Luis Gutiérrez Rodríguez
El reconocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, hecho el 18 de diciembre último, de que se había tratado de “un error de dedo”, evitó que el presupuesto para los importantes trabajos de investigación realizados por las universidades estatales (la UNAM, desde luego) y, en general, las instituciones de educación superior en México, fuera disminuido y se dañara la investigación científica, tecnológica, económica y social con la que permanentemente sirven a la nación y contribuyen al desarrollo y bienestar de sus habitantes.
El Sistema Nacional de Investigadores ha generado alrededor del 70 por ciento de las publicaciones nacionales indexadas en la base de datos ISI Web Of Knowledge y Scopus, producido 5 mil 500 artículos científicos y solicitado 40 por ciento de las patentes del sector académico en el país.
Por el “error de dedo”, el apoyo que reciben y que deben seguir recibiendo con recursos públicos estas instituciones educativas, había sido borrado de manera insensata del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2019. El jefe del Ejecutivo, a manera de respuesta, hizo un comentario ambiguo: que habrá diez mil becas para estudiantes.
DINERO A PUÑOS
Para servir al pueblo y ser un genuino siervo de la nación, según la frase célebre de José María Morelos y Pavón, el dinero ayuda y mucho; pero de nada sirve (todo lo contrario) si no se le usa con talento creativo y productivo desde el poder. Si se asume, erróneamente, que para construir hay que destruir, o peor, cuando se cree que el recurso público debe utilizarse exclusivamente para repartirlo entre los pobres como política social de gobierno, sin proyectos de desarrollo generadores de bienestar y empleo, absolutamente nada se resuelve. Falla entonces el Estado y traiciona la confianza de la sociedad.
Recuerdo una vergonzosa escena montada por el “ingenio proselitista” del PRI (siempre agradecido con su clientela) en Huejutla, Hidalgo, al terminar un mitin de la campaña electoral de Miguel de la Madrid, candidato a la presidencia de la República: una multitud (mujeres, hombres, ancianos, niños) se arremolinó alrededor de un camión desde el cual les arrojaban paquetes con medio kilo de tortillas cada uno. Sin duda, ese día centenares de indígenas huastecos y otomíes comieron tortillas a granel, pero a la mañana siguiente se les vino encima la realidad cotidiana de la pobreza, el hambre y la necesidad.
HUACHICOL Y DESABASTO
Para combatir el robo de gasolina, ratería que lleva varios sexenios de impunidad, el gobierno federal sencillamente cerró ductos y redujo la importación de gasolina de los Estados Unidos. El resultado fue caótico durante casi tres semanas en buena parte del país, particularmente en la Ciudad de México. El ingenio pícaro del mexicano subió a las redes un comentario que se viralizó: “Ahora que cierren los bancos, para evitar que los asalten”.
Los grandes ladrones de gasolina, los que la hurtan en flotillas de “pipas”, no en bidones, seguían impunes a fines de enero.
El viernes 18 de enero, la explosión (y el incendio que le siguió) en un ducto de Pemex en la comunidad de San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, causó la muerte de decenas de mexicanos. Ni Protección Civil del Estado, ni el ejército que “custodiaba” la zona (severo llamado de alerta a la inminente Guardia Nacional) supieron qué hacer cuando hombres y mujeres de todas las edades se arremolinaron con sus bidones en torno al géiser de gasolina que se elevó casi seis metros.
El 11 de enero el jefe del Ejecutivo se refirió a la existencia de una red de complicidades. En el caso de Carlos Romero Deschamps, dijo “sabemos cómo entregó dinero al PRI, en la campaña de Francisco Labastida Ochoa”, pero Fox “negoció” con Romero Deschamps, “y ahí está Romero Deschamps haciendo lo mismo”. También acusó a Enrique Peña Nieto de estar apoyado por líderes sindicales y políticos corruptos.
Pero evadió una pregunta: “¿Va a actuar?” Respondió con frases vagas: “Va a depender de los ciudadanos” y “tenemos que acabar con la corrupción”.
En conferencia de prensa efectuada el martes 16 de enero, el presidente López Obrador anunció la compra de 500 autotanques (pipas) con capacidad para 60 mil litros de gasolina cada uno, o mil con capacidad de 30 mil litros. Presuntamente para eliminar suspicacias, por encargo presidencial una misión de secretarios de Estado encabezada por la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, fue a Nueva York a encargarse directamente de la compra de 571 pipas a empresas de Estados Unidos, sin licitación, a un precio de 85 millones de dólares (mil 600 millones de pesos, aproximadamente); sin participación de la ONU (como lo ofreció AMLO en su campaña), y tendrán númerios de serie de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se hizo así “por emergencia”, explicó el presidente en su conferencia mañanera del lunes 21 de enero. La “estrategia” para combatir el robo de gasolinas incuye la contratación de dos mil choferes, cada uno con un salario de 29 mil pesos al mes.
El presidente también indujo a creer que se avecina una lucha frontal contra el sindicalismo corrupto, usado políticamente por el gobierno y los partidos cómplices (PRI y PAN) para controlar a los trabajadores. No hubo mención presidencial del dirigente nacional de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, quien después de vivir varios años en Vancouver temeroso de ir a juicio en México, regresó al país en agosto del año pasado para tomar posesión de su escaño como “senador de la República”, por obra y gracia del partido en el poder: MORENA. Tampoco mencionó la añosa lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en busca de una liquidación justa por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Mientras se resuelve el desabasto de combustible, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los ciudadanos a “seguir apoyando ante el problema de la gasolina como lo han hecho: resistiendo, aguantando estoicamente ante las molestias”.
DERECHOS HUMANOS EN RIESGO
“La respetabilidad del gobernante le viene de la ley y de un recto proceder, y no de trajes ni de aparatos militares, propios sólo para reyes de teatro”.
Benito Juárez
Históricamente, sobre todo desde el Constituyente de Querétaro en 1917, las fuerzas armadas han dignificado la institucionalidad republicana con facultades expresas de la Constitución.
Una piedra se interpuso en este camino desde que el expresidente Felipe Calderón decidió involucrarlas en la guerra contra el narcotráfico. Hoy, no obstante las críticas y la oposición de la sociedad civil, de intelectuales y círculos académicos contra un dictamen que entregaba por completo a la Secretaría de la Defensa Nacional el control de la inminente Guardia Nacional, surgió de la manga presidencial una orden “conciliadora” a la bancada de Morena en el Congreso (que apoyó el PRI): la Guardia Nacional tendrá dos mandos: uno civil, encargado de los asuntos administrativos, y otro militar, responsable del trabajo operativo. Además, las fuerzas armadas tendrán otras facultades amparadas por reformas a la Constitución.
La militarización en México encuadra en un proceso histórico que afecta a toda América Latina. Aquí, el pretexto ha sido la incapacidad de gobernar a causa de una red policiaca indigna de confianza, por abundantes muestras de abuso y corrupción. Las fuerzas armadas estarán ahora en tareas de seguridad interna, no relacionadas con la defensa exterior.
Se crea así un clima favorable a la inversión extranjera, pero peligroso para el respeto a los derechos humanos, en particular de los pueblos indígenas y grupos de oposición. Y con escenarios imprevisibles como la agresión de pobladores a militares en Tlahuelilpan, Hidalgo, apenas minutos antes de que estallara y se incendiara el ducto de gasolina que causó la muerte a decenas de civiles.
En palabras de la CNDH: “el Ejército no está preparando para hacer funciones de seguridad pública”. Pero las críticas y protestas de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad mexicana, se han encontrado con el muro infranqueable del autoritarismo presidencial.
Salvedades: en diversos sexenios, militares de alto rango han desempeñado cargos importantes en la administración pública, pero esta circunstancia confirma la regla, no la excluye.
Democracia desafiada
Bien lo advierte esta edición de El Ciudadano en sus páginas centrales: los hechos en estos primeros tres meses de gobierno llevan paulatinamente a la gente de la esperanza a la preocupación. La democracia, insuficiente, inconclusa, incipiente, está siendo desafiada.