A más de 20 años de haber entrado en vigencia, el TLC no ha resultado benéfico para la mayoría de la población: hemos visto la desarticulación de la industria nacional, el abandono del campo y el fortalecimiento de las empresas de carácter trasnacional
Después de 23 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el balance resulta desfavorable para la economía mexicana en distintos sectores, y es que, en general, no ha traído consigo los beneficios ofertados.
Es cierto que ha alentado el intercambio comercial y la baja en aranceles, sin embargo, no se han observado efectos favorables en el aumento de empleos, mayores oportunidades e impulso al desarrollo económico, y menos aún ha contribuido en la disminución de la migración de connacionales hacia Estados Unidos.
En estricto sentido, no vemos alguna contribución tangible en la población por la apertura de la economía con dicho tratado. Por el contrario, sin pensar en que sea la solución a los grandes problemas nacionales, con todo y el TLCAN se mantienen la pobreza, el desempleo, la violencia, el abandono del campo, la pérdida de soberanía alimentaria y el mantenimiento de los flujos migratorios.
Si resumiéramos los saldos del libre comercio en las fronteras, podríamos hablar de tres efectos que se han generado en la economía: mano de obra barata para atraer inversión extranjera, pérdida de soberanía alimentaria y tráfico de migrantes sin documentos.
Por ejemplo, mucho se ha dicho de la fortaleza de la industria automotriz asentada en el país, pero la verdad es que no existe una empresa automotriz propiamente nacional. Lo que sí existe es el interés de este tipo de empresas extranjeras en sacar el mayor beneficio de la mano de obra barata, una afirmación que puede sustentarse en análisis publicados desde hace ya algunos años, como el de la revista Forbes en abril de 2015.
Este interés surge, además, de otro factor decisivo, ya que según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país ofrece los salarios más bajos: 1.01 dólares por hora, con la mano de obra más barata.
Por otra parte, desde 1994, año en que entró en vigor el TLCAN y en el que se abrió la economía a la competencia internacional, hemos visto: la eliminación de apoyos y subsidios a los productos agrarios; un proceso de pérdida de la soberanía en la producción de granos básicos; una balanza comercial deficitaria; el desplazamiento de la agricultura tradicional; la llegada de implacables empresas mineras de Canadá, China e Inglaterra; la desaparición de empresas del Estado mexicano y su sustitución por otras de carácter transnacional; una grave afectación de la biodiversidad; un debilitamiento del mercado; la pérdida de dos millones de empleos rurales y una feminización de la agricultura, entre otros.
En este contexto, la mano de obra barata aunada a la falta de oportunidades y un campo en el abandono provocaron que la fuerza laboral desempleada terminara en el mercado informal u optara por la migración.
Con el Tratado, al contrario de lo que se ofreció, se mantiene el flujo migratorio, principalmente a Estados Unidos, en condiciones de desventaja con relación a migrantes de otros países: con constantes violaciones a sus derechos humanos, discriminación, bajos salarios y, en la actualidad, el endurecimiento de la política del actual gobierno norteamericano que ha conducido a detenciones y deportaciones.
Por ello, ahora que inician las discusiones para la renegociación del TLCAN, uno de los temas que no se puede dejar fuera es el de la migración entre México y Estados Unidos, sobre todo por la dimensión de este fenómeno y los beneficios que genera a ambos lados de la frontera común.
De hecho, no es fortuito que durante la reciente Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, los legisladores mexicanos hayan centrado la discusión en la renegociación del TLC y en la exigencia de respeto a los derechos de nuestros connacionales. Sobre el Tratado, coincidieron en que debe existir la mayor transparencia en las negociaciones y un fortalecimiento de la relación bilateral.
En el tema de migración se destacó el compromiso por el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos sin documentos en los procesos de detención y repatriación; mientras que en materia fronteriza no se respaldó la construcción del muro en la frontera, en cambio, se propuso convertirla en zona de encuentro que potencie la interconexión y mejore la infraestructura a través de vías férreas, aduanas, puentes y carreteras.
En esa reunión interparlamentaria, nuestro coordinador de Movimiento Ciudadano, el diputado Clemente Castañeda, señaló que las expresiones de “odio” y “xenofobia” hacia los mexicanos por parte del presidente Donald Trump y un sector de la sociedad norteamericana, ponen a los connacionales en una situación de mayor vulnerabilidad y dan paso a políticas migratorias “cuestionables” que incluyen el endurecimiento de las detenciones y deportaciones.
Finalmente, se contempló la creación de un grupo de trabajo para dar seguimiento a la renegociación del TLC y al cumplimiento de los acuerdos parlamentarios alcanzados. En otras palabras, en la reunión interparlamentaria el poder legislativo planteó la coincidencia en dos temas: una renegociación del Tratado con transparencia y la defensa de los derechos humanos.
En este sentido, las negociaciones sobre las reformas al contenido del TLC deben anteponer el respeto de los derechos humanos a los acuerdos comerciales, partiendo del reconocimiento de la dignidad de las personas. Partiendo de esta visión, los acuerdos comerciales que alcancen México, Canadá y Estados Unidos trascenderán el ámbito económico para orientarse a la consecución de un mayor nivel de desarrollo y una mejor calidad de vida.
Un acuerdo comercial que no proteja los derechos de millones de connacionales que se encuentran residiendo en Estados Unidos y, en menor medida, en Canadá, dejará de lado la parte fundamental del acuerdo, es decir, un mayor desarrollo que beneficie a los ciudadanos de los tres países.
A más de 20 años de haber entrado en vigencia, el TLC no ha resultado benéfico para la mayoría de la población: hemos visto la desarticulación de la industria nacional, el abandono del campo y el fortalecimiento de las empresas de carácter trasnacional.
Si la delegación mexicana que acude a la renegociación logra establecer como eje central la defensa de los derechos de los ciudadanos, incluidos los de los migrantes, aspiraremos a reconstruir la economía del país, con la atención centrada en las necesidades reales de la población y no de los grandes capitales.