Luis Gutiérrez
Hace poco menos de un año, en julio de 2016, el jefe del Poder Ejecutivo Federal expidió el decreto que puso en vigor una nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, aprobada por el Congreso de la Unión, que a su vez abrogó el ordenamiento anterior publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009.
Sobre esta ley apoya su desempeño un órgano que, de funcionar, aplacaría las calenturas de funcionarios ladrones que tanto daño le hacen a México: la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre muchas otras facultades, la ASF puede “conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de esta Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas”:
- La Cuenta Pública.
- Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión.
- La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales.
- El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación.
Lo anterior quiere decir, textualmente, que la ASF podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de estados y municipios, entre otras operaciones.
¿Y quién o qué institución se encarga de la “evaluación, control y vigilancia” de todo lo anterior? Pues nada menos que la Cámara de Diputados, cuyo órgano técnico de fiscalización es precisamente la Auditoría Superior de la Federación.
No vayamos a los antecedentes históricos de la ASF, que datan de 1524, cuando la corona española decidió cuidarle las manos a Hernán Cortés con un Tribunal Mayor de Cuentas que tenía por objeto revisar ingresos y gastos del Conquistador, no. Mejor quedémonos solamente con las revisiones practicadas por la ASF a la Federación y a los estados en un solo año: 2015.
El titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, se encargó de informar personalmente sobre la Cuenta Pública de ese año de pesadilla. Según el portal, la ASF a su cargo lleva ya 322 denuncias penales contra estados y Federación por desvíos de recursos públicos. De las 32 entidades federativas del país, 30 enfrentan denuncias ante la Procuraduría General de la República por presuntos desvíos o malos manejos de recursos.
Las denuncias involucran, por lo menos, 146 mil millones de pesos presuntamente desviados de las cuentas públicas entre los años 2011 y 2014 en los estados. A esto hay que sumarle desvíos detectados desde 2007 cuyo monto no se ha reportado, y lo que se sume de la Cuenta Pública 2015 luego de que se agoten las comprobaciones.
De las 322 denuncias presentadas por malos manejos en estados y municipios, 64 corresponden a Veracruz, la entidad con la mayor cantidad de irregularidades denunciadas penalmente ante la Procuraduría. De esas denuncias, más del 80% corresponden a la administración del ex gobernador Javier Duarte.
No deja de ser emblemático el caso de Veracruz: faltan 35 mil millones de pesos en la tesorería del gobierno, y de ellos, 9 mil 500 se documentaron en 54 denuncias de la ASF ante la PGR… que están sin resolver.
En síntesis: Juan Manuel Portal Martínez lleva casi siete años de practicar auditorías a la Federación, los estados y los municipios, desde que fue electo por la Cámara de Diputados, en diciembre de 2009, para el periodo 2010-2017.
Es decir, que Juan Manuel Portal lleva siete años cumpliendo esforzadamente con su deber, desgañitándose, sacando a la luz pública, a flor de tierra, la podredumbre, el lodazal de corrupción e impunidad de un alto porcentaje de funcionarios públicos. Tan sólo sobre Veracruz, repetimos, documentó ante la PGR 54 denuncias que están sin resolver.
¿Cómo no indignarse ante el descomunal cinismo oficial?
¿Qué hacemos con la Auditoría Superior de la Federación? ¿La vendemos? ¿La rifamos? ¿Qué hacemos con la partidocracia dominante en la Cámara de Diputados?n