Luis Gutiérrez Rodríguez
En 2016 salió a la luz pública un exitoso ensayo del periodista español Sergio del Molino: «La España vacía». Como el título insinúa, se refiere al abandono del mundo rural en ese país (y de hecho también en buena parte de Europa).
En marzo de 2017, en una sinopsis crítica de la obra, la también periodista española Beatriz González escribió: “Al lado de grandes urbes europeas, con sus flamantes autopistas y trenes de alta velocidad, nos encontramos con otra España interior que se va desangrando poco a poco, perdiendo una fuerza demográfica que lleva basculando hacia las ciudades más de medio siglo”.
Del Molino (añade Beatriz) denomina a esta ruptura con el campo «el Gran Trauma», que no dejó otra opción a campesinos que languidecían en sus campos yermos, frente a la necesidad imperiosa de industrializar a toda prisa las principales ciudades del país.
El escenario descrito por Del Molino me induce a reflexionar sobre el riesgo de que las vastas comunidades campesinas de México se queden vacías antes de lo que imaginamos.
Nuestro ajetreado país está entre los 15 más grandes del mundo. Tiene una superficie de 196 millones de hectáreas, de las cuales el 51 por ciento la constituyen núcleos rurales.
En respuesta a la demanda que enarboló Emiliano Zapata durante la Revolución Mexicana, en 1915 inició el “reparto agrario”, lento proceso que habría de durar 77 años, hasta 1992. En esa etapa a los campesinos les fueron entregadas alrededor de 105 millones de hectáreas distribuidas en tierras ejidales y comunales, superficie equivalente al 52 por ciento de la nacional.
La paradoja (y el riesgo al que nos referimos líneas arriba), es que el crecimiento demográfico, la modernización, la industrialización, la urbanización y en general la globalización de las economías ejercen creciente presión sobre el campo mexicano.
Al igual que en otros países, el rápido avance de las comunicaciones, las modernas autopistas, los grandes aeropuertos, los puertos industriales y el Internet resultan visiones lejanas e incomprensibles para el día a día de los campesinos, o lo que queda de ellos. ¿Por qué? Porque son inversiones que benefician al capital privado, no al sector social que representan mujeres y hombres del campo.
Hace 44 años, en Estructura agraria y clases sociales en México (Ediciones Era S.A. México, 1974), el antropólogo y académico mexicano Roger Bartra advirtió sobre los puntos principales de esa presión:
- Mayor producción de comestibles para una población urbana que se expande rápidamente.
- Mayor producción de materias primas.
- Producción de exportaciones para poder financiar la importación de insumos industriales.
- Creciente oferta de mano de obra para satisfacer la demanda de los sectores urbanos industriales.
- Ahorros para ser usados en inversiones industriales y de infraestructura.
Llegó además la escasez de tierras para repartir. Gobiernos como los de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés impulsaron mayores apoyos crediticios al capital privado industrial y agrícola exportador. Ejidatarios y comuneros quedaron al margen del brío modernizador. Sobrevino la emigración de miles de familias (hombres, mujeres, jóvenes y niños) del campo hacia los grandes centros urbanos para buscar empleo, alojamiento y comida. Otros miles fueron atrapados por el sueño americano.
Y el flujo sigue: compatriotas que traen consigo a esposa e hijos llegan todos los días a los barrios pobres de las grandes ciudades o a la frontera norte, empujados por un modelo de desarrollo en cuyos objetivos no figuran, salvo para llenar estadísticas de políticas sociales clientelares que no generan empleos. En este penoso trasiego se acumulan las historias de abuso y atropellos inhumanos contra las mujeres.
Según el investigador agropecuario José Chávez Vargas, otra amenaza se cierne sobre el campo mexicano: envejece rápidamente. La edad promedio de los campesinos es de 63 años y podríamos estar ante la última generación de estos valiosos compatriotas. Quizás en diez o 15 años, esos productores ya no estarán en condiciones de trabajar la tierra y sus descendientes ya no vivirán en el medio rural.
En 2004 se creó el programa “Joven Emprendedor Rural” para alentar el arraigo de la juventud campesina en sus comunidades. Mediante contratos y pagarés con el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), en los dos años siguientes se apoyaron 2 mil 85 proyectos en 14 entidades federativas mediante 27 mil 414 pagarés por 526 millones 900 mil pesos, para “proyectos económicamente rentables”.
Pero en septiembre de 2007, “como un acto de justicia social derivado del desafío económico que enfrenta nuestro país”, el Comité Técnico del FIFONAFE canceló los pagarés firmados por los beneficiarios del programa “a fin de brindar seguridad para que hombres y mujeres del campo continúen esforzándose”. Punto.
El problema crece. ¿Dónde están las respuestas, las soluciones, las propuestas para atenderlo? ¿En el extenuado y agónico TLCAN? ¿Quién dijo yo? ¿México vacío?