Son varios los factores que concurren en el adverso escenario de la educación en México. El más sobresaliente es la ausencia de políticas públicas en materia educativa, consistentes y de largo aliento
Luis Gutiérrez Rodríguez
El martes 17 de abril pasado, el diario Reforma dio a conocer un sondeo muy peculiar, realizado entre mil 500 estudiantes de 15 universidades públicas y privadas de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, según el cual (refirió el periódico) “las preferencias del voto universitario colocan a Ricardo Anaya, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’, en primer lugar con el 45 por ciento de las respuestas, seguido de Andrés Manuel López Obrador de ‘Juntos haremos historia’ en el segundo puesto, con el 21 por ciento”.
El sondeo, agregó Reforma, “colocó en tercer lugar a José Antonio Meade, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, con el 16 por ciento de las respuestas; mientras que la candidata independiente Margarita Zavala, con el 10 por ciento, se ubicó en el cuarto puesto”.
El diario hizo otra precisión: “Al mostrar los resultados por ciudad, Anaya aventaja en Monterrey con el 55 por ciento, Guadalajara con el 49 por ciento, pero en la Ciudad de México se dio un empate de 31 por ciento entre él y López Obrador, candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), quien en Guadalajara obtuvo el 16 por ciento y en Monterrey el 14 por ciento”.
Estos datos merecen reflexión. ¿Qué significan? Y la respuesta, más allá de los resultados electorales del próximo primer domingo de julio, parece sólo una: esperanza. La juventud espera.
Rezagos elementales
El martes 18 de abril del año pasado, la senadora panista (por el Estado de México), Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales, presentó ante el pleno senatorial el informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2017: juventud, competencias y emprendimiento”, que consignó con claridad: “En México hay un panorama poco esperanzador por los rezagos en las necesidades elementales de la juventud”.
Para aprovechar el potencial de los jóvenes, dijo entonces la legisladora del PAN, es necesario brindarles oportunidades que favorezcan una estructura económica, con empleos de calidad y derechos laborales plenos.
Recogió sus palabras el boletín 1462 del Senado: “México tiene tasas altas de deserción escolar y un bajo índice de finalización de ciclos escolares; por lo que, dijo, es indispensable generar políticas públicas con perspectiva de juventud y realizar asociaciones multisectoriales que promuevan sus derechos”.
Sostuvo asimismo que es necesario poner atención a las actuales dimensiones de exclusión, como la falta de empleos de calidad, buenos servicios, educación, salud y participación ciudadana canalizada… México aún es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayores proporciones de jóvenes que no trabajan, no estudian y tampoco reciben capacitación alguna (jóvenes “ninis”).
Los “ninis” representaban el año pasado el 22 por ciento de la población mexicana de 15 a 29 años de edad, cifra superior al promedio de la OCDE, que es del 15 por ciento. El 80 por ciento de los “ninis” son mujeres. Los jóvenes en condiciones de pobreza (extrema, moderada y vulnerables) constituían más del 87 por ciento de este grupo; además existe una brecha de género, pues las jóvenes mexicanas tienen tres veces más probabilidad de no tener empleo, no estudiar o recibir capacitación, en comparación con los hombres.
Lo importante es que casi cinco años atrás, en 2012, a unas semanas de que tomara posesión el actual jefe del Poder Ejecutivo Federal, la Dirección General de Investigaciones Legislativas: Política y Estado, que forma parte del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, presentó con datos duros un estudio (titulado “Panorama de la Juventud Mexicana”) que revelaba que la población juvenil (de 12 a 29 años) había aumentado a más de 37 millones y representaba entonces más del 30 por ciento del total de la población, el mayor en la historia del país.
Es decir, la población en edad de trabajar era hace cinco años mayor que la dependiente (niños y adultos mayores) y, por tanto, el potencial productivo de la economía debiera ser mayor.
Datos del INEGI
A fines de ese mismo 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hizo la “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”, la cual refiere que poco más de 15 millones de jóvenes trabajaron ese año y equivalieron al 31.47 por ciento de la población económicamente activa. De esta población, sólo el 35 por ciento tuvo acceso a instituciones de salud. Otro dato de aquella encuesta del INEGI: poco más de la mitad ganó menos de dos salarios mínimos al mes (51.8 por ciento) y sólo el cinco por ciento tuvo ingresos superiores a cinco salarios mínimos.
El estudio también reveló que entre los jóvenes la Población Económicamente No Activa ascendió a 15 millones 407 mil 187 (43 por ciento del total nacional). De ellos, más de 9 millones sólo se dedicaron a estudiar; el resto se convirtió en más de 6 millones de “ninis” en el país, de los cuales cinco millones fueron mujeres que se dedicaron a quehaceres domésticos. Señaló la encuesta, asimismo, que más de un millón de mexicanos entre 12 y 29 años de edad estaban subocupados.
Según el “Panorama de la Juventud Mexicana” las principales ocupaciones de la juventud nacional son: trabajadores industriales; artesanos y ayudantes (cuatro millones); comerciantes (2 millones 800 mil); trabajadores en actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas, caza y pesca (2 millones 150 mil), y oficinistas (1 millón 500 mil).
Educación: primera reforma
En mayo de 2017, El Ciudadano publicó un análisis sobre las dos reformas educativas implementadas durante la actual administración federal. Ninguna de las dos satisfizo las expectativas ni las esperanzas de la juventud mexicana.
Bajo el título de “¿Hacia dónde? ¿Por dónde? ¿Con qué?”, El Ciudadano señaló entonces que “al abrigo del Pacto por México, el Congreso de la Unión aprobó entre 2012 y 2014 más de una docena de ‘reformas estructurales’ impulsadas por el Presidente de la República. Una de ellas fue señalada como la más importante: la ‘reforma educativa’, a la que se le aplicó la vía rápida: se aprobó en febrero de 2013”.
“Desde entonces se aseguró que se llegaría a la ‘calidad educativa’ con la aniquilación de ‘privilegios’ del magisterio (disidente), al que le endilgaron requisitos de ‘competitividad y evaluación’. Asomó también otra intención: el abandono paulatino de la obligación educadora del Estado, que data de 1917. Autonomía de gestión y responsabilidad compartida fueron términos empleados para este propósito”.
Lo que no apareció por ningún lado fue una propuesta pedagógica sólida, seria. El eje rector de la llamada “reforma educativa” fue la insistencia machacona en la competitividad y la evaluación, de la mano con la suspicacia de echar el sistema educativo nacional en brazos del libre mercado.
Segunda reforma
Cuatro años después (El Ciudadano, edición de mayo de 2017), en marzo y a 20 meses de concluir el sexenio, surgió una segunda reforma educativa, presentada por la SEP como “un nuevo modelo educativo”. Propuesta que en 2013 había brillado por su ausencia, al menos en esos términos.
En declaraciones de ese mes de marzo, Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, explicó que con el nuevo modelo, “cuyos resultados se empezarán a ver en diez años”, se abren tres importantes procesos: nuevos planes y programas de estudio, nuevos libros de texto y la formación continua y capacitación de todos los maestros.
La Reforma Educativa de 2017, dijo Nuño, garantiza el derecho de los niños y jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad, que les proporcione herramientas para superar con éxito los desafíos de un mundo globalizado y cada vez más digital.
Según el titular de la SEP, se puso a las escuelas en el centro de las políticas de educación. Además se creó un Sistema Nacional de Evaluación Educativa que será utilizado como un mecanismo de mejora permanente en beneficio de los alumnos, y no como un instrumento de castigo (suspicacia que recayó sobre la primera reforma).
La dura realidad
En datos oficiales, el sistema educativo de México lo integran 34 millones de alumnos, dos millones de maestros y un poco más de 260 mil planteles. Es el quinto mayor a nivel mundial, sólo por debajo de China, India, Estados Unidos y Brasil.
Pero el tamaño pasa a segundo plano cuando de calidad se trata. Según la encuesta Intercensal 2015 del INEGI, cuatro de cada 100 hombres y seis de cada 100 mujeres de quince años no saben ni leer ni escribir, esto equivale a cuatro millones 700 mil mexicanas y mexicanos (5.5 por ciento de la población) que no tienen preparación suficiente para competir en el mundo global del siglo XXI.
El sistema educativo de México continuó siendo el peor evaluado entre los países de la Organización para la Cooperación Económica (OCDE), de acuerdo con el informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, 07 de diciembre de 2016). Nuestro país estuvo muy por debajo del promedio en ciencias, lectura y matemáticas, con una media de 416 puntos frente a 493 de los 34 países que integran la OCDE.
En datos de 2015, sólo una de cada cinco personas de 25 a 64 años, y una de cada cuatro de 25 a 34, tenían título universitario. Aunque creció de 17 a 25 el porcentaje de mexicanos con educación superior entre 2000 y 2014, aún está lejos del promedio de la OCDE, que subió de 26 a 41 por ciento.
¿Y la expectativa? Dice la OCDE que se prevé que 38 por ciento de los jóvenes mexicanos ingrese a la educación superior en el transcurso de su vida (el promedio de la OCDE es de 67 por ciento). Casi cuatro por ciento de esos jóvenes obtendrá un título de maestría (el promedio de la Organización es de 22) y menos de uno por ciento llegará al doctorado (el promedio en la OCDE es del dos por ciento).
Los maestros mexicanos
Los maestros de México se forman, principalmente, en las Escuelas Normales existentes en el país (muchas creadas en 1883) y en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), fundada en 1978.
Pero en las Normales no hay homogeneidad, algunas de las primeras pasaron a los estados y otras se incorporaron al sistema federal desde 1978. Y las Escuelas Normales Rurales, creadas en contextos diferentes y antes de las federales, acentúan la heterogeneidad. Están en vías de desaparición, como ocurrió con los internados federales de enseñanza secundaria para hijos de trabajadores, creados por Lázaro Cárdenas: desaparecieron en 1960 porque al interior del gobierno de Adolfo López Mateos los llamaron “focos de insurrección”.
Además, no hay certeza sobre los presupuestos locales para las escuelas Normales en México.
Los recursos los asigna el Fondo Especial para la Educación Básica y Normal (Ramo 33 del Presupuesto Federal), que básicamente reportan los gobiernos estatales y cuya información es poca. Nunca queda claro, por ejemplo, cuánto se destina para educación básica y cuánto para educación Normal. A la luz de estos resultados, ¿dónde quedaron las escuelas Normales en las llevadas y traídas reformas educativas?
Los retos son de formación y de actualización docente, más que de evaluación y de castigos en el sistema, señalan los críticos de la propuesta evaluadora. Ello requiere, además, una evaluación del rol de la Normal en la formación de profesores en el país y reconocer la heterogeneidad de todos los planteles.
El Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes (2010-2011) lanzó un llamado de alerta que fue desatendido: de 84 mil 207 aspirantes a profesor de nuevo ingreso, sólo aprobaron 21 mil 753, es decir, el 25.8 por ciento de los aspirantes. Eso quiere decir que, al menos en conocimientos y habilidades docentes, más del 70 por ciento de los formados en Normales, UPN y sistemas privados (la minoría de los concursantes) no cumplen con lo requerido para la docencia en las escuelas de nuestro país. ¿Por qué se desentendió de este problema la Reforma Educativa?
UNAM: 68 mil 358 rechazados en 2017
Acucioso investigador y compañero en Movimiento Ciudadano, Guillermo Arturo Rocha Lira, alumno de la materia “Democracia Eficaz” que imparte el Dr. Tomislav Lendo Fuentes en el Instituto Ortega y Vasconcelos, elaboró recientemente un trabajo que tituló “Problema social: Jóvenes son rechazados del examen de selección a la educación pública superior”.
Consigna Guillermo que en 2015 los lugares ofertados por las principales instituciones de educación superior resultaron insuficientes. En promedio, el 83 por ciento de los aspirantes fue rechazado por la UNAM, el IPN y la UAM. En el concurso de selección para el ingreso a la UNAM 2015-16 se presentaron 222 mil 944 aspirantes, de los cuales sólo fueron aceptados 22 mil 804 jóvenes.
Pero dos años después, en marzo del año pasado, 144 mil 061 jóvenes participaron en el primer examen para ingresar a la UNAM. La institución sólo admitió a 12 mil 472 (8.6 por ciento) y 131 mil 589 no pasaron la prueba. Poco más de tres meses después, a mediados de julio, la UNAM hizo el segundo examen. Resultado: únicamente 4 mil 761 estudiantes (7.99 por ciento) de los 59 mil 530 que lo presentaron obtuvieron un lugar para cursar alguna de las casi 120 licenciaturas que ofrece la institución en modalidades escolarizada, abierta y a distancia. Los rechazados fueron 54 mil 769 (92.01 por ciento). Total: 68 mil 358 rechazados en 2017.
Son varios los factores que concurren en el adverso escenario de la educación en México. El más sobresaliente es la ausencia de políticas públicas en materia educativa, consistentes y de largo aliento. El repentismo y la improvisación han campeado en el curso de casi tres décadas.
¿Qué está pasando?, nos preguntamos muchos mexicanos. Acaso una de las respuestas silenciosas y severas está en el lamentable manoseo político que algunos gobernantes han hecho de una institución clave para el desarrollo de México: la Secretaría de Educación Pública.
Baste recordar solamente la talla de mexicanos como Justo Sierra, José Vasconcelos, Ezequiel Padilla, Narciso Bassols, Ignacio García Téllez, Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez, José Ángel Ceniceros, Víctor Bravo Ahuja, Fernando Solana y Jesús Reyes Heroles, que han sido titulares de la Secretaría de Educación Pública.Ahí están los resultados.
La educación sigue en espera de una revisión a fondo… Y millones de jóvenes mexicanos esperanzados también.