada 3 adultos de 25 a 64 años de edad terminó ese nivel de educación.
La OCDE abunda en datos: los jóvenes de 15 a 19 años que se encuentran en el sistema educativo pasaron de 48 a 54% entre 2005 y 2013, no obstante, México ‘‘fue uno de sólo dos países de la OCDE y asociados (el segundo fue Colombia) donde menos del 60% de las personas en esas edades estaban inscritos en el sistema educativo’’.
Abruma el informe: sólo 1 de cada 5 personas de 25 a 64 años, y 1 de cada 4 de 25 a 34, tiene título universitario. Aunque creció de 17 a 25 el porcentaje de mexicanos con educación superior entre 2000 y 2014, aún está lejos del promedio de la OCDE, que subió de 26 a 41%.
¿Y la expectativa? Dice la OCDE que se prevé que 38% de los jóvenes mexicanos ingrese a la educación superior en el transcurso de su vida (el promedio de la OCDE es de 67%). Casi 4% de esos jóvenes obtendrá un título de maestría (el promedio de la organización es de 22%), y menos del 1% llegará al doctorado (promedio OCDE: 2%).
Maestros: ¿evaluación y castigos?
Los maestros de México se forman, principalmente, en las diversas escuelas normales existentes en el país (muchas creadas en 1883) y en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), fundada en 1978.
Pero tanto en las normales como en la UPN no hay homogeneidad. Algunas de las primeras pasaron a los estados y otras se incorporaron al sistema federal desde 1978. Las escuelas normales rurales, creadas en contextos diferentes y antes de las federales, acentúan la heterogeneidad.
Además, no hay certeza sobre los presupuestos locales para las escuelas normales en México. Estos recursos los asigna el Fondo Especial para la Educación Básica y Normal (Ramo 33 del Presupuesto Federal), que básicamente reportan los gobiernos estatales y cuya información es poca. Nunca queda claro, por ejemplo, cuánto es para educación básica y cuánto para educación normal.
A la luz de estos resultados, ¿dónde están las escuelas normales en las llevadas y traídas reformas educativas?
Los retos son de formación y de actualización docente, más que de evaluación y de castigos en el sistema, señalan los críticos de la propuesta evaluadora. Ello requiere además una evaluación del rol de la normal en la formación de profesores en el país y reconocer la heterogeneidad de todas las normales.
En el I Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, efectuado en Mérida, Yucatán, el 10 de marzo del año en curso, Hugo Casanova Cardiel, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la UNAM, presentó un documento titulado “Investigar sobre la Educación Normal en México: Retos y Perspectivas”.
Entre otros puntos, expuso estas tesis sobre la Investigación Educativa (IE) en educación normal:
• Aunque hay esfuerzos de diversa magnitud en la IE en las normales, el conocimiento sobre este tema es insuficiente y poco sistemático.
• La IE sobre las normales ha mantenido un perfil discreto.
• Se ha carecido de un programa para la IE sobre las normales.
• El apoyo institucional para la IE en las normales ha sido limitado y formalista.
• La consideración de la educación normal como parte de la educación básica la alejó de la educación superior y por tanto de los programas de investigación.
• La falta de reconocimiento institucional a la carrera magisterial y a sus fundamentos formativos colocó a la educación normal en una condición de desventaja especialmente en el tema de IE.
Los rechazados
Acucioso investigador y compañero en Movimiento Ciudadano, Guillermo Arturo Rocha Lira, alumno de la materia Democracia Eficaz que imparte el Dr. Tomislav Lendo Fuentes en el Instituto Ortega y Vasconcelos, elaboró recientemente un trabajo que tituló “Problema Social: Jóvenes son rechazados del examen de selección a la educación pública superior”.
El hecho consignado por el autor es que en 2015 los lugares ofertados por las principales instituciones de educación superior resultaron insuficientes. En promedio, el 83% de los aspirantes fue rechazado por la UNAM, el IPN y la UAM.
En el concurso de selección para el ingreso a la UNAM 2015-16 se presentaron 222 mil 944 aspirantes, de los cuales sólo fueron aceptados 22 mil 804 jóvenes.
El reto del gobierno en todos sus niveles (federal, estatal y municipal), concluye Rocha Lira, consiste en lograr una oferta educativa proporcional a la creciente demanda de una población joven que se incrementa. Por otra parte, también se enfrenta al reto de garantizar una educación de calidad que siga formando profesionistas con las suficientes competencias y conocimientos.
¿Por qué?
Varios son los factores que concurren en este escenario adverso de la educación en México. El principal, la ausencia de políticas públicas en materia educativa, consistentes y de largo aliento. La improvisación campea en el curso de casi tres décadas.
Cuando balbuceó la reforma educativa de 2013, numerosas voces de expertos se elevaron para advertir que se trataba de una reforma hueca: sin proyecto, sin modelo, sin solidez. Inclusive señalaron que era una reforma incompleta, copiada de modelos convertidos ya en antiguallas educativas en todo el mundo. Hoy se repiten y multiplican los cuestionamientos.
Otro factor cuyo análisis parece inadmisible para el poder público, pero es urgente para la sociedad mexicana, con pedagogos, académicos e investigadores especialistas al frente, es el lamentable manoseo político que algunos gobernantes han hecho de una institución clave para el desarrollo de México: la Secretaría de Educación Pública.
Por cuatismo, por reacomodos burocráticos, por intereses sucesorios, por profilaxis política y hasta por franca ignorancia e incompetencia, durante muchos años el poder presidencial ha puesto la alta responsabilidad de la educación pública en manos de conspicuos mediocres, lejos, muy lejos de la talla de mexicanos como Justo Sierra, José Vasconcelos, Ezequiel Padilla, Narciso Bassols, Ignacio García Téllez, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez, José Ángel Ceniceros, Víctor Bravo Ahuja, Fernando Solana y Jesús Reyes Heroles.
Ahí están los resultados.
