Los asesinatos de periodistas en México son crímenes de lesa humanidad y lesa democracia. Movimiento Ciudadano los condena y exige investigación eficiente y castigo ejemplar en contra de los culpables. No hay pésame, discurso ni minuto de silencio que valga cuando se atenta contra un importante aliado de la sociedad: la libertad de expresión.
“La prensa unida jamás será vencida” debiera convertirse en consigna, en escudo imbatible del periodismo nacional contra asesinatos, secuestros, amenazas y extorsiones del poder, tanto del que se cobija en los palacios de gobierno como del que se agazapa cobarde en la violencia de las bandas criminales.
Es lamentable que las circunstancias adversas para el ejercicio del periodismo libre en México han sido propiciadas en buena medida por la falta de unidad y el ánimo pendenciero prevalecientes al interior del gremio. Pero también es inocultable que esa falta de unidad y ese ánimo pendenciero es inducido y alentado, con frecuencia y desde hace décadas, en todos los niveles del poder público.
¿Por qué? Porque el periodismo libre estorba a los regímenes autoritarios; limita los excesos de quienes arriban al poder sin vocación por el servicio público; señala a los que se aferran al método fascista de gobernar por decreto; indaga, denuncia y exhibe fraudes, estafas, latrocinios y atracos a las arcas públicas. Y algo muy importante: investiga y suple así la negligencia y la incompetencia (deliberada o no) de quienes tienen la obligación de perseguir y castigar a los delincuentes.
Según la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de 1992 al año 2000 hubo 153 crímenes contra periodistas. De 2000 a la fecha han ocurrido 114. Además, de 2010 a la fecha se han denunciado 798 ilícitos contra el gremio; sólo se han resuelto tres, el resto permanece sin sanción. Esto es impunidad, sin paliativos. Indefensión ciudadana ante un Estado fallido.
Movimiento Ciudadano no puede ni debe ser omiso ante esta situación. Tampoco puede ni debe ser omiso el poder público ante las dimensiones que han alcanzado el crimen y la impunidad en México, porque corroen toda la estructura sobre la cual se apoya la vida institucional de casi 120 millones de seres humanos.
Sin contrapesos para el ejercicio del poder, todo gobierno pretendidamente democrático deja de ser tal y se convierte simplemente en dictadura.
El hartazgo y la indignación llegaron ya a calles y plazas públicas. ¿Por cuánto tiempo más?