Armando Lopéz Campa
Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa
Es probable que una de las determinaciones legislativas más esperadas en nuestro país sea la relativa al sistema anticorrupción, y es que la ciudadanía anhela frenar los abusos y la impunidad imperantes en México. El Sistema Nacional Anticorrupción debe ser presidido por ciudadanos a través de instituciones sólidas y autónomas que prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los actos de corrupción.
El pasado 18 de julio venció el plazo para que los estados adecuaran y armonizaran sus legislaciones a efecto de que el sistema pudiera entrar en operación. Es por ello que, al igual que las otras entidades, la legislatura de la CDMX se vio obligada a trabajar a marchas forzadas a fin de desahogar la agenda pendiente en la materia.
Lamentablemente en el camino, una vez más, los partidos tradicionales, desoyendo los reclamos del parlamento abierto, han vuelto a maniobrar a través del mayoriteo a fin de desvirtuar el sistema y adaptarlo a su propia conveniencia, lejos de los intereses de la ciudadanía. Muchas de las adecuaciones y modificaciones que se han llevado a cabo son cuando no retardatarias, retrógradas.
No obstante ir en contra de la flamante constitución de la capital, sin aceptar modificación alguna, los diputados aprobaron reformas para que sea la Asamblea quien avale los nombramientos del Comité Ciudadano y el Consejo Técnico, el contralor de la ciudad, los 3 nuevos subcontralores y los 16 contralores para las demarcaciones.
Lo mismo sucede con el fiscal anticorrupción de la Ciudad de México, del cual la Asamblea se atribuyó su designación por mayoría simple, aun cuando la constitución local marca que se debe aprobar por dos terceras partes, y a propuesta del jefe de gobierno, y no por el Consejo Judicial Ciudadano, figura prevista en la misma constitución. Además, tendrá la posibilidad de mantenerse en el cargo hasta 14 años.
Incluso se incurrió en excesos como determinar que los diputados locales elegirán por mayoría simple al secretario técnico y al Comité de Participación Ciudadana, lo cual significa un retroceso si vemos que el procedimiento es distinto al que establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción donde al secretario técnico federal lo elige el propio Comité Ciudadano, elegido a su vez por una Comisión de Selección y no por el Poder Legislativo.
De esta forma, se tira por la borda cualquier posibilidad de conformar un sistema anticorrupción libre y autónomo ajeno a acuerdos y cuotas partidistas. Es verdaderamente lamentable que cuando parece que por fin se logran avances para una mayor participación ciudadana, y se conforman instituciones sólidas y con credibilidad para prevenir y contener la corrupción, sean el temor a la transparencia y a la fiscalización los factores determinantes para impedir el arribo de nuestra ciudad a estadios superiores de civilidad y mayor gobernanza, contraviniendo el espíritu y los preceptos de una constitución que no acaba de estrenarse.