Guillermo Rocha Lira
@MemoRochaL
LA MAYORÍA DE LOS SISTEMAS ELECTORALES HAN ESTABLECIDO UN SISTEMA MIXTO DE FINANCIAMIENTO, TANTO PÚBLICO COMO PRIVADO.
En la última edición de El Ciudadano se analizó el financiamiento que reciben los partidos políticos en América Latina. Mediante este ejercicio comparativo se encontraron algunas similitudes entre los sistemas políticos electorales de las naciones latinoamericanas, de las que se destacan el uso de un sistema mixto de financiamiento, tanto público como privado; la completa prohibición de donaciones provenientes de intereses extranjeros a partidos políticos y candidatos; las aportaciones anónimas a partidos políticos, así como la prohibición a funcionarios públicos para participar como candidatos y la restricción para utilizar los recursos públicos en campañas electorales.
Los casos de México y los países latinoamericanos sirven como muestra para entender cómo se lleva a cabo el financiamiento público de los partidos en otras regiones del mundo. Se realizó un análisis general de 221 países en torno a dos temas: países que aprueban financiamiento privado o público a los partidos políticos y distribución del financiamiento público.
Con base en las legislaciones de los países es posible afirmar que la mayoría de los sistemas electorales han establecido un sistema mixto de financiamiento, tanto público como privado. En primer lugar, 178 naciones aprueban algún tipo de financiamiento privado, de las cuales 138 prevén también financiamiento público a los partidos políticos o candidatos. Como lo muestra el primer mapa de los que ilustran este texto, los sistemas electorales se orientan hacia un sistema mixto de financiamiento.
De los 221 países se destacan 13 que no permiten el financiamiento privado y sólo admiten recursos públicos para los partidos. Estos son los casos de Austria, Bielorrusia, Uzbekistán, Belice, Laos, Suazilandia, Zimbabue, Samoa Americana, Barbados, Bahamas, Islas Malvinas, Micronesia y Santa Elena. En Europa la mayoría de los partidos políticos se encuentran parcialmente financiados por el presupuesto nacional.
En contraste, existen 40 países que sólo consideran recursos privados u otras fuentes de financiamiento anónimas y no prevén financiamiento público para sus partidos y candidatos. Estos países representan el 18 por ciento del total mundial y se destacan entre ellos Irán, Egipto, Líbano, Liberia, Libia, Pakistán, Filipinas, Malasia, Myanmar, Singapur, Sierra Leona, Suazilandia, Botsuana y Mauricio; además de muchos países insulares como Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, Bahamas, Bermudas, Fiyi y Dominica.
Particularmente en Reino Unido y Estados Unidos el financiamiento privado representa la mayor fuente de ingresos de los partidos y sus candidatos. En el caso de Estados Unidos se destaca la controversia por la ley McCain-Feingold, que buscaba limitar las aportaciones de organizaciones y corporaciones a las campañas de los candidatos. Esta ley provocó quejas tanto por parte de los candidatos y sus partidos como de las empresas que contribuían a las campañas. Incluso en un país donde lo privado es preponderante, existe un intenso debate sobre la pertinencia de fortalecer el financiamiento público. Hasta la elección presidencial de 2017 predominó el financiamiento de las campañas de Clinton y Trump, a partir de donaciones ciudadanas. Estas aportaciones voluntarias no podían superar los 2 mil 500 dólares; sin embargo, los Comités de Acción Política no tienen límites en la recaudación de recursos y, por lo tanto, representan la mejor forma de financiamiento para los candidatos.
Cabe mencionar que algunos países proporcionan poca o nula información del financiamiento público a sus sistemas electorales, como Afganistán, Iraq, Somalia, Ruanda y Sahara Occidental, mientras que en otros casos no aplica para gobiernos de monarquía absoluta, como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin, Brunéi Darussalam, Omán y Qatar, en los que no existen partidos políticos y elecciones. Asimismo, hay otros países en los que tampoco aplica el financiamiento por el sistema de partido único, como la República Popular de China, Corea del Norte, Cuba, Laos y Vietnam.
Los partidos políticos en el mundo pueden obtener financiamiento público directo, es decir la asignación monetaria que reciben los partidos y candidatos, o financiamiento público indirecto, que incluye beneficios como el acceso a medios de comunicación, préstamos, impresión o difusión de propaganda, uso de instalaciones públicas o gubernamentales, regímenes fiscales especiales, donaciones libres de impuestos, así como servicios de correo y telefonía gratuitos o subsidiados.
Como lo muestra el segundo mapa, la mayoría de los países se orientan hacia un modelo mixto de financiamiento público directo e indirecto. Al menos 130 gobiernos que representan el 55 por ciento del total, consideran necesario el financiamiento público directo, mientras que 115 países contemplan alguna forma de financiamiento público indirecto. Algunos como Noruega, Austria, Australia, Argentina, Serbia, Bulgaria y Grecia prevén solamente el financiamiento directo, mientras que otras naciones como India, Ucrania, Nigeria, Mongolia y Latvia sólo consideran el financiamiento público indirecto.
En cuanto a la distribución del financiamiento público que obtienen los partidos y candidatos, los países se pueden dividir en cuatro grandes grupos, según la organización de la Red de Conocimientos Electorales (aceproject):
- Financiamiento igualitario, sin importar los resultados electorales o proporcionalidad parlamentaria, como en los casos de Ucrania, Sudán y Ghana.
- Financiamiento por resultados en las elecciones previas, como en el caso de Rusia, Portugal, Suecia, Turquía, Rumania, Bulgaria, Mauritania, Namibia, Zimbabue, Grecia, Indonesia y Australia.
- Financiamiento sólo por representación parlamentaria, como sucede en Islandia, Finlandia, Zambia y Guinea.
- Financiamiento basado en el número de candidatos presentado en la elección en curso, como ocurre en Hungría y Etiopía.
Es importante mencionar que estas cuatro grandes categorías de distribución del financiamiento no dependen de la forma de gobierno de cada uno de los países. Por ejemplo, Suecia es una monarquía constitucional basada en el parlamentarismo, mientras que la Federación de Rusia tiene un sistema semipresidencial; sin embargo, a pesar de las diferencias, sus sistemas electorales prevén que los recursos públicos a partidos sean asignados con base en los resultados de las elecciones anteriores.
También es necesario señalar que el modelo de financiamiento de otros estados puede clasificarse en una, dos o más categorías, según sea el caso. Por ejemplo, la ley electoral en Noruega y Francia considera que la distribución de los recursos a partidos será con base en los resultados electorales, pero también tiene en cuenta la representación parlamentaria. El caso de Canadá resulta muy representativo para entender la complejidad del financiamiento público a nivel global. En cuanto a los Estados Unidos, la asignación de recursos depende hasta de tres principios: la distribución de recursos por resultados electorales, la representación parlamentaria e incluso el número de candidatos que compiten en cada elección.
El caso de España es parecido al de los países latinoamericanos, en donde hay un modelo mixto de financiamiento público a los partidos que incluye un gasto ordinario y privado. Los partidos españoles también pueden recibir recursos de sus militantes, así como donaciones.
Este ejercicio comparativo en materia de financiamiento de países latinoamericanos y otras regiones del mundo, permite conocer dónde se encuentra México en este rubro. La legislación mexicana en materia electoral es una de las más completas y detalladas que existen, de hecho el caso mexicano ha sido reproducido por otros países latinos. Por otra parte, en cuanto al financiamiento público, el sistema electoral mexicano es parecido a las 138 naciones que utilizan un modelo mixto, público y privado de asignación de recursos y a más de la mitad que también incluyen financiamiento público directo e indirecto.
Se puede concluir que, a nivel global, el financiamiento público es la principal fuente de ingresos de los partidos políticos; además, alrededor más del 80 por ciento de los países permiten el financiamiento por fuentes privadas y más de una tercera parte de los países analizados asignan el financiamiento público de acuerdo a los resultados obtenidos en la última elección.
Cabe destacar el avance de las democracias liberales en otras regiones del mundo, como África y el sudeste asiático, lo cual también provoca que los sistemas electorales sean multipartidistas o exista una proliferación de nuevas fuerzas políticas y partidos.
Finalmente, es necesario decir que el derecho electoral es una de las disciplinas que más avanzó en los últimos años, mientras que en todas las regiones se perfeccionaron las legislaciones en materia de financiamiento a partidos y candidatos.
El problema común en casi todos los países sigue siendo la debilidad institucional y la corrupción que provoca que la legislación electoral no se cumpla. México y otros estados latinos tienen avances significativos en materia de regulación del financiamiento público y privado; sin embargo, aún carecemos de una ciudadanía exigente y de medidas de transparencia y rendición de cuentas, que permitan: una mejor fiscalización y asignación de los recursos a los partidos políticos y candidatos, y que los procesos electorales sean más equitativos, competitivos y austeros.