C
uando los diputados ciudadanos llegamos al Congreso, lo hicimos dispuestos a demostrar que se puede hacer política con dignidad y con principios; llegamos convencidos de que la Cámara de Diputados debe asumir su responsabilidad con las causas de millones de mexicanos.
En este sentido, quienes formamos parte de la bancada ciudadana hemos impulsado iniciativas que atienden las más grandes exigencias ciudadanas: ponerle un alto a los privilegios de la clase política y al derroche del dinero público. Una de esas iniciativas es eliminar las millonarias pensiones que reciben los expresidentes y que son pagadas con el dinero de todos los mexicanos.
Lo hicimos porque estamos convencidos de que nuestra tarea es llevar la voz de los mexicanos a la máxima tribuna del país, porque no podemos permitir que México siga siendo el país del mundo al revés. Y digo esto porque, mientras más de la mitad de la población vive en una situación de pobreza que no le permite tener una vida digna, la riqueza de unos cuantos es suficiente para pagar el salario mínimo de todos los desempleados de nuestro país; porque mientras la gran mayoría de mexicanos no tendrá una pensión, los expresidentes, por el simple hecho de serlo, recibirán una pensión de más de 205 mil pesos mensuales.
Si recibir una pensión millonaria de por vida no fuera lo suficientemente indignante, debemos mencionar que quienes ocuparon por seis años el cargo de Presidente de México también reciben un seguro de vida, gastos médicos mayores, vehículos, pago de servicios como luz, agua o jardinería; además del sueldo de hasta 425 personas que forman parte de la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, el Estado Mayor Presidencial y de los Servicios Generales de la Federación para realizar actividades de asesoría, ayudantía y seguridad para ellos y los miembros de sus familias. Esto da como resultado, de acuerdo a diversas investigaciones como la del Dr. Ernesto Villanueva, un gasto de cerca de 5 millones de pesos al mes.
Para dimensionar lo excesivo de este gasto en nuestro país, podemos mencionar algunos ejemplos del panorama internacional: en Chile un expresidente cuesta 560 mil pesos, en Australia alrededor de 360 mil pesos y en Colombia aproximadamente 147 mil pesos mensuales. Cabe decir que, a diferencia de México, estos países sí cuentan con un fundamento legal sobre las prestaciones y beneficios a los que puede acceder un expresidente. Además, si el dinero que cuesta cada uno de ellos fuera utilizado para atender las verdaderas necesidades de los mexicanos, se podría pensionar a más de 1,400 personas que no cuentan con seguridad social o se podría pagar la capacitación de más de 2,500 mujeres al mes en el programa “Hecho por ellas”, del Gobierno Municipal de Guadalajara, que busca potencializar el talento y las capacidades de las mujeres tapatías.
A la fecha, han pasado más de 450 días de que presentamos esta iniciativa y sigue congelada en el Congreso por los diputados del PRI, a pesar de que el pasado 29 de marzo se entregaron a la Comisión de Puntos Constitucionales más de 50 mil firmas ciudadanas que respaldan nuestra propuesta y se envió una carta a todos los expresidentes para que renunciaran a su pensión de manera voluntaria. Si las cosas siguen como están, el próximo año los mexicanos tendrán que mantener a un expresidente más: Enrique Peña Nieto y su familia vivirán de una millonaria pensión de por vida. Es por esta razón por la que fuimos a Los Pinos a exigirle que renunciara a los múltiples privilegios que recibirá como expresidente el próximo año. Seguimos esperando una respuesta.
Como legisladora, estoy convencida de que una de nuestras contribuciones más importantes a la sociedad debe ser la de darle voz a quienes no la tienen; hablar por quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad y también por los millones de mexicanos que están cansados de financiar los lujos y los excesos de la clase política tradicional.
Hoy, #ExPresidentesSinPensión dejó de ser una simple iniciativa para convertirse en una exigencia que no sólo busca ahorrar y utilizar de la mejor forma posible los recursos públicos, sino romper con un régimen de privilegios para unos cuantos, con un sistema perpetuado por décadas en el que la transparencia y la rendición de cuentas se encuentran secuestradas por la opacidad y la corrupción. Se trata de demostrar que la política no debe servir a los intereses de los partidos ni de los expresidentes, sino de los mexicanos; que sí se puede legislar de su lado y que se puede, y debe, hacer lo que cualquier buen ciudadano haría en nuestro lugar.
Es importante aclarar que la iniciativa que presentamos Clemente Castañeda y yo no busca demeritar el trabajo realizado por quienes ocuparon la presidencia de nuestro país (serán los mexicanos quienes se encarguen de juzgar y valorar los resultados de sus respectivas administraciones), pero justamente como los servidores públicos que han ocupado la más alta representación del Estado mexicano, deben entender que su servicio al país no es, bajo ninguna circunstancia, una justificación para hacerse de privilegios injustificados y exorbitantes.
Porque haber servido al pueblo de México no es sinónimo de servirse de él, hacemos un llamado a todos los mexicanos que quieren cambiar esta realidad a seguir dando la batalla, a llevar esta lucha fuera del Congreso y a acompañarnos a exigir, desde todos los rincones del país: no más pensiones a expresidentes.