Existe una política deliberada de freno a iniciativas que permitan ampliar la participación desde el extranjero
Pilar Lozano Mac Donald
Secretaria General de Acuerdos de Movimiento
Ciudadano.
Presidenta de la Comisión del Mexicano
Migrante
Uno de los pendientes de la democracia mexicana ha sido no sólo elevar el nivel de competencia electoral, tema en el que han habido avances importantes que se reflejan en la alternancia en gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, sino también en alcanzar la elección de buenos gobiernos.
En este proceso, en México nos hemos visto inmersos en distintas reformas electorales de avance gradual en su contenido, pero de corto alcance debido a un grado importante de insatisfacción en la participación.
Lo anterior se evidencia por el bajo nivel de satisfacción que los mexicanos tenemos con nuestra democracia, la falta de confianza en el gobierno, los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral (INE).
Así es que cada proceso electoral se traduce en una contienda donde más que propuestas abundan los reproches y las descalificaciones.
Lo más grave: hemos incrementado la inversión en infraestructura democrática con miles de millones en financiamiento a los partidos políticos, salas especializadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y una burocracia electoral costosa frente a los magros resultados.
En el esfuerzo por fortalecer nuestra democracia hemos privilegiado el establecimiento de un pluralismo político con endebles cimientos de legalidad.
Lo cuestionable es que esa preocupación por una mayor participación que dotara de pluralidad al sistema electoral mexicano se ha limitado a invertir tiempo y recursos en el combate a la desconfianza electoral.
En este esfuerzo, dejamos de lado a millones de compatriotas que se han convertido en el pilar principal de la débil economía de México; mexicanas y mexicanos que, ante un escenario carente de opciones de desarrollo y crecimiento, se vieron forzados a salir del país en la búsqueda de nuevas oportunidades.
Con una población que supera los 12 millones de personas nacidas en México que viven en Estados Unidos, más sus descendientes, la diáspora mexicana supera ya los 36 millones de personas de origen mexicano viviendo en el vecino país del norte.
Primero, dejamos que con programas de trabajo temporal se atemperara la demanda laboral, pues en México no se ha logrado crear suficientes fuentes de empleo y de oportunidades para detener los flujos de migrantes hacia el exterior. Después, vimos acciones gubernamentales con poco o nulo impacto. Han sido los propios migrantes los que, con ese espíritu de progreso y valor, han desplegado iniciativas que han incidido en el logro de reformas que los visualizan y los muestran con la fuerza que les caracteriza.
No obstante, esos esfuerzos que en su mayoría lidera la comunidad mexicana migrante, principalmente la radicada en Estados Unidos, como el establecimiento de la matrícula consular o el voto a distancia o extraterritorial, no han permitido el ejercicio pleno del derecho a la participación política en los asuntos del país, en específico en la elección de sus gobernantes.
En este contexto, se estima que son poco más de ocho millones de mexicanos radicados fuera de nuestras fronteras los que estarían en posibilidad de ejercer el derecho a emitir su voto a distancia. El requisito insustituible para ello es tramitar su credencial para votar con fotografía, expedida por el INE.
Si consideramos este universo frente a los 338 mil mexicanos en el exterior que actualmente cuentan con credencial para votar, nos queda claro que el esfuerzo realizado por la autoridad electoral para promover la participación de nuestros connacionales en las elecciones celebradas en México, ha sido insuficiente o, en otras palabras, ha fracasado.
Las razones de estos resultados pueden ser muchas: que el proceso de credencialización para emitir el voto desde el extranjero no ha funcionado en su implementación o que existe falta de voluntad política para permitir que los miembros de la comunidad mexicana migrante ejerzan su derecho de participación política.
Desde nuestra perspectiva, existe una política deliberada de freno a iniciativas que permitan ampliar la participación desde el extranjero.
Los resultados de los procesos electorales de 2006 y 2012, ya con el reconocimiento del derecho al voto a distancia, arrojaron una mínima votación, que sin duda está orientada a mostrar que no es viable la participación de los migrantes o que es bajo su interés en los asuntos de un país que nos les dio las oportunidades que anhelaban.
En efecto, los resultados reflejan el temor fundado del gobierno de origen priista de recibir millones de votos en contra de sus gobiernos, a los que los mexicanos radicados en el extranjero adjudican la responsabilidad de salir en busca de nuevos derroteros, pues es de todos conocido que el voto de los mexicanos radicados en el extranjero es eminentemente antipriista.
Si a esa decisión de no permitir una copiosa participación desde el extranjero en los procesos electorales por parte de quienes viven en el exterior, le sumamos el circunscribir el ejercicio de ese derecho a contar con un documento formal, la credencial para votar, el resultado es una posibilidad de participación aún más nugatoria.
En un ambiente de criminalización de los migrantes y con una abierta política de deportación, incrementada en el actual gobierno estadounidense, el riesgo de acudir a las representaciones del gobierno mexicano en Estados Unidos, donde se concentra la mayor cantidad de connacionales, se vuelve mayor.
Es más, el voto electrónico, modalidad que ha demostrado sus virtudes, fue desechado por la autoridad electoral precisamente por la falta de confianza electoral que mencionamos.
Corresponde entonces al INE cumplir con el mandato constitucional de instrumentar las modalidades de voto que permitan a los mexicanos que viven fuera del país el libre ejercicio del mismo, de manera ágil, en el proceso electoral de 2018.
Exijamos que el INE cumpla el compromiso que adquirió recientemente con la comunidad mexicana migrante en Estados Unidos de fortalecer la participación de quienes radican en el exterior.
Revisemos si es posible establecer un mecanismo que, además de la credencial para votar, permita a más mexicanos emitir su voto sin riesgos en el proceso de registro.
Tenemos que exigir al INE. Superemos el desgaste que implica la desconfianza electoral; abonemos a establecer un piso sólido de legalidad y con ello estaremos abonando el terreno fértil de la democracia para una mayor participación de todos, de quienes están dentro y fuera del país.