Se insiste en simular que se consulta a la ciudadanía, que se escuchan e interiorizan sus argumentos para ser considerados en decisiones que, en la mayoría de las ocasiones, fueron tomadas con antelación
Movimiento Ciudadano Yucatán
Con relación a los señalamientos hechos por el C. Rodrigo Gutiérrez Rivas, coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el sentido de que “se violaron los derechos de los pueblos indígenas al no consultarles en forma previa y libre sobre la ejecución de obras de impacto en sus comunidades [y de que] el Gobierno Federal actual también está fallando en ese tema, debido a que hasta ahora no ha hecho una consulta con los pueblos indígenas por la construcción del Tren Maya […]”, publicados en el portal del diario Por Esto!, el 25 de enero del año en curso, se exponen las siguientes consideraciones:
Son múltiples las voces que se han manifestado por el hecho de que es una prioridad estratégica el avanzar en la erradicación de prácticas y decisiones que por años predominaron y continúan presentes en la realidad nacional, por parte tanto de gobernantes como de integrantes del Poder Legislativo, en las que se insiste en simular que se consulta a la ciudadanía, que se escuchan e interiorizan sus argumentos para ser considerados en decisiones que, en la mayoría de las ocasiones, fueron tomadas con antelación.
Sin embargo, tal como lo menciona la carta firmada por 300 especialistas para aplazar el Tren Maya y corredor en el Istmo, publicada en el portal Ecoosfera, en esencia lo que continúa predominando son las prácticas propias de “[…] treinta años de regímenes que han impuesto megaproyectos en el país sin haber realizado los estudios necesarios con la seriedad que cada caso amerita. Hemos visto cómo muchos de ellos se han basado en Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAS) hechas a modo y se han realizado en medio de gran opacidad […]”, que a fin de cuentas no son más que:
- Estratagemas diseñadas para legitimar beneficios a grupos cercanos y favorables a sus estrategias de pago de favores políticos;
- Mecanismos reales de subordinación a los intereses económicos y mediáticos; así como,
- El pretexto para promover carreras o aspiraciones políticas de allegados, cercanos o incondicionales políticos.
Lo anterior sin importar el perjuicio, las críticas, los señalamientos, las insatisfacciones o el escepticismo de las franjas ciudadanas con mayor nivel de claridad y comprensión de la importancia que tiene el equilibrio de los ecosistemas para las presentes y futuras generaciones. Es por esto que señalan las inconveniencias y perjuicios a generarse con estas prácticas e imposiciones.
Pese a los discursos de transformación de la relación entre gobernantes y gobernados, se insiste (como en los momentos de pleno dominio de la dictablanda priista) en desatender las voces que han externado la necesidad de abrir, de verdad y sin dobleces, los espacios para que se conozcan los argumentos, las valoraciones y las propuestas alternas de quienes no pretenden únicamente “modernizar” los procesos económicos de la región peninsular. Se debe posibilitar que se escuchen las voces de quienes desde el ámbito de la academia, la investigación científica, los directamente impactados o afectados, o quienes consideran que serán más los perjuicios que los beneficios de macroproyectos como los parques eólicos o el Tren Maya.
Continuando con los motivos expuestos en la carta citada, no se debe “[…] pasar por alto el principio de la ‘consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas locales afectadas’ a que obliga el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ésta no puede sustituirse con ninguna ‘consulta nacional’ y tendría que realizarse de manera trasparente y bajo la observación de una comisión plural del más alto nivel sin conflicto de interés. Hay que recordar que se trata de derechos humanos perfectamente establecidos y legitimados, cuyo incumplimiento habrá de dar lugar a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso a las instancias correspondientes de la Organización de las Naciones Unidas”.
Es necesario atender y reivindicar plenamente los principios que sustancian la democracia en nuestro país: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Mismos que han permitido transitar por elecciones confiables, sin sobresaltos y plenamente aceptadas, propias de la democracia electiva. Una condición que sin lugar a dudas ha abonado el campo para que, como sociedad, se avance con mayor firmeza y consistencia en lo que concierne a la democracia participativa.