La política migratoria del actual gobierno de los Estados Unidos lleva una importante carga de discriminación y criminalización de los migrantes, lo cual ha generado la detención y deportación de miles de mexicanos con evidentes violaciones a sus derechos humanos.
Los migrantes mexicanos han enfrentado por sí mismos esta política migratoria, ante la tibia posición del gobierno mexicano y las limitadas acciones que las representaciones consulares realizan en su apoyo, reflejo de la ausencia de una política bilateral contundente en defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales.
Ante la deportación de sus migrantes, el gobierno mexicano ha demostrado carecer de capacidad de respuesta, actitud que repite cuando ingresan a territorio nacional, dejándolos en estado de indefensión y sin alternativas de reinserción laboral y social, pese a que muchos de ellos cuentan con recursos y estarían en posibilidades de invertirlos.
El Instituto Nacional de Migración (INM) estima que de enero al 21 de mayo de 2017, habían sido repatriados 59 mil mexicanos de Estados Unidos, 27 mil menos que en el mismo periodo de 2016, cuando retornaron 86 mil connacionales.
Por su parte, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) señala que aproximadamente 75 por ciento de los mexicanos más vulnerables a acciones de deportación en Estados Unidos se concentran en 35 condados, que corresponden principalmente a los estados de California, Illinois, Arizona, Texas, Nevada, Nueva York, Denver y Georgia.
Desde 2014, el reporte del Pew Hispanic Center indicaba que 73 por ciento de los estadounidenses estarían de acuerdo en que el gobierno de los Estados Unidos proveyera a los inmigrantes indocumentados de un mecanismo para permanecer legalmente en ese país, siempre y cuando cumplieran con ciertos requisitos. En tanto, múltiples organizaciones de la sociedad civil estadounidense que trabajan por la defensa de los derechos humanos de la población inmigrante, en particular la de origen hispano, han pedido al gobierno de nuestro vecino del norte el cese de las deportaciones masivas.
Ante este escenario, Movimiento Ciudadano está desplegando una Agenda Migratoria con los municipios que gobierna, en defensa de sus derechos humanos e intereses, para mostrarles que nuestros Buenos Gobiernos están realizando un cambio profundo en la forma de gobernar.
Agenda Migratoria y Buenos Gobiernos
El fenómeno migratorio constituye una realidad social de enorme trascendencia por la posición geográfica del país, y porque responde a circunstancias de carácter económico, derivado de las marcadas disparidades salariales, laborales y de oportunidades a las que la sociedad mexicana se enfrenta.
Frente a este escenario, necesitamos encontrar alternativas de participación que, ante el retorno forzado de los migrantes, permitan desarrollar alguna actividad laboral y/o promover inversión productiva para aprovechar su experiencia y potencial en su lugar de origen.
La importante cantidad de mexicanos que habitan en el extranjero, al igual que los que son deportados, representan una fuerza potencialmente determinante en la transformación del país.
Por ello, en Movimiento Ciudadano estamos trabajando para que nuestros Buenos Gobiernos, en coordinación con los Diputados Ciudadanos, brinden alternativas a la falta de respuesta del gobierno federal y los gobiernos locales para los migrantes deportados.
En este contexto es que se ha fortalecido la vinculación entre gobiernos municipales y legisladores, con propuestas que se traducirán en iniciativas de ley y acciones de gobierno en beneficio de la comunidad mexicana migrante.
Con tal propósito, la propuesta que municipios y diputados ciudadanos construyen, contempla establecer la Oficina Municipal de Vinculación con Migrantes, para que en cada gobierno municipal de Movimiento Ciudadano se les brinde apoyo institucional en diversos rubros.
Entre los temas materia de esa oficina podrán incluirse: i) Derechos humanos; ii) Asesoría para la recuperación de activos financieros y bienes muebles e inmuebles; iii) Asesoría legal en caso de asuntos familiares (hijos menores de edad que se quedaron en Estados Unidos); iv) Asesoría sobre alternativas de educación y trabajo para dreamers deportados; v) Vinculación con empresas y fuentes de empleo; vii) Beneficios fiscales para la inversión de recursos; viii) Asesoría en la preparación de Proyectos Productivos; ix) Trámites de apostilla de actas de nacimiento de mexicanos nacidos en el extranjero y doble nacionalidad; x) Vínculo interinstitucional para garantizar su acceso a los servicios de salud, seguro de desempleo y otros programas sociales, y xi) Apoyo legal y psicológico.
En la parte económica, se plantea reorientar recursos de partidas presupuestales para destinarlos a actividades productivas municipales de apoyo a migrantes deportados, así como aprovechar recursos de programas federales que permitan servir a este objetivo.
Un tema que merece especial atención es el relativo a los denominados dreamers, sobre todo si consideramos que la decisión del gobierno del Estados Unidos de dar por terminado el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), daría paso a la deportación de miles de jóvenes. Con tal decisión quedarían desamparados poco más de 932 mil jóvenes. Esto nos obliga a explorar alternativas laborales y de estudio para dichos jóvenes.
La realidad de los mexicanos deportados es compleja: salen de Estados Unidos contra su voluntad, con lo que llevan puesto únicamente, y afrontan una situación económica radicalmente opuesta a la que vivían en Estados Unidos. En su mayoría, son el sostén de su familia y se enfrentan a la realidad salarial de nuestro país, con un salario mínimo de poco más de 80 pesos al día, cuando en lugares como San Diego, California, tienen ingresos de más de 11 dólares por hora.
El escenario de los migrantes deportados exige de nosotros también una respuesta para facilitar la de por sí difícil llegada de quienes tenían hecha su vida en Estados Unidos. En Movimiento Ciudadano estamos dando pasos en ese sentido.