Eduardo Mendoza Ayala
Hace unas semanas los ciudadanos mexicanos nos enteramos, con tristeza y preocupación, que el comunicador Leonardo Curzio dejó de transmitir como conductor del noticiero “Enfoque”, en la edición matutina del grupo radiodifusor Núcleo Radio Mil (NRM). Esta situación derivó de su negativa a despedir a dos colaboradores de la mesa política del citado noticiero, a petición insistente del concesionario de la estación, Edilberto Huesca.
Este inusual episodio de “desaparición” de un espacio radiofónico, se suma a los que han ocurrido en nuestro país en los últimos 17 años –casi tres sexenios-. Dichos sucesos reducen la posibilidad de que la sociedad mexicana se mantenga debidamente informada, a través de la participación de líderes de opinión confiables, como es el citado comunicador Curzio.
Para nadie es un secreto que al gobierno federal en turno le ha costado mucho trabajo establecer y mantener una armónica relación institucional con los medios de comunicación, especialmente con algunos periodistas. Por este motivo aplica diversos mecanismos para garantizar que algunos medios masivos de comunicación hablen bien del presidente de la República y de los integrantes del gabinete presidencial.
Los usos y costumbres del sistema presidencialista mexicano establecen fundamentalmente que en función de la compra de espacio publicitario en los medios impresos y electrónicos (radio y televisión), es posible lograr que los contenidos de las publicaciones o de las emisiones audiovisuales difundan las actividades del jefe del Ejecutivo y así se construya una imagen “fuerte y poderosa” de quien es el presidente de la República.
Normalmente así era hasta el año 2000, cuando se logró tener un gobierno diferente al priista y entonces se intentó marcar cierta distancia con la mayoría de los medios de comunicación, aunque a final de cuentas la situación no varió sustancialmente. Los directores de medios de comunicación que repentinamente eran ignorados por el régimen federal en turno, respondieron con severas críticas y hasta infundios, a fin de presionar asía las autoridades en los tres ámbitos para que económicamente se les tomara en cuenta.
Sin embargo, en la medida en que el esperanzador globo del gobierno encabezado por Vicente Fox se desinflaba por la inacción y la simulación, paulatinamente la conexión medios-gobierno se fue restaurando al tenor acostumbrado: “Yo gobierno, te pago publicidad y tú medio, publicas notas que hagan creer al público que el ejercicio de gobierno es magnífico”. Y la rueda de la perversión en esa relación volvió a girar felizmente para sus protagonistas, pero no para una buena parte de la sociedad que quiere ver mayor calidad en los contenidos que presentan los medios de comunicación.
Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), la situación continuó prácticamente igual. Eso sí, hay que destacar que durante ambos periodos de extracción panista, el disfrute de libertad para publicar y expresarse fue enorme, inigualable a lo que antes existía hasta el gobierno del priista presidente Zedillo. La crítica llegó en ocasiones a un estado de auténtico libertinaje y sucedían constantes faltas de respeto de carácter personal (aunque no institucional, ni a los cargos que representaban) que la autoridad toleraba.
Con las facilidades otorgadas por el PAN para el regreso del PRI al poder presidencial en el 2012, en la persona de Enrique Peña Nieto, los tradicionales usos y costumbres de antaño volvieron a su apogeo, ante el asombro y la nueva decepción de la sociedad en general. Arribó un “nuevo PRI”, con las mismas mañas de siempre; nuevamente hizo acto de presencia en la escena política, pero ahora con la peor versión de una institución y un sistema, ya de por sí perverso y pervertido.
A base de cañonazos millonarios presupuestados a los principales concesionarios de radio y televisión, el actual jefe del Ejecutivo logró neutralizar las obvias reacciones críticas que sabía que surgirían justificadamente en función de una serie de tomas de decisión, enfocadas a la realización de negocios poco claros, entre empresas internacionales y algunos funcionarios y propios agentes gubernamentales.
Sólo así ha sido posible, a mi juicio, consolidar –aunque sea de rústica forma- la auténtica bacanal comercial en la que se ha convertido el periodo gubernamental peñanietista, dedicado a satisfacer el voraz apetito de diversos tiburones comerciales, aun a costa del severo deterioro en la calidad de vida de millones de mexicanos.
Y es en ese momento preciso donde nos encontramos como sociedad, prácticamente sin líderes de opinión que recojan y cobijen en los medios los genuinos puntos de vista del pueblo y los conviertan en fuertes banderas de lucha por la justicia y la dignidad. Andamos huérfanos en ese contexto y es urgente generar acciones para que surjan entre los medios impresos, la radio y televisión, figuras dispuestas a dar un golpe de timón en el campo de la comunicación humana.
Además de ello, como ciudadanos responsables otro aspecto que se debe atender con urgencia, es la eliminación del régimen gubernamental de concesiones, que sólo lleva a sujetar por parte de la autoridad al concesionario de una emisora o canal, a conductas favorables al gobierno, con las nocivas consecuencias sociopolíticas y económicas que causan a la libertad de expresión y de información.
Un último apunte antes de concluir: creo que debemos pensar –hoy que ya se vislumbra un nuevo sistema de gobierno a partir del próximo año- a establecer la colegiación de la profesión del ejercicio periodístico e informativo, debido a que los medios están llenos de hombres de negocios y no de profesionales de la comunicación, ávidos de desempeñarse en el ejercicio de la carrera estudiada. De lo contrario, la sociedad terminará arrasada por simples instrumentos transmisores de contenidos fatuos y superficiales, que no aportan a nuestra evolución como raza.
De ante mano agradezco como siempre la gentileza de su atención.
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