Existe un gran reto en lograr que la ciudadanía participe activamente en los asuntos comunitarios, en sus distintas vertientes, para que ese “poder ciudadano” se haga sentir en toda su expresión
La narrativa actual en torno a la evolución de nuestra democracia se basa en el argumento toral de darle el poder a los ciudadanos, que al final somos los que ponemos y quitamos a nuestros representantes en el gobierno y elegimos la forma en que queremos vivir y que nos gobiernen. La gran pregunta es: ¿estamos los ciudadanos dispuestos y preparados para ello?
Desafortunadamente, la respuesta actual a esta pregunta parece ser NO. Lo cual se infiere principalmente por la baja participación ciudadana en asuntos públicos. En nuestro estado de Nuevo León, y seguramente en la mayoría de las entidades federativas, las estadísticas muestran esta realidad, ejemplificada con los siguientes resultados sobre indicadores relevantes:
- Sobre la participación política, asistir a manifestaciones o protestas constituye la forma más recurrida por la ciudadanía nuevoleonesa, pero interviene en esta menos de un 10 por ciento de la población; en la participación en bloqueos, menos del siete por ciento; en la asistencia a reuniones de cabildo, sólo un tres por ciento, y en la firma de peticiones un dos por ciento.
- La participación electoral de la ciudadanía neolonesa ha presentado un decremento en los últimos 20 años, pasando de un 75.34 por ciento en 1994 a 58.53 por ciento en el 2015.
- En cuanto a la desvinculación social de la ciudadanía, el informe oficial a nivel nacional demuestra que el 46 por ciento de los mexicanos no han pertenecido (en el pasado ni en la actualidad) a una asociación de ningún tipo y un 65 por ciento no dispone de ninguna relación que constituya un contacto de intermediación para acceder a la justicia, al gobierno o a recursos políticos comunitarios. Por ello, se concluye que las redes sociales no tienen un alcance más allá de la familia, el vecindario, algunas amistades y asociaciones de tipo social o religioso.
- Otra causa importante que impacta directamente a la participación en los asuntos políticos públicos es un marcado sentimiento de desconfianza en sus semejantes como una característica de la ciudadanía mexicana. El informe oficial a nivel nacional cita que 94 por ciento de la población mexicana expresó en el pasado que «no se puede confiar en la gente, pues va a aprovecharse de usted».
A nivel país, en el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), México se sitúa en una posición media entre los países latinoamericanos, con un 58.2 por ciento de ciudadanos que participan en algún tipo de asociación; se destacan Haití, Bolivia, Dominicana, Perú, Ecuador, Paraguay y Guatemala con más del 70 por ciento; aunque, por otro lado, países como Chile, Argentina, Panamá, Brasil y Costa Rica tienen un resultado menor al 50 por ciento.
En este informe, la participación más alta de ciudadanos mexicanos en organizaciones es del 34.8 por ciento en Asociaciones de Padres de Familia. Se destacan los bajos porcentajes de participación en partidos políticos, con un 10.4 por ciento, en comparación con un promedio del 15 por ciento de los países latinoamericanos. En lo referente a Comités o Juntas de Mejoras Comunales, México cuenta con una participación ciudadana del 21 por ciento, la cual es muy cercana al promedio latinoamericano del 24 por ciento. Es decir, ¡sólo uno de cada cinco participa en lo que atañe a su entorno comunitario más cercano!
Tuve la oportunidad, al lado de un grupo de vecinos entusiastas, de crear hace un par de años la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de la colonia donde resido y la colonia vecina. Presidí la Mesa Directiva inicial donde estaban representadas ambas colonias. Tuvimos logros muy importantes, sobre todo relacionados con el incremento de la seguridad y los servicios públicos. A lo largo de nuestra gestión, el compromiso y esfuerzo de los integrantes de la Mesa Directiva fueron realmente ejemplares. Se logró una coordinación efectiva con las diferentes instancias de la autoridad de nuestro estado. Sin embargo, desafortunadamente la participación de la mayoría de los vecinos fue muy escasa. Menos de un 17 por ciento de los vecinos cumplieron con las contribuciones aprobadas al inicio de nuestra gestión; muchos opinaron, pero muy pocos participaron en las encomiendas comunitarias, y como tristemente era de esperarse, no faltó el grupo de vecinos que se dedicó a buscar cualquier pretexto para demeritar la labor realizada, utilizando en este caso las redes sociales para tales fines. A la mayoría de los que invirtieron su tiempo, esfuerzo y hasta recursos propios, les quedó un “mal sabor de boca”. Este tipo de experiencias –al parecer comunes según los dichos de diversos presidentes de colonias- desalientan la participación de los vecinos en los asuntos comunitarios.
Hemos hablado acerca de las acciones que emprende la ciudadanía para lograr un resultado concreto respecto de una situación que les afecta directamente. Por otro lado, tenemos la posibilidad de usar los mecanismos o instrumentos de participación ciudadana (consulta popular, revocación de mandato, presupuesto participativo, contralorías sociales, etcétera) ya disponibles en las legislaciones locales. Ante la necesidad de atender la baja participación ciudadana en los asuntos políticos públicos, los dos aspectos señalados (participación ciudadana e instrumentos legales vinculantes de participación) deben ser solucionados de raíz mediante diversas actividades; pero sobre todo es importante socializar y difundir propiamente su significado, sus alcances y su forma de operar desde la posición ciudadana.
A raíz de la reciente entrada en vigor de dichos mecanismos, en Nuevo León se han promovido un par de consultas ciudadanas: una solicitada por Movimiento Ciudadano en la modalidad de plebiscito –que por cierto tiene el honor de ser la primera en Nuevo León-, sobre la aprobación de un Corredor Integral Constitución-Morones Prieto, que lleva implícita la posibilidad de instalar canchas sobre el Río Santa Catarina. La otra, promovida por dos mil 800 ciudadanos de San Pedro –se requerían dos mil cuatro-, para consultar en las próximas elecciones acerca de la preservación de las áreas verdes municipales como patrimonio de Garza García. Lo anterior con el propósito de frenar la construcción de un edificio de oficinas que el municipio pretende desarrollar. Para poder pasarla debe contar con la aprobación de, cuando menos, 35 mil sampetrinos.
Sumando todas las consultas aprobadas hasta la fecha, incluyendo la de preguntar a los ciudadanos si quieren casetas de primeros auxilios en los parques, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL) estima un costo estratosférico para poder realizarlas: 32 millones de pesos.
Si bien todas estas consultas representan temas sensibles a poner en consideración de la ciudadanía, habrán de probar en los hechos tener el peso necesario como para justificar el costo mencionado; además de que se genere la percepción de que realmente se hizo sentir el poder ciudadano a través de los mismos. Esto es sumamente importante para construir la narrativa que permita incorporarlos como prácticas efectivas para incidir y decidir sobre los asuntos públicos.
En conclusión, existe un gran reto en lograr que la ciudadanía participe activamente en los asuntos comunitarios, en sus distintas vertientes, para que ese “poder ciudadano” se haga sentir en toda su expresión. Dado que se trata de una situación que involucra muchos factores, nos quedamos con el modelo y las líneas de acción que propone la CEENL en el estudio mencionado, que mostramos a continuación. Por el lado del uso de los instrumentos legales de participación ciudadana, el reto sigue siendo buscar aquellos asuntos en los que la ciudadanía pueda constatar fehacientemente su poder una vez instrumentados.
Avanzando proactivamente en ambas vertientes tendremos no sólo ciudadanos de tiempo completo, es decir de 365 días, sino ciudadanos participativos desde todos los ángulos, esto es, de 360 grados.