“No vamos a parar hasta que se frene esta Ley que va en contra de los derechos de los mexicanos”
El jueves 30 de noviembre del 2017 la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Seguridad Interior, con 248 votos a favor (de los cuales 183 provinieron de las bancadas del PRI y 35 del Partido Verde Ecologista de México), 115 en contra y 48 abstenciones. A pesar de las 101 reservas a la Ley que fueron presentadas por 44 oradores, la tarde de ese mismo jueves se dio a conocer en el Canal del Congreso la aprobación del dictamen que expide la Ley de Seguridad Interior, en lo general y en lo particular. El proceso mediante el cual la Comisión de Gobernación aprobó dicho dictamen se logró mediante una reunión exprés convocada por los diputados, de la cual salieron por la puerta trasera para evitar el encuentro con los activistas que permanecían en la entrada, esperando ser tomados en cuenta.
Desde lo ocurrido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), junto con otras 11 organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, además de activistas e integrantes del colectivo #SeguridadSinGuerra se han pronunciado en contra de dicha Ley, argumentando que busca perpetuar la militarización de la seguridad pública y la violencia en el país, lo cual conduce a potenciales riesgos de violaciones a los derechos humanos.
A consecuencia de este panorama, el pasado 19 de enero, la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Para dar un marco de referencia previo que contextualice esta decisión de la Comisión Operativa Nacional, así como la indignación de varias ONG (nacionales e internacionales) y otras manifestaciones como la llevada a cabo el 17 de diciembre pasado en la Ciudad de México y otros estados del país, habría que retomar primero los puntos clave de esta Ley y sus implicaciones en la vida de los ciudadanos de este país.
¿En qué consiste la Ley de Seguridad Interior?
A partir de 2006 a la fecha, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y el sexenio de Enrique Peña Nieto, no ha habido un cambio sustantivo en las políticas de seguridad, la continuidad se puede constatar en aspectos significativos como:
- *La continuidad del despliegue castrense en el territorio nacional.
- *El abandono de la democratización y el fortalecimiento de las policías civiles.
- *La persistencia de la violencia homicida de esta estrategia fallida ha cobrado 234 mil vidas, cifras que continúan aumentando cada a día.
- *Las graves violaciones a los derechos humanos dan cuenta de esta continuidad y explican que el saldo de la década de guerra contra el narcotráfico arroje saldos tan lamentables.
En los últimos once años las políticas de seguridad en México han sido contrarias a los derechos humanos de todos los mexicanos, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por el Poder Legislativo y publicada por el Ejecutivo legaliza estas políticas y da continuidad al modelo de seguridad fallido y a la militarización del país.
La Ley de Seguridad Interior aprobada establece un esquema en que el presidente de la República puede ordenar el despliegue intensivo de las fuerzas federales, incluyendo desde luego a las Fuerzas Armadas, en algún municipio, región o estado del país cuando ahí se considere que ha ocurrido una afectación a la seguridad interior.
No garantiza la preeminencia de los controles civiles, la rendición de cuentas, la transparencia ni el respeto a los derechos humanos y es omisa en generar incentivos claros para el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública que realiza hoy y a futuro, ni tampoco en lo que se refiere al fortalecimiento progresivo de las policías civiles.
Los principales problemas y deficiencias de las iniciativas presentadas han sido señaladas y desarrolladas por el colectivo #SeguridadSinGuerra y las aportaciones de análisis del informe sobre Seguridad del Centro Prodh, titulado Perpetuar el Fallido Modelo de Seguridad, en donde se explica detalladamente que los principales problemas que tiene esta Ley son la violación al principio de legalidad, de constitucionalidad, de convencionalidad, de previsible inefectividad para reducir la violencia y de abierta violación a los derechos humanos.
La postura de Movimiento Ciudadano
El diputado ciudadano Jorge Álvarez Máynez encabezó la Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, que presentó ante la SCJN el pasado 18 de enero del año en curso. Declaró que al ser presentada en un proceso electoral, al cuestionar el derecho a la libre reunión y a la libre manifestación de ideas, pone en riesgo libertades que afectan los derechos político-electorales de los mexicanos.
Como portavoz de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, el diputado reiteró su confianza en la SCJN, calificándola como una de las instituciones salvaguarda de la República, y añadió el deseo de que las controversias que presentaron diversos municipios y las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado fueran resueltas antes de los momentos más álgidos del proceso electoral”, anticipando que “sería lamentable que esta discusión se traslapara con el proceso electoral”, ya que se trata de un asunto de interés nacional, como lo prueban las preocupaciones externadas por instituciones civiles, académicos, expertos e incluso las máximas autoridades internacionales en materia de derechos humanos.
Además del diputado ciudadano, el grupo que asistió a presentar dicha Acción de Inconstitucionalidad estuvo conformado por la Secretaria General de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, Pilar Lozano Mac Donald; la integrante de la Comisión Operativa, Teresa Ochoa; la senadora Martha Tagle; el representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Juan Miguel Castro y el secretario técnico de la Secretaría General de Acuerdos, Jorge Bastida Rodríguez.
En el acto se reiteró que la postura de Movimiento Ciudadano es de absoluta solidaridad con las fuerzas armadas, las cuales actualmente realizan tareas que no les corresponden, y se señaló que es el gobierno federal quien ha desatendido el problema de seguridad al abandonar el fortalecimiento de las instituciones policiales.
En respuesta al cuestionamiento de los medios, el diputado Álvarez Máynez aclaró que se trata de una impugnación a la Ley en su conjunto, ya que se violentó el principio de legalidad, y aunque se centra en los artículos que vulneran las manifestaciones político-electorales, se trata de una demanda ciudadana y no de un reclamo partidista, por lo que se apela al uso racional y lógico de las atribuciones constitucionales que tiene la SCJN.
Además, Álvarez Máynez puntualizó que esta Acción de Inconstitucionalidad se presenta tras un debate extenso en la cámara de diputados y senadores, misma que tuvo la sesión más larga de su historia en la discusión sobre seguridad interior; sin embargo, el resultado fue la aprobación de la Ley sin una sola de las modificaciones sugeridas.
Días más tarde, la SCJN rechazó dicha acción bajo el argumento de que los partidos políticos sólo pueden presentar recursos de inconstitucionalidad en materia electoral y que, en este caso, no lo hacen. Como respuesta, el 26 de enero la dirigencia nacional e integrantes del cuerpo jurídico de Movimiento Ciudadano presentaron un recurso de reclamación por el desecho de la Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior.
La lucha por revertir esta Ley no ha terminado, y en caso de que la Corte vuelva a desechar este recurso, Movimiento Ciudadano buscará otras alternativas legales y constitucionales para actuar. Estamos revisando la posibilidad de que municipios que son liderados por personas que conforman el Frente, presenten controversias constitucionales, y también nos sumaremos a las acciones de la ciudadanía, declaró la senadora Martha Tagle.
