DESPUÉS DE 80 AÑOS DE OPROBIOSO EJERCICIO DEL PODER, ES TRIVIAL Y HASTA IRRESPONSABLE SUPONER UN FATALISMO SUICIDA ENTRE LOS MEXICANOS. TODO LO CONTRARIO, EN SUS MANOS ESTÁ HOY EL CAMBIO DE RUMBO QUE NECESITA EL FUTURO DEL PAÍS, DE SUS FAMILIAS, DE SUS HIJOS. Y EL ÚNICO CAMINO POSIBLE ES CAMBIAR PARA AVANZAR.
Este mes de junio culminará el proceso electoral más competido y agitado que ha vivido la democracia de nuestro país en las últimas décadas. Entre los 3 mil 400 cargos en disputa, uno será el eje rector de los comicios: la elección del próximo jefe del Poder Ejecutivo Federal de entre cuatro candidatos.
Pero la situación por la que atraviesa nuestro país, la impotencia gubernamental para erradicar la corrupción (¿se puede gobernar con ese ejemplo?), la presencia de las más brutales expresiones de criminalidad e impunidad en la mayor parte del territorio nacional, la persistencia de la pobreza en la que viven casi 60 millones de connacionales, la falta de oportunidades para más de 30 millones de jóvenes, la inequidad y la desigualdad que agobian a México, plantean la necesidad urgente de que la elección de Presidente de la República conlleve en esta ocasión un impostergable cambio de régimen para la Nación.
¿Cuántos de los 87 millones 800 mil ciudadanos registrados en el padrón electoral acudirán a las urnas el próximo domingo 1° de julio? Nadie podría responder con mediana exactitud a esa pregunta. Sobre todo porque el entorno ha sido contaminado por la incredulidad y la desconfianza. No obstante, cálculos apoyados en comportamientos anteriores apuntan hacia una abstención alta: 35 millones 800 mil electores.
Algunos analistas suponen que, de ser así, el domingo 1° de julio alrededor de 57 millones de mexicanos estarán ante una triple (pero endeble y engañosa) disyuntiva: 1) Cambiar para avanzar; 2) Continuar igual para empeorar, y 3) Retroceder para aniquilar la esperanza y los sueños de bienestar de millones de mexicanos.
Endeble y engañosa disyuntiva, decimos, porque después de 80 años de oprobioso ejercicio del poder, es trivial y hasta irresponsable suponer un fatalismo suicida entre los mexicanos. Todo lo contrario, en sus manos está hoy el cambio de rumbo que necesita el futuro del país, de sus familias, de sus hijos. Y el único camino posible es cambiar para avanzar.
Es hora de hacer realidad la esperanza de millones de mexicanos con un gobierno atento al mandato ciudadano y a la resolución de los problemas sociales; con un programa realista, factible y digno. México debe cambiar, va a cambiar, con la participación ciudadana que desde siempre ha impulsado Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), hoy convertida en sólida fuerza electoral en el seno del Frente Ciudadano por México que integran además los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
Nuestro Programa de Gobierno
Hace meses que los aspirantes a los cargos de elección popular que se dirimirán el domingo 1° de julio, con Ricardo Anaya Cortés como candidato a Presidente de la República de la coalición Por México al Frente, han transmitido a millones de ciudadanos el plan de gobierno para combatir y resolver los graves problemas que aquejan a los mexicanos.
Documento central de nuestros propósitos es el que desde noviembre de 2017 denominamos Apuntes para un Plan de Gobierno. Está nutrido en propuestas aportadas en una amplia consulta social entre organizaciones civiles de ciudadanos independientes, empresarios preocupados por la situación del país y opiniones vertidas de una serie de foros internacionales realizados el año pasado, pero también en los principios que alientan a nuestra organización, desde que se llamó Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. Esa consulta no ha concluido.
Con inevitables omisiones por motivos de espacio, debido a las cuales ofrecemos una disculpa a los lectores, de apretada síntesis exponemos a continuación los objetivos esenciales del gobierno de coalición que instauraría Por México al Frente a partir del 1° de diciembre de 2018.
Escenario, demandas y propuestas
México padece tres problemas principales: la inseguridad, la corrupción y la desigualdad. Los tres están relacionados y son causa grave de las muchas dificultades que afrontan los ciudadanos. A partir de los diagnósticos derivados del estudio de esos problemas, afirmamos:
- La seguridad es la obligación esencial del gobierno. Se garantiza, no se decreta. Por lo tanto, no debe ceñirse únicamente al combate contra la delincuencia organizada, sino extenderse hacia la protección cotidiana de las personas para que gocen plenamente de sus derechos.
- La corrupción es consecuencia del aprovechamiento de los puestos y presupuestos públicos para fines diferentes a los que justifican su existencia. Combatirla exige una profunda reforma que abarque todos los niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
- La desigualdad no debe ser atendida desde una política social de carácter asistencialista ni compensatorio, como la realizada hasta ahora con adversos resultados.
El nuevo régimen que impulsa nuestra coalición combatirá a fondo estos tres problemas mediante el nuevo pacto político y social que proponemos.
El poder ciudadano
- Vamos por la construcción de un nuevo federalismo, con pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión y todos los órdenes de gobierno.
- Es inadmisible que una minoría haya bloqueado durante décadas, mediante el control de los espacios de decisión política y económica, las oportunidades de crecimiento igualitario.
Desigualdad y pobreza
En México la distribución de la riqueza es brutalmente inequitativa: el 80 por ciento de los activos financieros se concentran en el 10 por ciento de las familias y el 10 por ciento de las empresas del país concentran el 93 por cieneto de los activos físicos.
- Proponemos un salario mínimo digno (suficiente) para los trabajadores.
- Ejercer una rigurosa planeación democrática de corto, mediano y largo aliento por conducto de un Consejo Económico y Social incluyente, con participación de los sectores empresarial, laboral, académico y liderazgos sociales.
- Redefinir la política social del país para que efectivamente contribuya a reducir pobreza, marginación y desigualdad, aspectos fundamentales para garantizar el desarrollo humano.
- Atacar las causas estructurales de la pobreza para transformar la política asistencialista, asegurarar la igualdad de oportunidades y de acceso a bienes y servicios como la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y la cultura.
Educación
- Garantizar el acceso de los jóvenes a la educación y la capacitación. Uno de los principales objetivos, entre otros, es que no haya más rechazados en la educación superior.
- Promover programas de dignificación magisterial con pleno cumplimiento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y que además les aseguren capacitación, profesionalización y actualización continuas.
- Impulsar la transición hacia una economía digital y del conocimiento.
- Fomentar la inserción social y económica de las personas con alguna discapacidad y adecuar la infraestructura pública y privada a ese propósito.
- Iniciar el proceso de armonización legislativa que se requiere para que la legislación nacional y las leyes estatales retomen y garanticen los derechos, principios y acciones que consagra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Salud y desarrollo humano
- Promover una integración de las instituciones de salud que elimine su actual fragmentación. Se constituirá un Fondo Único para la Salud.
dades y se fortalecerán con recursos suficientes programas de educación para la salud. - Será prioritaria la prevención de las enfermedades y se fortalecerán con recursos suficientes programas de educación para la salud.
- Políticas públicas que promuevan una calidad de vida digna y saludable para adultos mayores.
- Garantizar el abasto de medicamentos en la red hospitalaria pública.
- Crear un programa integral de consulta y hospitalización en domicilio.
Gasto, vivienda, transporte, pensiones…
- Mediante un Sistema Nacional de Vivienda, se propone incrementar los créditos para sus derechohabientes, que incluyan autoconstrucción y extensión de vivienda.
- Desarrollar soluciones habitacionales urbanas asequibles para la población
- Implementar nuevas normas jurídicas para impedir la especulación con los suelos para vivienda urbana.
- Intensificar el transporte marítimo de cabotaje en nuestros litorales.
- Garantizar pensión suficiente para un retiro digno e incrementar las aportaciones para el fondo de retiro.
- Promover la participación de las mujeres en la vida económica del país mediante programas de becas, capacitación, créditos y estímulos fiscales.
- Implementar políticas públicas orientadas a garantizar los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, con el fin de erradicar su marginación social y económica.
- Crear estrategias de desarrollo que permitan sacar del atraso y la pobreza a nuestras comunidades indígenas, con respeto a su cultura y usos y costumbres.
Política económica
- Modificar la política económica actual. La orientación del gasto público, especialmente en materia de infraestructura y prestación de servicios públicos federales, locales y municipales, será determinada por el propósito de erradicar la pobreza e igualar las condiciones de desarrollo entre regiones, grupos y personas.
- Impulsar una política fiscal más justa y una política económica que no sólo cancele los monopolios, sino que evite la acumulación excesiva de la riqueza en detrimento de los grupos desfavorecidos.
- El Estado pugnará por que haya empleos bien pagados, que se incremente la capacidad adquisitiva de los salarios y que tanto el sistema financiero como la banca de desarrollo contribuyan a promover mejores condiciones para la inversión destinada a combatir la pobreza extrema y reducir la desigualdad en los ingresos.
- Simplificar el sistema de recaudación tributaria. Se erradicarán los actos de corrupción en la asignación del gasto público.
- Establecer límites de endeudamiento por sector, dependencia y estado. Se propondrá al Congreso de la Unión un Consejo Fiscal Nacional.
- Revisar el incremento al impuesto a las gasolinas y su efecto inflacionario sobre la economía en general.
- Ampliar la base de contribuyentes mediante la incorporación de los sectores informales de la economía al régimen fiscal.
- Mejorar los mecanismos de control en la recaudación mediante el combate a la evasión y elusión del pago de impuestos, en particular de los grandes contribuyentes.
Cultura
- Democratizar el acceso a los bienes y servicios culturales como derechos humanos.
- Incorporar el enfoque de industrias culturales en las políticas públicas sobre cultura, y vincularlas con las políticas de desarrollo económico.
- Fortalecer la diversidad cultural regional del país y descentralizar los programas culturales para estimular que las instituciones estatales y privadas sean copartícipes en el diseño y financiamiento de las actividades en la materia.
- Promover valores de identidad cultural que susciten la cohesión social y el orgullo nacional.
- Promover el desarrollo cultural y la creatividad entre la niñez y la juventud por medio de la educación y de una mayor participación en eventos culturales.
- Instaurar un programa de inversión en cultura con participación de los sectores público y privado. Este objetivo incluye la recuperación de espacios públicos que propicien la cohesión social.
- Promover canales comerciales (internos y externos), sin intermediarios, para los productos artesanales fabricados por diversas comunidades del país. Es imperativo garantizar remuneración justa por el trabajo realizado.
- Establecer una política de Estado que fomente la cultura cívica y la formación ciudadana.
- Recuperar el papel de la educación en la formación cívica de la sociedad, con un sentido nacional que fomente la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural y las diferencias.
- Educar para la democracia con programas que alienten el pensamiento crítico, promuevan los valores democráticos y la formación de una cultura ciudadana.
- Desarrollar programas que apuntalen la cultura y los usos y costumbres de las comunidades indígenas, sin más límite que el respeto al marco legal del país, a los derechos humanos, a la equidad de género y a la igualdad de oportunidades para sus integrantes.
- Detener la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales.
- Impulsar el desarrollo de empresas limpias y ambientalmente sostenibles que contribuyan al desarrollo económico y social del país, basadas en la explotación racional de los recursos, con evaluaciones ambientales estratégicas, límites de contaminación, gestión de residuos y condiciones saludables para los trabajadores.
Política exterior
- Autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de las controversias; igualdad jurídica de los Estados; cooperación internacional para el desarrollo; respeto, protección y promoción de los derechos humanos, y lucha por la paz y la seguridad internacionales. Estos son principios constitucionales inamovibles, los respetaremos y los alentaremos.
- Redefinir la relación estratégica con Estados Unidos mediante un enfoque integral, a partir de nuestra dependencia mutua y vecindad geográfica, priorizando los intereses de México.
- Impulsar el diálogo con el Congreso de Estados Unidos para posicionar el interés nacional de México en temas sensibles como la política migratoria, la seguridad y el libre comercio en América del Norte.
- Fortalecer la defensa de los derechos humanos y laborales de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y el resto del mundo.orporar en los acuerdos de libre comercio que suscriba México, en particular con Estados Unidos, cláusulas relativas al flujo migratorio, los derechos de los trabajadores y los asuntos medioambientales.
- Promover un nuevo programa de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, que aliente la reducción de la violencia y la seguridad ciudadana.
- Garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de los inmigrantes, principalmente centroamericanos, en su tránsito por nuestro país.
Diversificar las relaciones de México con otros países y regiones del mundo.
Un programa de gobierno para la seguridad
Más allá de las duras estadísticas que preocupan a la sociedad, proponemos entre muchas otras medidas:
- Reestablecer el Estado de Derecho en zonas críticas y poner en marcha estrategias para enfrentar a la delincuencia y la violencia desde sus causas estructurales, lo que incluye recuperar espacios públicos, mejorar la calidad de vida de las personas, crear empleos y atraer inversiones.
- Se va a diseñar e implementar una política integral de seguridad humana para que todos los mexicanos y mexicanas gocen de su derecho inalienable a vivir en un entorno seguro, sin dejar de atender las causas estructurales de la violencia y la delincuencia.
- En relación al consumo y tráfico de drogas, implementar una política integral para la reducción de daños y riesgos y la desarticulación de las organizaciones de delincuencia organizada.
- Rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública con una nueva instancia de Seguridad Ciudadana separada de la Secretaría de Gobernación.
- Implementar programas de inclusión y atención para niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en contextos y entornos de violencia.
- Reformular la estrategia contra la delincuencia organizada. Debe privilegiarse el uso de la información de inteligencia para desarticular grupos delictivos y combatir el lavado de dinero.
- Armonizar las legislaciones penales de los estados.
- Promover la prisión preventiva en los casos de acopio, transporte y portación de armas.
- Identificar y desarticular con severas sanciones penales las redes de corrupción entre políticos, funcionarios públicos, empresarios y organizaciones criminales, mediante el reforzamiento de la unidad de inteligencia financiera y su coordinación con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Llevar a cabo una nueva reforma electoral y penal que tipifique y castigue los delitos por recibir recursos del crimen organizado.
México necesita una profunda reforma del gobierno, capaz de poner al día el marco normativo, la distribución de competencias entre niveles y órganos de Estado, así como las prácticas y los procedimientos de todas las administraciones públicas. Comprendemos que esa reforma requiere, sin embargo, de una firme conducción que defienda los principios por encima de los intereses, que enfrente a los aparatos políticos y a los intermediarios que se han adueñado de la vida pública y que diseñe e implemente las políticas públicas aquí brevemente enunciadas. Todo lo anterior desde el reconocimiento explícito de los errores cometidos por los gobiernos anteriores y sobre la base de la colaboración democrática entre gobernantes y ciudadanos.n