Opinión
Transparencia: condición para dar certidumbre

Armando Lopéz Campa

Armando Lopéz Campa

Diputado Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa

La magnitud de los sismos del pasado mes de septiembre puso de manifiesto las limitaciones de las autoridades para dar respuesta y atender a quienes sufrieron daños a consecuencia de estos sucesos. A diferencia de los acontecidos en 1985, el tiempo de reacción y las medidas tomadas en materia de protección civil fueron más rápidas y concretas. Sin embargo, también se evidenciaron fallas y vacíos tanto en los protocolos de seguridad como en la articulación institucional para atender a la población.

De esta manera, queda asentado el grado de preparación que se debe tener en las ciudades para los desastres que eventualmente ocurren; no bastan los simulacros ante la alerta sísmica, debemos prepararnos para saber cómo actuar después de una catástrofe.

Con el sismo fueron exhibidas fallas por negligencia o corrupción que tuvieron repercusiones inmediatas sobre la población; hubo inoperancia en los sistemas de desalojo de inmuebles por carencia de equipo, por fallas o ausencia de salidas de emergencia; daños estructurales producto de deficiencias en la construcción por uso de materiales fuera de norma e incluso alteraciones o utilización de planos estructurales no autorizados o irregulares, lo que obliga a una inmediata revisión de las regulaciones en materia de construcción y protección civil.

Las irregularidades que han salido a la luz a raíz de los sismos, desde el levantamiento del censo de daños, la canalización de apoyos y la reconstrucción, lejos de abonar en la cicatrización de quienes sufrieron daños, son como sal en las heridas. La atención a damnificados es muy delicada, toda vez que son conciudadanos que atraviesan por situaciones muy difíciles en las que han visto afectado su patrimonio y, en algunos casos, incluso perdido a seres queridos. Por ello, se requiere de mucho tacto y sensibilidad en el trato. Situaciones como el desvío de las donaciones hacia otros fines, clonación de las tarjetas bancarias en las que el gobierno federal deposita la ayuda para reconstrucción, la tardanza en los dictámenes, opacidad en los permisos de construcción, la corrupción inmobiliaria o los errores en los censos, laceran a la ciudadanía. Y aun cuando, en el caso de la Ciudad de México, se hagan esfuerzos por dar respuesta a todas aquellas personas damnificadas por los sismos y exista voluntad expresa para no replicar los errores del 85, reiteradamente se señala que las autoridades son rebasadas, tanto en su capacidad técnica como administrativa.

Por ello, la única vía para dar certidumbre sobre los apoyos y trabajos de reconstrucción es transparentar de manera inmediata los recursos y acciones y poner la información al alcance de todos, para que en cualquier momento se pueda acceder a ella.

El que nuevamente la población, de manera espontánea, se haya volcado a las calles y se haya organizado antes que cualquier autoridad para brindar las primeras tareas de rescate a las personas atrapadas bajo los escombros y atender a aquellos que perdieron su vivienda, y para sorpresa de muchos, con una amplia participación de jóvenes, probablemente sea la mayor muestra de participación ciudadana en los últimos tiempos.

Razón de más para no desestimar las voces de la ciudadanía que, a través de diversas organizaciones, demandan que se hagan públicos: el catastro actualizado; los estudios de peligros, riesgos y acuíferos; el atlas de riesgos actualizado que muestre grietas, hundimientos, subsidencias, inundaciones, incendios, fallas, minas, cavernas, tipo y profundidad de cada suelo; así como los dictámenes estructurales de las edificaciones afectadas por el sismo del 19 septiembre, además de la información detallada de los recursos y decisiones adoptadas que permitan una auténtica rendición de cuentas.

La ciudad ha sido vulnerada, y es urgente la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la ciudadanía; si aspiramos a vivir en un espacio planeado, incluyente, sustentable y resiliente para sus habitantes, la transparencia es condición sine qua non para ello.