La oposición en el Senado de la República logró unificar criterios de todas las bancadas y modificar el dictamen sobre la creación de la Guardia Nacional que pretendía someter este nuevo cuerpo de seguridad pública al mando militar
Luis Gutiérrez Rodríguez
Durante décadas fueron entrometiéndose en el vicioso lenguaje parlamentario del Congreso Federal mexicano y en los cuerpos legislativos de los estados, cuatro palabras usadas erróneamente en referencia al desarrollo de una sesión en cualquiera de las cámaras: “la orden del día”. La expresión correcta, aplicable a cualquier reunión, junta o asamblea deliberativa (máxime si sus acuerdos son fruto de la democracia) es “el orden del día”.
“La orden del día es para los cuarteles” escuché decir alguna vez a don Martín Luis Guzmán (senador de la República en el periodo 1970-1976).
El pasado jueves 21 de febrero, la oposición en el Senado de la República logró unificar criterios de todas las bancadas y modificar el dictamen sobre la creación de la Guardia Nacional que pretendía someter este nuevo cuerpo de seguridad pública al mando militar, según los deseos del presidente López Obrador. Fue valiosa la aportación, con visión estratégica, de los senadores Dante Delgado y Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario y coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, respectivamente.
La aprobación final del dictamen sobre la Guardia Nacional con mando civil, criterio al que se oponían desde hace varias semanas el presidente de México y sus compañeros de partido en la Cámara de Diputados, significó históricamente pasar de la orden del día (dictada desde Palacio Nacional) al orden legal: por acuerdo del Congreso de la Unión, la Guardia Nacional tendrá mando civil.
En esta ocasión, la Cámara de Diputados (“convertida por los legisladores de Morena en oficialía de partes del Ejecutivo”, según comentario del periodista Joaquín López Dóriga) decidió ratificar el acuerdo de la colegisladora. De acuerdo con la Constitución, el dictamen será enviado a las legislaturas de las entidades federativas para que confirmen, si es el caso, las reformas del Congreso federal. Esta confirmación deberán hacerla por lo menos 17 cámaras de diputados locales.
Del “¡No me voy a dejar!” al “Estoy complacido”
Es de mencionar el insólito exabrupto del presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera del jueves 21 de febrero, en el Palacio Nacional, cuando enterado de que el Senado había corregido el dictamen sobre la Guardia Nacional exclamó disgustado ante la prensa: “¡Conservadores!, ¡mezquinos! ¡No me voy a dejar!”.
Esta exclamación presidencial, que inevitablemente deja nubarrones de tormenta sobre las relaciones futuras entre el Poder Legislativo y el jefe del Ejecutivo, se convirtió al día siguiente, viernes 22, también durante la conferencia de prensa mañanera en el Palacio Nacional, en la apacible expresión presidencial: “me siento complacido”, y en un reconocimiento personal a todos los senadores de la actual LXIV Legislatura por la unidad alcanzada en torno a la votación aprobatoria del dictamen.
Nubarrones de tormenta, decimos, porque fue importante la cantidad de opiniones positivas vertidas a favor del acuerdo, y en muchas de ellas se señaló que lo ocurrido en el Congreso federal abría saludables expectativas sobre la construcción futura de acuerdos entre ambas cámaras, en beneficio de la nación. Ello sin soslayar una necesidad republicana: que el Congreso de la Unión y el Poder Judicial sean genuinos contrapesos para el Poder Ejecutivo, y que la república avance a suficiente distancia de las tentaciones autoritarias.
A contracorriente de la presión presidencial se impuso la opinión autorizada de expertos y organizaciones de la sociedad (quienes en uno de los arrebatos del jefe del Ejecutivo llegaron a ser calificadas como “de derecha”), que en Parlamento Abierto apoyaron a los legisladores de la oposición para demandar una y otra vez un mando civil para este nuevo cuerpo de seguridad.
En estas sesiones de consulta más de un centenar de organizaciones civiles estuvieron representadas por colectivos como Seguridad Sin Guerra, México Unido Contra la Delincuencia, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Causa en Común y Designaciones, entre otras.
Contra lo que argumentaron y difundieron los defensores de la posición presidencial, nunca hubo oposición a la creación de la Guardia Civil por parte de las organizaciones civiles, los expertos o los partidos opositores.
Al manifestar su aprobación a que se creara la Guardia Civil, sus demandas principales fueron: mando civil, respeto irrestricto a los derechos humanos y que la presencia de las fuerzas armadas (con fines de capacitación y adiestramiento disciplinario) sea de cinco años, después de los cuales y una vez satisfechos los objetivos, regresen a sus bases y cuarteles.
Esta sensata demanda giró en torno a tres ejes precautorios principales: 1) apuntalar el mandato constitucional que exige respeto a los derechos humanos; 2) preservar al Estado mexicano y su naturaleza republicana con la autonomía equilibradora de los Poderes de la Unión, y 3) alejar la posibilidad de que, en aras de la seguridad pública (tan lastimada desde hace décadas por gobiernos ineficientes y aun corruptos), se militarice al país.
La bancada senatorial de Movimiento Ciudadano, con el coordinador parlamentario Dante Delgado y el coordinador nacional de nuestra organización política, Clemente Castañeda, fueron claros al insistir en que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador ni era estrategia ni era una genuina política de Estado, sino una ocurrencia rigurosamente personal.
Para crear una estrategia de Estado en materia de seguridad, señalaron, eran necesarias las aportaciones de los especialistas y las organizaciones civiles. Y no sólo eso: incorporar sus observaciones, sus argumentos y sus peticiones al dictamen.
De ahí la pertinencia (como ocurrió al fin) de abrir las puertas a la participación ciudadana e incluir sus aportaciones mediante un Parlamento Abierto, “[…] condición irrestricta para poder avanzar en una discusión de esta naturaleza; sería inadmisible para este Senado de la República discutir una minuta como la que nos envía la Cámara de Diputados, sin escuchar previamente a todos los que tienen algo que decir en esta materia”, sostuvo en su oportunidad Clemente Castañeda, también presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.
Es necesario precisar igualmente que la existencia de la Guardia Nacional había sido aceptada y aprobada de antemano por todos los partidos políticos representados en el Senado, pero había sido deformada por la voluntad presidencial, sin sentido estratégico, sin objetivos claros, sin mecanismos efectivos de evaluación y sin metas. Además, sin que se hubiera reflexionado sobre el riesgo que entrañó privar a la Guardia Nacional de un mando civil experimentado y profesional, a fin de mantener íntegro el bien ganado prestigio de nuestras fuerzas armadas, lejos de la corrupción y el contubernio que han minado las estructuras de los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales, e incluso del poder público en sus tres niveles.
Debemos mencionar en este espacio la preocupante tendencia del presidente de México (por decir lo menos) a invadir la autonomía de los otros Poderes de la Unión: el Legislativo y el Judicial, así como su irrefrenable costumbre de amenazar y enjuiciar a gobernadores y funcionarios públicos que no se pliegan a sus deseos, o a instituciones cuya actuación en la vida nacional no le es grata.
La aprobación del mando civil para la Guardia Nacional fue acompañada por la necesidad (planteada por Movimiento Ciudadano, entre otros grupos parlamentarios) de reformar y capacitar a mandos y elementos de todos los cuerpos policiacos, esencialmente la Policía Judicial Federal y las policías estatales y municipales, así como el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad.
La tarea no es sencilla. Están documentados los casos de complicidad y corrupción de muchos de los mandos y los policías rasos de esas corporaciones, con notables y plausibles excepciones. Incluso esta circunstancia se esgrimió para desalentar la participación de las fuerzas armadas en operativos permanentes como parte de la Guardia Nacional.
Pero una dificultad importante será el personal. Según las reformas aprobadas por el Congreso federal, la base de la Guardia Nacional serán tres cuerpos:
1. La Policía Federal adscrita a la Sectretaría de Gobernación.
2. La Policía Naval de la Secretaría de Marina.
3. El Cuerpo de Policía Militar de la Defensa Nacional, integrado por cinco brigadas. Son alrededor de 15 mil efectivos, de los cuales unos cuatro mil ya han participado en acciones de seguridad pública en unos 10 estados de la República. Muchos elementos son mujeres.
Vale señalar que, según datos oficiales, en 12 años de lucha contra el narcotráfico han perdido la vida más de 550 militares (entre soldados y marinos) y más de mil policías federales.
Es de interés la información disponible sobre estas bases de la Guardia Nacional, particularmente de las corporaciones policiacas.
Las fuerzas policiacas
En datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), al mes de agosto de 2018 la fuerza policiaca real era un poco superior a 119 mil elementos, pero se requieren más de 215 mil para que el gobierno pueda garantizar la seguridad pública. Ello significa reclutar y preparar a otros 96 mil policías, cuya formación y capacitación estaría lista hasta dentro de 3.4 años. Esto es, en la primavera de 2021.
Según lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debe haber por lo menos 1.8 elementos por cada mil habitantes. Pero el mencionado reporte de la Segob señala que la tasa actual es de 1.1 policías por cada mil, aunque este porcentaje operativo se reduce a 0.8 agentes por cada mil habitantes si se restan los elementos que no han aprobado los controles de confianza.
El documento de la Segob proponía el año pasado graduar a 14 mil 257 agentes cada seis meses, pero de las 45 academias de policía que había en abril del año pasado, solamente 17 tenían el equipamiento necesario para la formación de nuevos policías.
En cuanto a la Policía Federal o de Investigaciones, a fines de 2018 tenía alrededor de 40 mil efectivos. La meta es que este cuerpo de seguridad cuente al final de la administración con 40 mil efectivos distribuidos en siete Divisiones: Gendarmería, Fuerzas Federales, Seguridad Regional, Investigación, Científica, Antidrogas e Inteligencia.
El hecho es que desde 2017 (año en que hubo 29 mil asesinatos en México, según el Índice de Paz México 2018) la criminalidad crece semana a semana y deja cifras de víctimas sin precedentes en homicidios dolosos, ejecuciones, robos, desapariciones, asaltos a transportes públicos, secuestros, extorsiones, etcétera. Los hallazgos de fosas clandestinas son más que elocuentes, por más que gobernadores como el de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se jacten de que están acabando con la delincuencia.
Las fuerzas armadas
Las Fuerzas Armadas de México están formadas por dos secretarías de estado: la Secretaría de la Defensa Nacional (el Ejército), la Secretaría de Marina (a cargo de la Armada de México) y la Fuerza Aérea Mexicana. Las dos últimas instituciones están bajo la jefatura operativa del secretario de la Defensa Nacional, aunque el mando supremo lo tiene constitucionalmente el presidente de la República.
Su personal activo es de poco más de 279 mil elementos, de los cuales 15 mil son mujeres.
De conformidad con la Constitución General de la República, fueron constituidas para garantizar soberanía, integridad territorial, independencia y seguridad interior del país; además, colaboran con las autoridades para auxiliar a la población civil en situaciones de desastres naturales o de emergencia social, al tiempo que promueven acciones cívicas o de beneficio comunitario.
Sin embargo, hace décadas que, ante la ineficiencia y la corrupción creciente de los cuerpos policiacos, el mando supremo las ha ido involucrando en otras delicadas tareas que, al paso de los años, han terminado por envolverlas en escenarios de violencia en los que queda en entredicho el respeto a los derechos humanos: combate a insurrecciones armadas desde finales de los años 60, lucha permanente contra el narcotráfico desde hace por lo menos dos décadas y enfrentamientos con bandas de contrabandistas y secuestradores, por lo menos.
En opinión de investigadores y analistas críticos, la línea divisoria entre responsabilidades militares y policiales se desdibujó tan rápido como aumentaron las quejas sobre violaciones a derechos humanos y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales especializados en el tema.
Hay que señalar que la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una Sección de Derechos Humanos en la Procuraduría General de Justicia Militar, así como la Dirección General de Derechos Humanos para atención de quejas y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Secretaría de Marina creó la Dirección de Derechos Humanos en noviembre de 2008, como parte de su Unidad Jurídica.
Preservemos el prestigio institucional de nuestras Fuerzas Armadas.