No van a poder callarnos

 
Jorge Álvarez Máynez
Diputado ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados

¿A quién le beneficia silenciar las redes sociales?

La lucha de la izquierda mexicana contemporánea (la izquierda partidista, por agregarle otro adjetivo), se puede dividir en dos épocas: la que va de 1977 a 1997 y la que ha venido ocurriendo desde entonces.

En la primera época la lógica fue, siempre, la de ganar libertades, espacios, derechos. Se tenía claro que el objetivo era cambiar al régimen y las reformas electorales de esos años. En ese sentido fueron dirigidos sus esfuerzos y planteamientos parlamentarios.

Sin embargo, parece que la oposición fue víctima de su propio éxito al alcanzar, en 1997, la integración de una Cámara de Diputados sin mayoría del PRI por primera vez en la historia de nuestro país. La pluralidad se expresó, como nunca antes, en las instituciones de mayor peso de nuestro aparato estatal. Y es que, también en 1997, la izquierda ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México e inició una serie de triunfos regionales que le permitieron gobernar diversas entidades federativas.

Y cuando los triunfos electorales iniciaron, la izquierda abandonó el núcleo de su origen: el cultural (o ideológico, si así prefieren llamarle). Salvo honrosas excepciones, como Porfirio Muñoz Ledo o Alejandro Encinas, la idea de cambio de régimen se disipó frente a otras tesis: desde la transición como fin último de los herederos del MAP incrustados en el entonces IFE, hasta el cogobierno de algunas corrientes del PRD, que derivó en el Pacto Por México.

Eso llevó a que se cometiera un error básico: pensar que el ogro filantrópico había sido domado y que el dinosaurio ya no estaba ahí. Y en sustitución de las reformas electorales expansivas que habían dado origen a la constitución de nuevas alternativas y alentado la formación política, se inició el camino de las reglas a modo.

La pluralidad quiso reparar a las instituciones con más instituciones: se crearon organismos autónomos, institutos sectoriales, tribunales y comisiones que hoy constituyen el aparato burocrático más abultado con los funcionarios mejor pagados del mundo.

La Cámara de Diputados pasó de costar mil millones de pesos al año a los mexicanos, hace veinte años, a más de siete mil en la actualidad. El IFE, transformado en INE, pasó de tener como objetivo la construcción de ciudadanía a irse convirtiendo en una especie de Big Brother de los actores políticos.

Desde la oposición, la izquierda mexicana colaboró gustosa en ese gran caballo de Troya: restringir las negociaciones con los medios de comunicación; restringir la libertad de expresión; restringir el proselitismo y la divulgación política. Incluso, con el 3 de 3, sujetarse a mecanismos de transparencia que los secretarios de Estado y los dirigentes priistas han evadido impunemente, mediante la complacencia de los medios de comunicación.

En veinte años, le dimos autoridad al ogro filantrópico de moldear la forma de comunicación política en su beneficio. Con legislaciones absurdas e híper restrictivas nos impusimos un bozal frente a un gobierno que derrocha cada vez más en publicidad oficial, en espiarnos y en cooptar a la sociedad de forma clientelar.

Nos amarramos las manos con la promesa de reciprocidad. Y, sin que llegaran nunca señales del otro lado, seguimos con las demás partes del cuerpo. Frente a este bochornoso espectáculo de inmolación, la tecnología nos rescató: gracias a las redes sociales, se pudo romper el cerco electoral.

La conversación en las redes sociales destruyó hegemonías que hubiera sido imposible imaginar: una opción progresista ganó en 2012 el bastión del conservadurismo religioso mexicano, que es Jalisco; y, en el 2015, se derrotó al bipartidismo en la fortaleza del conservadorismo industrial, que es Nuevo León.

El gobierno fue exhibido con lo que sucedió en Ayotzinapa, en septiembre de 2014; el presidente fue señalado por su patrimonio con la investigación de la Casa Blanca; logramos poner en el centro de la conciencia nacional una agenda anti-sistema: hoy todos hablan de temas como el fuero y los privilegios de la clase política.

Además, la división de poderes que había sido una construcción institucional sin una base cultural se instaló en las conciencias de los mexicanos. Empezaron a circular de forma viral videos de legisladores interpelando a secretarios de Estado, que antes sólo conocía una minoría con acceso a periódicos o al canal de Congreso.

El PRI detectó bien a su principal enemigo luego de sus fracasos electorales recientes y, usando al INE como cancerbero, ha lanzado unos lineamientos (a los que ya les cambió el nombre gracias a nuestra campaña de #PRIsoDisparejo) para restringir las redes sociales.

Se le dice a la gente que lo que se va a regular (que no se regula, sino que se prohíbe) es la compra de publicidad, aprovechando que la inmensa mayoría desconoce cómo opera el modelo de las redes sociales.

No hay un sólo actor político que haya irrumpido recientemente en la vida pública que lo hubiera podido hacer sin pauta en redes, ni en México, ni en el mundo, porque la pauta en redes es como la gasolina en la tierra. Prohibir la pauta es como prohibir que haya micrófonos en los actos públicos; como no permitir recargas en la tarjeta del Metrobús. Facebook es una empresa privada, y sin inversión (que en nuestro caso es mínima frente al despilfarro del sistema) pierde su efectividad. Simple y sencillamente porque es su negocio.

¿Por qué si el INE quiere promover la equidad no ha detenido la multimillonaria publicidad disfrazada de Moreno Valle, con su supuesto libro que a nadie interesa? ¿Por qué no frena el derroche de Aurelio Nuño que anuncia el “nuevo modelo educativo” hasta en los juegos de la Copa de Oro, en los que ni siquiera participa México? ¿Por qué no limitó los miles de millones de pesos que gasta el gobierno en publicidad?

En todo caso, si el problema es la equidad, ¿por qué no hacer transparente lo que actores políticos y partidos gastamos en redes sociales? ¿Y fijar límites? En todo el mundo, cuando se intenta alcanzar la equidad, se hace eso: se fijan límites, no prohibiciones.

¿Quiénes son los actores con mayor proyección en redes sociales? Les doy un dato: Samuel García y un servidor tenemos, cada uno, más interacciones en Facebook por mes que los diez aspirantes presidenciales del PRI juntos.

¿A quién le beneficia silenciar las redes?

Esa es la pregunta (capciosa) que le lanzamos al INE frente a este nuevo intento de censura: ¿De parte de quién?

Y también les decimos, para que lleven el mensaje a quien tengan que llevarlo: no van a poder callarnos. Aprendimos la lección y el próximo año, vamos a cambiar el régimen.