Pilar Lozano Mac Donald
Secretaria General de Acuerdos de Movimiento Ciudadano
Presidenta de la Comisión del Mexicano Migrante
Hoy más que nunca, los migrantes mexicanos requieren de la voluntad firme y clara de su país para defender sus derechos frente a decisiones unilaterales que pasan por encima del derecho internacional
En el escenario internacional, México ha desarrollado una política exterior que cambia conforme a los intereses del gobierno en turno, dejando atrás la tradicional política exterior basada en principios.
Pese a que nuestro país tiene como sustento un excepcional legado histórico y cultural, así como una estratégica posición geográfica y copiosos recursos naturales, la política exterior no ha tenido un nivel de atención prioritaria por parte de los distintos gobiernos, ni ha sido entendida como eje fundamental de la acción de México en el ámbito internacional, por la ausencia de un Proyecto de Nación que la sustente.
En materia de política migratoria ha sucedido algo similar. Ante la ausencia de un eje estructural que diseñe las políticas que nuestro país debería seguir como Nación para garantizar su crecimiento y desarrollo, hemos visto acciones de gobierno que responden a la coyuntura política, muchas de las veces obligadas por las circunstancias más que por una auténtica preocupación por los problemas de nuestros connacionales.
La política migratoria tiene como sustento los principios contenidos en la Ley de Migración: respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros; enfoque integral en cuanto a la complejidad del fenómeno migratorio en México como país de origen, tránsito y destino de migrantes; responsabilidad compartida; congruencia; hospitalidad y solidaridad; facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad; complementariedad de los mercados laborales con los países de la región; equidad entre nacionales y extranjeros; reconocimiento a los derechos adquiridos de los extranjeros; unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente; integración social y cultural entre nacionales y extranjeros; facilitación del retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias.
En la segunda mitad del siglo pasado fue evidente la ausencia de una política migratoria y de acciones de gobierno en respaldo a los migrantes mexicanos. Es más, era conocida la posición de los gobiernos sobre “la política de no tener política”, reconociendo en la migración un canal de escape para la presión social ante la falta de oportunidades.
De esta manera los gobiernos eludieron la responsabilidad de tutelar los derechos de los gobernados que vivían fuera de México. Fueron necesarios la expulsión de millones de mexicanos y el factor económico de las remesas para la adopción de una posición política en materia de migración que en la década de los noventa permitió la existencia de una ley de no pérdida de nacionalidad y la aprobación del voto extraterritorial o a distancia por parte de los mexicanos que vivían en el exterior.
Con el incremento del flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos y el impacto de su contribución a la economía del país, el tema migratorio adquirió interés político para los gobiernos de ambos lados de la frontera. Por un lado, Estados Unidos estableciendo medidas para frenar la llegada de migrantes mexicanos; por otro, México iniciando las acciones en defensa de su ingreso y repatriación.
Surge entonces un interés institucional para la atención de la problemática migrante con diversos programas gubernamentales orientados a atender coyunturalmente las necesidades de los mexicanos que residen en el exterior, como el financiamiento de obras sociales e inversión productiva a través de mecanismos como el Programa 3 x 1, que promueve proyectos que mejoran la infraestructura de sus comunidades de origen con aportes de los migrantes desde el exterior, del gobierno local y del federal.
Adicionalmente se fueron trazando pinceladas de una política bilateral para la atención de migrantes, sin embargo, pese a algunos logros, México se ha enfrentado a las duras y unilaterales políticas migratorias de los distintos gobiernos norteamericanos que han cerrado paso a cualquier intento de abordar el tema con una visión bilateral de largo aliento.
En consecuencia, la intención de México por alcanzar una agenda migratoria bilateral que permita el aprovechamiento de programas de trabajadores temporales, la regularización de los migrantes indocumentados y la defensa de los derechos de los mexicanos que viven en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, no se ha concretado. Esto se ha debido, entre otras razones, a la debilidad de nuestro país para sentarse en igualdad de condiciones con los distintos gobiernos de Estados Unidos, derivada de la ausencia de una bien definida política migratoria que se sustente en un proyecto de Nación que no ha existido.
Estados Unidos, escudado en medidas de combate al terrorismo y la delincuencia, y ahora con Donald Trump a la cabeza, ha criminalizado el tema como medida para expulsar a miles de mexicanos en situación irregular, y ha aumentado las medidas de control en la frontera común, dando un paso adelante en el tema frente al pasmo del gobierno mexicano, que no ha atinado a asumir una posición clara y firme en defensa de nuestros connacionales.
Dentro de las medidas antiinmigrantes del gobierno de Estados Unidos destaca el decreto, suspendido en abril por un juez, que priva de fondos federales a las ciudades santuario que protegen a sus habitantes indocumentados.
Recientemente, el pasado 7 de mayo, el gobernador de Texas firmó la Ley SB4 que prohíbe las jurisdicciones santuario en ese estado, permite preguntar sobre el estatus migratorio de toda persona, y obliga a funcionarios públicos, a las universidades y a los agentes de seguridad a cooperar con los agentes federales de inmigración, además de imponer sanciones a quienes no la cumplan.
Esta ley es considerada la más dura de Estados Unidos contra los inmigrantes desde la represión lanzada por Arizona en 2010. Con ella, el gobernador y el resto del liderazgo republicano han optado por el racismo, la criminalización y la persecución de los inmigrantes, particularmente porque los mexicanos o ciudadanos de origen mexicano representan casi el 40% de los cerca de 28 millones de habitantes que tiene Texas.
En México, el tránsito de un régimen marcado por la corrupción e impunidad a otro construido sobre nuevas bases, donde lo que importe sean los ciudadanos por encima de cualquier otro interés, deberá contemplar una política migratoria de Estado que vele por los derechos e intereses de los mexicanos que radican en el exterior, reconociéndoles su calidad de mexicanos excepcionales que aportan mucho al país y que contribuyen con su esfuerzo y valor a la transformación de nuestra realidad. Hoy más que nunca, ellos requieren de la voluntad firme y clara de su país para defender sus derechos frente a decisiones unilaterales que pasan por encima del derecho internacional.