El partido hegemónico aplica el mismo tono amenazante que usa su jefe político, el presidente de la República
Las virulentas campañas que culminaron en la transición gubernamental dictada por las urnas el domingo 1° de julio de 2018, debieron quedar atrás en beneficio de la unidad nacional, pero no ocurrió así. El ánimo de la sociedad, de los 50 millones de mexicanos que no votaron por el actual presidente de la República el primer domingo de julio del año pasado, transita rápidamente de la esperanza a la preocupación.
La ansiada y hasta obsesiva victoria que durante décadas desearon los grupos políticos que arroparon al candidato presidencial de Morena, derivó a partir del lunes 2 de julio último en expresiones y conductas revanchistas que se han mantenido.
No ha sido ajeno a este ímpetu revanchista el propio López Obrador, llevado por sorprendentes expresiones triunfalistas. Cinco meses después de las elecciones continuó con arremetidas en contra de las críticas mediáticas, así como de organismos empresariales, organizaciones políticas de oposición e incluso contra uno de los Poderes de la Unión que parecía haber salido indemne del fragor electoral: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De la mano del jefe del Ejecutivo han estado conspicuos miembros de su equipo de trabajo. Las reiteradas convocatorias a la unidad nacional, hechas por el propio presidente de la República, suenan a retórica de campaña electoral cuando, en los hechos, atizan el fuego de la discordia y la división nacionales.
En los mensajes, en las declaraciones de prensa y hasta en los discursos con que el presidente difunde sus proyectos, gana espacios rápidamente un denominador común: el tono amenazante en contra de todo lo que se oponga a sus designios.
Así, lo que llama “cuarta transformación de la República” parece convertirse paulatinamente en una camisa de fuerza para todo mexicano: empresarios, académicos, investigadores, impartidores de justicia, funcionarios públicos, burócratas… Esa misma transformación que calificó de “pacífica, pero profunda; una transformación ordenada, pero radical, porque arrancaremos de raíz al régimen de corrupción y privilegios”.
¿Ni simulación ni gatopardismo?
Hace cinco meses, el domingo 19 de agosto de 2018, durante el V Congreso Nacional Extraordinario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), efectuado en el Deportivo Reynosa de Azcapotzalco, Ciudad de México, como presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador afirmó:
“Estamos preparados y dispuestos a ejecutar el mandato que nos dieron los ciudadanos el 1º de julio para llevar a cabo un cambio verdadero. Y cambiar es, literalmente, ‘dejar una cosa o situación para tomar otra’. No es más de lo mismo, no es simulación o gatopardismo. Transformar no es ejecutar o ‘dar el violín’, instrumento que se toma con la izquierda y se toca con la derecha”.
Pero hay cosas que no han cambiado un ápice en el gobierno de la transformación. Es más, se manifiestan con mayor cerrazón y autoritarismo. Tal como ocurre con la presencia avasalladora y hegemónica de Morena en el Congreso de la Unión y en algunas legislaturas locales.
En el curso de casi 80 años, el partido político creado por el presidente Plutarco Elías Calles en 1929 para mantener el poder en manos del grupo de caudillos que tuvo la Revolución triunfante en 1910, se transformó paulatinamente en una fuerza hegemónica impasable que no obedecía más designios que los que dictaba el presidente en turno.
Los grupos de oposición política se estrellaron en el Congreso de la Unión con ese muro infranqueable que meció la cuna del presidencialismo hasta convertirlo en el dinosaurio del sistema, retomando la metáfora del famoso cuento corto y cáustico del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, para describir a la criatura que primero se llamó Partido de la Revolución Mexicana (PRM), luego Partido Nacional Revolucionario (PNR) y finalmente Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Hoy ocurre lo mismo. El partido hegemónico aplica el mismo tono amenazante que usa su jefe político, el presidente de la República.
El dinosaurio de Tito Monterroso sigue allí. El gatopardismo del escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa continúa vivo: Que todo cambie para que nada cambie.
Otro aspecto notorio del poder hegemónico es la velada o abierta intromisión en las jurisdicciones de otros poderes autónomos, señaladamente el Legislativo y el Judicial. El rechazo de los legisladores de Morena a toda propuesta de la oposición es masivo, aplastante, con frecuencia sin debate.
Muchos de los propósitos del Ejecutivo chocan frontalmente con la Constitución, pero eso no implica problema alguno para el presidencialismo renovado. El presidente López Obrador es claro: vamos a modificar la Constitución para avanzar más rápidamente en nuestros objetivos.
Los compromisos
En palabras del presidente López Obrador, los recortes al presupuesto federal de 2019 servirán para que pueda cumplir sus compromisos de campaña, que todavía no son cuantificados con precisión. A saber:
Aumentar al doble la pensión a los adultos mayores será un derecho con rango de ley con carácter universal; un millón de discapacitados pobres, sobre todo niñas y niños, recibirán apoyo mensual; serán gratuitos atención médica y medicamentos para los pobres; se crearán 100 nuevas universidades públicas; se entregarán becas escolares en el nivel básico, medio y superior a un total de 10 millones 300 mil alumnos.
Dos millones 300 mil jóvenes desempleados tendrán empleo como aprendices, con un sueldo mensual de 3 mil 600 pesos; se sembrará un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables para crear 400 mil empleos permanentes; se apoyará a productores del campo con precios de garantía y fertilizantes baratos; se entregarán créditos a la palabra para la ganadería, así como a la pequeña y mediana empresa; se ofrecerá una canasta básica de alimentos para combatir el hambre; se atenderá a los damnificados por los sismos; se realizarán acciones de desarrollo urbano en colonias marginadas de las ciudades del país.
Se prometió crear 128 centros coordinadores para el desarrollo y la atención de los pueblos indígenas; se construirán 300 caminos de concreto, con el uso intensivo de mano de obra, en Oaxaca, Guerrero y otros estados; se comunicará a todo el país con Internet.
La frontera norte será declarada zona franca o libre (también anunciada a fines de diciembre para el Istmo de Tehuantepec, como parte de un plan de desarrollo de la región); habrá un amplio programa cultural, se fomentará el deporte, se apoyará a la ciencia y a la tecnología; se cuidará el medio ambiente; se brindará apoyo a las comunidades mineras; se construirá el tren maya; se producirá con urgencia petróleo y gas para enfrentar la crisis energética; se modernizarán las refinerías; se construirá la nueva refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco; se rescatará la industria eléctrica; no habrá gasolinazos ni aumentarán los impuestos en términos reales; seguirán las “consultas populares” con una mínima participación de votantes, y seguirán siendo “la voz de mando” para los planes que decida exponer el gobierno en el poder; además Morena renunciará al 50 por ciento del presupuesto que por ley le corresponde en el 2019.
Los costos de algunos de estos proyectos tendrán severas consecuencias financieras, porque no fueron debidamente calculados: 1) La impulsiva suspensión de las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por presunta corrupción en la adjudicación de contratos (corrupción todavía no comprobada a plenitud), significó recomprar bonos del financiamiento original por mil 800 millones de dólares; el gobierno mantiene en pie su objetivo de construir dos pistas para aviación comercial en el campo aéreo militar de Santa Lucía, 53 kilómetros al norte del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. 2) La construcción del Tren Maya, con 900 kilómetros de longitud, que pasará por los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, a un costo que oscilará entre 120 mil y 150 mil millones de pesos.
Mención especial merece la reforma a 13 artículos de la Constitución para crear, según el proyecto original de AMLO, una nueva fuerza de seguridad pública a fin de fusionar la Marina, el Ejército, la Policía Federal, las policías ministeriales, las estatales y municipales, y crear la Guardia Nacional.
El proyecto, cuyo dictamen fue aprobado en comisiones legislativas el 14 de diciembre pasado, ha sido impugnado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amnistía Internacional y numerosas organizaciones ciudadanas. Como ha ocurrido con otros casos, el presidente retrocedió respecto de uno de sus anuncios de campaña: que regresaría a los cuarteles a las fuerzas armadas.
Desintegración familiar
Acaso el más importante de los compromisos del presidente López Obrador es una medida sobre la cual hay sombríos vaticinios, particularmente por su impacto en centenares de hogares mexicanos que enfrentarán el desafío de la desintegración familiar: la dispersión de 31 dependencias federales en diferentes partes del país. En ellas hay 740 mil 600 empleados, que representan alrededor de 2 millones tomando en cuenta a los miembros de sus respectivas familias.
Solamente Presidencia de la República, Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina, se mantendrían en la capital del país.
Esta desintegración se registrará “a fuego lento” en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador; así lo prevé el Plan de Gobierno 2018-2024, a un costo (inversión, le llaman) de 125 mil millones de pesos.
La Secretaría de Turismo se iría a Chetumal, Quintana Roo; la de Educación Pública a la ciudad de Puebla; la de Cultura a Tlaxcala; Petróleos Mexicanos a Ciudad del Carmen, Campeche; la Secretaría de Energía a Villahermosa, Tabasco; la Comisión Federal de Electricidad a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A propuesta del propio presidente de la República, la Secretaría de Salud, a Chilpancingo, Guerrero; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a Ciudad Obregón, Sonora; el Sistema de Administración Tributaria (SAT) se trasladaría a Mexicali, Baja California…
Es necesario señalar aquí los atropellos y las vejaciones que sufrieron centenares de empleados de confianza del SAT en la segunda quincena de diciembre último, al ser despedidos sumariamente, al parecer sin liquidación y sin aviso. En algunos casos fueron secuestrados en sus oficinas para obligarlos a firmar su “renuncia”. Después de los hechos, el presidente de la República ofreció “revisar” el asunto, aunque anticipó que se habían descubierto simulaciones y “aviadores” en la nómina.
Mucho de lo que ocurre remite a pensar en Il gattopardo, del novelista italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa (cambia todo para que nada cambie). Se advierte en la febril manía de nuestros gobernantes de cambiar el nombre a cuanto programa o dependencia pongan a su cuidado.
También nos hace reflexionar sobre el célebre minirrelato de Augusto Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.
Allí sigue. Agazapado e impune entre los muros del Congreso de la Unión o en los del memorable Palacio Nacional.