La violencia sólo puede ser disimulada por una mentira y la mentira sólo puede ser mantenida por la violencia.
Luis Gutiérrez TWITTER @lugrodLuis
«Estado fallido”, fueron las palabras con que calificamos hace diez meses, en enero del año en curso, el desolador panorama de crimen, frustración y violencia que nos ofreció Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo, en una reunión especial con los directivos de Movimiento Ciudadano.
Los hechos confirmaron sus palabras: 2017 fue el peor año en la historia reciente del país en materia de violencia; con datos obtenidos en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad: más de 28 mil 700 ejecuciones del crimen organizado. Los expertos calculan que en 2018 se rebasará con creces esa cifra, de modo que el gobierno de Enrique Peña Nieto cerrará su sexenio con alrededor de 31 mil víctimas de la violencia.
Pero inevitable e infortunadamente, hablar de violencia en el México de hoy va más allá de las estadísticas espeluznantes de la fallida guerra contra las bandas y la derrota impune y estrepitosa del gobierno de los Estados Unidos contra el consumo de drogas en el país vecino.
Mal arraigado
Numerosos sociólogos e historiadores encuentran la raíz de la violencia en México en la Conquista española y el sistema colonial que se instaló en el curso de casi 300 años, hasta la Independencia, con su costumbre autoritaria del mando, valores, vicios, conductas, sometimiento de los vencidos, cultura, usos y costumbres. Tres siglos durante los cuales fueron creciendo las estructuras de gobierno y los modos de ejercer el poder. Pero la explotación, depredación, exclusión, negación y el genocidio han sido constantes en los últimos 500 años, cuando inició el cambio abrupto con la desvalorización y destrucción de la civilización del Anáhuac.
Conocidos son los excesos de los conquistadores, que en toda América cobraron más de 46 millones de víctimas entre combates, represión, torturas y viruela.
En opinión de los especialistas e investigadores, los actos violentos que se viven en la actualidad son consecuencia de un sistema histórica y culturalmente violento.
Las ramificaciones de aquellas raíces se han dejado ver en el curso de nuestra historia: la guerra de Independencia, las intervenciones, la Reforma, la Revolución (3.5 millones de muertos), la denominada “guerra cristera” y, recientemente, la interminable batalla contra el narcotráfico, que suma alrededor de 150 mil víctimas.
Algunos investigadores advierten en el actual escenario nacional resabios de aquella profunda transformación secular del europeo fusionado con el indígena para dar lugar a una clase dominante: la criolla. Fundido todo ello en el crisol de la violencia.
Otros convocan a ser autocríticos y reconocer que los pueblos originarios y sus culturas han vivido desde 1521 en un mundo desmesuradamente violento. El hecho de que la violencia ahora esté llegando a sectores medios y altos de la sociedad, y que sea de espectro amplio y no selectiva como siempre lo había sido, no indica que se ha apropiado del país, sino que México siempre ha sido terriblemente violento para la mayoría de sus habitantes.
¿Qué desafíos y qué tipos de violencia enfrentan en la actualidad mujeres, varones y niños de la sociedad mexicana?
Violencia política
Con omisiones involuntarias ante la amplitud de las fuentes a consultar, nos referiremos en esta ocasión a la secuela de sangre y muerte que ha rodeado desde siempre la lucha por el poder en México. No hay espacio suficiente para citar los nombres de quienes sacrificaron sus vidas por la Independencia, la Reforma o en defensa de la soberanía de México durante las intervenciones extranjeras: Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y Agustín de Iturbide; Melchor Ocampo, Leandro Valle, Santos Degollado e Ignacio Comonfort, por mencionar algunos que murieron violentamente, ejecutados o emboscados.
Nos hemos referido en otras oportunidades a la violencia que descabezó a todos los líderes de la Revolución de 1910; desde Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, ejecutados por un pelotón de fusilamiento, hasta la emboscada en que perdió la vida Venustiano Carranza; figuras de gran relevancia militar y popular como Felipe Ángeles, Francisco Villa y Emiliano Zapata también fueron ejecutadas o sorprendidas por celadas.
Álvaro Obregón, asesinado cuando era presidente electo de México, figura entre las muertes connotadas de la era postrevolucionaria, a la que habría de suceder el episodio negro de la “guerra sucia” en los años 70, cuando surgieron grupos armados de presunta subversión, como el Movimiento Armado Revolucionario (MAR) y la Liga Comunista 23 de Septiembre.
El año de 1994 ensombreció y tiñó de sangre al país con la muerte de dos políticos importantes: Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado en Tijuana el 23 de marzo de 1994 en un mitin de su campaña como candidato presidencial del PRI, y José Francisco Ruiz Massieu, victimado seis meses después, el 28 de septiembre de ese año, en la Ciudad de México. Las investigaciones sobre ambos sucesos no han dejado satisfecha a la sociedad.
Pero habría que añadir a la larga lista de víctimas violentas las muertes de: Rubén Jaramillo, su esposa Epifanía Zúñiga (en avanzado estado de embarazo) y sus hijos adoptivos Enrique, Filemón y Ricardo, el 23 de mayo de 1962, en Morelos; los 45 campesinos asesinados en la llamada masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997; los indígenas que perdieron la vida en el levantamiento armado en Chiapas, el 1° de enero de 1994; la masacre de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en la sierra de Guerrero, el 28 de junio de 1995; la violencia, con sangre y muertos, que vivió la Ciudad de México en el verano/otoño de 1968.
Finalmente, hay que añadir la insólita violencia política electoral durante las campañas de candidatos a diferentes cargos de elección popular, entre septiembre de 2017 y junio de 2018.
Fue una etapa de “violencia política en México a niveles nunca antes vistos”, según la calificación del director del Centro de Información de la ONU para México, Cuba y República Dominicana, Giancarlo Summa (según el indicador de violencia política de Etellekt, Excélsior, 29 de junio de 2018).
De acuerdo con expertos en temas de seguridad nacional, la violencia política registrada en ese periodo produjo 135 políticos asesinados en todo el país. Hubo en total 543 agresiones contra políticos. De ellas el 26 por ciento fueron asesinatos, 32 por ciento sufrieron amenazas e intimidaciones, 11 por ciento agresiones físicas, 11 por ciento atentados contra familiares, ocho por ciento agresiones con arma de fuego, seis por ciento asaltos con y sin violencia, tres por ciento heridos por arma de fuego y tres por ciento de secuestros.
De los 135 políticos asesinados, 28 eran precandidatos y 20 más candidatos a puestos de elección. De los 20 candidatos, 17 aspiraban a puestos de elección municipal, tres a diputaciones locales y uno más a una diputación federal.
En opinión de Javier Oliva Posada, experto en defensa y seguridad nacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM: “Si hubiera tres políticos asesinados en Alemania, España o Estados Unidos durante un proceso electoral, se haría una alerta a nivel nacional; en México estamos anestesiados contra la muerte; estamos adormecidos contra la violencia”.
Violencia de género
El Diagnóstico de la Violencia Contra las Mujeres, hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a partir de la Ley Federal y de las Entidades Federativas, identificó 18 tipos y modalidades de violencia regulados en las leyes de acceso a una vida libre de violencia.
Estos 18 tipos de violencia identificados por la CNDH son: violencia sexual; psicológica o psicoemocional; física; patrimonial; económica; familiar o doméstica; en la comunidad o social; laboral; docente o escolar; institucional o de servidores públicos; violencia feminicida; obstétrica; de pareja o en el noviazgo; política; contra los derechos reproductivos; de género; moral, y violencia mediática o publicitaria.
Del total de mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual por otro agresor distinto a la pareja, sólo el 9.4 por ciento presentó una queja o denuncia. El 2.2 por ciento sólo solicitó apoyo a alguna institución; mientras que el 88.4 por ciento no solicitó apoyo ni presentó queja o denuncia ante alguna autoridad. Por eso las agresiones de género quedan impunes.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la cual midió las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más residentes en México, reveló el panorama al que se enfrentan:
El 49 por ciento sufrió violencia emocional; el 41.3 por ciento ha sido víctima de agresiones sexuales; el 29 por ciento víctima violencia económica, patrimonial o discriminación; en tanto que el 34 por ciento manifestó haber experimentado agresiones físicas a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor.
Las entidades federativas que presentan los niveles más altos de este grave problema son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. Por el contrario, las que tienen la prevalencia más baja son San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Campeche y Chiapas.
Las agresiones a las mujeres se ejercen en diferentes ámbitos de la vida: en el escolar, en el familiar, laboral y en comunitario. Según el INEGI, la prevalencia nacional de violencia escolar es del 25.3 por ciento, y las entidades con las prevalencias más altas son: Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes y Oaxaca.
Del total de agresiones ocurridas en la escuela en los últimos 12 meses, el 38.3 por ciento fueron de índole sexual; 34.1 por ciento psicoemocionales y el 27.7 por ciento físicas.
Los principales agresores en el ámbito escolar fueron los mismos compañeros, compañeras y maestros. Además, 12 de cada 100 mujeres preparatorianas sufrió abuso, acoso, hostigamiento o intimidación sexual en el último año.
De las mujeres que han trabajado, 27 de cada 100 han experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo.
El tipo de violencia más frecuente en el trabajo es la discriminación, las agresiones sexuales y las de tipo emocional como humillaciones, degradación e intimidación.
El 10.3 por ciento de las mujeres señala que tuvo menos oportunidades que un hombre para ascender en su trabajo en los últimos 12 meses y un 9.2 por ciento asegura recibir menor salario que un hombre que hace el mismo trabajo o tiene el mismo puesto que ellas. En el trabajo los principales agresores al género femenino son los compañeros de trabajo y el patrón.
La prevalencia nacional de violencia en el ámbito laboral es de 26.6 por ciento y las entidades con las cifras más altas son: Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Baja California y Quintana Roo.
La CDMX está a la cabeza: la violencia contra las mujeres es del 38.7 por ciento y el resto de las entidades con las prevalencias más altas son: Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro.
La violencia de género en los espacios públicos o comunitarios es, sobre todo, de índole sexual: va desde frases ofensivas de tipo sexual, acecho (las siguen en la calle) y abuso sexual (que incluye manoseo o exhibicionismo obsceno).
Según el INEGI las agresiones ocurrieron principalmente en calles y parques (65.3 por ciento); a bordo del transporte público, autobús y/o microbús (13.2 por ciento), y en el Metro (6.5 por ciento). Los principales agresores son personas desconocidas, conocidas, amigos o vecinos, así como el conductor del transporte público.
Por último, en los últimos 12 meses el 10.3 por ciento fue víctima de algún acto violento (emocional, físico, sexual o económico-patrimonial) por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja. Los agresores más señalados son los hermanos, el padre y la madre, los tíos y los primos.
De acuerdo con el INEGI, la ENDIREH proporciona información por tipo de violencia (emocional, económica, física, patrimonial y sexual), en la relación de pareja y en los ámbitos escolar, laboral, comunitario y familiar. Lo anterior, con el fin de ofrecer información para calcular la extensión y gravedad de la violencia, y servir de apoyo para el diseño y seguimiento de las políticas públicas orientadas a atender y erradicar la violencia contra las mujeres por razones de género.
Violencia intrafamiliar
Es violencia intrafamiliar el uso de la fuerza física o moral, así como las omisiones graves que de manera reiterada ejerza un miembro de la familia en contra de otro; el atentado contra su integridad física, psíquica o ambas, aparte de que pueda producir o no lesiones, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en el mismo domicilio y exista una relación de parentesco, matrimonio o concubinato.
La familia es el núcleo de la sociedad. De ahí que para instituciones públicas y privadas sea importante el estudio de la violencia intrafamiliar. No solamente, señalan los especialistas, porque causa daños a la vida emocional y social de los integrantes de la familia, sino también por las repercusiones que esto causa hacia el exterior; por ejemplo, la desintegración de valores sociales e individuales, la disolución del núcleo familiar y el incremento de la delincuencia.
Estudiosos del tema han concluido que durante mucho tiempo la sociedad, las autoridades responsables de impartir justicia y los encargados de crear leyes preventivas, normativas o de sanción, han sido cómplices de la existencia y reproducción del problema de la violencia intrafamiliar. Especialmente cuando callan los hechos, no los reconocen, no los reprueban y no los sancionan, tanto en el ámbito privado como en el público.
“Los hombres que establecen relaciones violentas con las mujeres (desde la violencia verbal, embozada en ‘piropos’, hasta el feminicidio) son una muestra de cómo el género estructura las jerarquías y el poder tanto en el nivel público como en las familias”, señala el estudio denominado Hombres que ejercen violencia contra sus parejas, elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
El documento, basado en los resultados de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), refiere que más de dos quintas partes de los hombres casados o unidos con mujeres de 15 años o más (10.8 millones) han ejercido algún tipo de violencia contra sus parejas en el curso de su relación: 40 por ciento de manera emocional, 25.3 por ciento económica, 11.6 por ciento física y 5.3 por ciento sexual.
Violencia infantil
Siete de cada 10 niños mexicanos sufren algún tipo de violencia. Y este dato ubica a nuestro país en el vergonzoso nivel más alto de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según lo informó recientemente este organismo.
Además, y según investigaciones de la UNICEF, la población menor de cinco años de edad (63 por ciento) está siendo educada con violencia, mediante correctivos físicos que podrían parecer normales, no obstante que desde 2014 se modificó la Ley General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con un espectro muy amplio y profundización en acciones de atención y protección de la niñez.
El artículo 105 exhorta a los adultos a no aplicar castigos físicos y humillantes a los niños y niñas como parte de su proceso formativo, pero no determina que la omisión de este ordenamiento se considere un delito. Ello obligaría a los padres a repensar su relación con sus hijos y las formas de interactuar con la familia.
María Josefina Menéndez Carbajal, directora general de la organización internacional Save the Children México (Salvemos a los Niños), declaró recientemente: “Lo básico y principal es generar una política que realmente atienda la cultura de paz con los niños, niñas y jóvenes, apostar por la crianza con ternura de los niños para que crezcan con dignidad, noción de sus cuidados y autoprotección, además de socializarlo con maestros y padres para empezar a lograr cambios de conciencia”.
En enero de este año, y a cuatro meses de los terremotos del 7 y 19 de septiembre del año pasado, los derechos a la vivienda digna y a la educación no han sido restablecidos ni garantizados para miles de niñas, niños y adolescentes, reportó Save the Children México.
Durante el tiempo citado se han limpiado escombros, desmantelado albergues formales e informales, reportado el inicio de las obras de reconstrucción de escuelas y viviendas e incluso se puede apreciar la recuperación emocional de los damnificados. Sin embargo, muchos de los afectados aún no reciben los apoyos necesarios para la reconstrucción de sus viviendas y escuelas, situación que vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes, señala esa organización.
Actualmente Save the Children trabaja en comunidades afectadas de Oaxaca, Puebla, Morelos y de la Ciudad de México, donde la organización ha documentado rezagos en atención y apoyo para las personas afectadas.
En municipios como Juchitán e Ixtaltepec, en el Istmo de Tehuantepec y en Atlixco y Metepec, Puebla, hay todavía miles de niños sin clases normales porque las escuelas aún no son rehabilitadas. Para directores, personal docente y padres de familia no hay todavía claridad sobre los plazos para la recuperación total de los planteles públicos; muchos alumnos asisten a clases algunas horas al día e incluso una vez por semana, sin cumplir la jornada escolar completa. El mismo problema se registra, por ejemplo, en Tepapayeca, Puebla, donde todavía no hay información clara sobre las obras de reconstrucción.
En Tetela del Volcán, Morelos, los habitantes construyeron sus propias aulas temporales con árboles que se cayeron por el terremoto; y en Juchitán, Oaxaca, ciudad semidestruida por los sismos, centenares de afectados por los sismos han tenido que buscar abrigo, hacinados en casas de parientes, vecinos o amigos ante el cierre de albergues. Inevitablemente, los niños resienten esta situación.
Según datos de Save the Children dados a conocer en abril último:
- En México una de cada tres personas son niñas, niños o adolescentes.
- La Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres 2015 muestra que el 63 por ciento de las niñas y niños de 1 a 14 años recibieron al menos una forma de castigo psicológico o físico por miembros de su familia.
- El 14.9 por ciento de los adolescentes no asiste a la escuela.
- El 55 por ciento de niñas y niños menores de cinco años de edad vive condiciones de pobreza.
Violencia cibernética
La globalización y la modernidad arribaron al siglo XXI con sorprendentes y revolucionarios avances tecnológicos en la comunicación. Sin embargo, la falta de regulación de las llamadas redes sociales (plataformas de internet, Twitter, Facebook, telefonía móvil, correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías, diálogos y videojuegos online) trajo consigo una nueva modalidad de la violencia: la cibernética y el acoso psicológico, cuyo rápido desarrollo encuentra abrigo en la naturaleza más importante de los espacios cibernéticos, insuficientemente regulado: la libertad.
Este abrumador avance tecnológico impuso a los usuarios de las redes sociales y en general de la comunicación vía electrónica, una nueva terminología a partir de que los fabricantes de los equipos aplican el idioma inglés en todos los procesos y piezas.
Mencionemos algunos ejemplos: Ciberbullying, que va desde los mensajes agresivos vía digital hasta la circulación de material pornográfico, captación para la trata y tráfico de imágenes; Sexting, el envío de mensajes de contenido sexual que lleva a la divulgación de fotos sensuales; Grooming, se refiere a amenazas de chantajistas que, utilizando imágenes íntimas, pretenden una relación de control emocional y de abuso sexual; Stalked se denominan las conductas que realiza una persona conocida como stalker (acosador), consistentes en perseguir, acechar y acosar de forma compulsiva a otra persona mediante plataformas tecnológicas; Shaming son publicaciones que persiguen avergonzar a la víctima, sobre todo a mujeres; Doxing es la acción de publicar información privada sin autorización de la persona que tiene legítima custodia de los datos.
“Si bien Internet es la invención del siglo XXI que revolucionó la información y comunicación, y se constituyó en un poderoso instrumento para la educación e investigación, también causó nuevos riesgos o formas de acoso con un impacto fatal”, según Luis Guzmán, director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).
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Miriam Rojas, la psicóloga responsable del programa Enredomino, de la Fundación Redes, señala la necesidad de cambiar la visión pesimista sobre las nuevas tecnologías y el Internet: “Tenemos que ver al Internet como la herramienta que ayuda a los jóvenes en su formación, redirigir su uso para beneficio. Uno de los factores identificados es que los jóvenes usan más Internet para acceder a redes sociales que para la búsqueda de información”.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) demandó hacer un control y uso adecuado del Internet para proteger a la población más vulnerable, que son los niños, y promover los derechos de las personas.