Pilar Lozano Mac Donald
Presidenta de la Comisión del Mexicano
Migrante
Movimiento Ciudadano ha tenido una firme posición de defensa de los migrantes, tanto nacionales como extranjeros, dentro y fuera de México. En el caso de los migrantes centroamericanos que cruzan por territorio nacional, nuestra posición subraya el respeto a los derechos humanos de toda persona, sin importar si nuestro país es lugar de destino o sólo de paso rumbo a Estados Unidos.
Tenemos claro que, como lo establece la Constitución, toda persona tiene los mismos derechos por el sólo hecho de entrar al país. Por tal motivo, si demandamos el respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas que migran a otro país, tenemos que poner el ejemplo protegiendo a quienes cruzan por suelo mexicano, independientemente de que se quedan aquí o no.
El origen de las migraciones es variado. Sin embargo, resulta inevitable que la migración continúe en un mundo globalizado donde las fronteras desaparecen frente a la integración política, económica, social y cultural; un espacio donde los flujos comerciales traen aparejados flujos migratorios.
La migración resulta inevitable cuando existe un modelo económico que genera una importante concentración de la riqueza, provocando que sólo una cuarta parte de la inversión internacional se dirija a las naciones en desarrollo, trayendo consigo desempleo, pobreza y migración.
En este contexto, la continuidad de modelos económicos ya agotados, que han demostrado sus deficiencias estructurales en el crecimiento armónico mundial, jamás podrán contener los desplazamientos humanos.
En México, el tránsito de personas desde su frontera sur, que tienen como destino llegar a Estados Unidos, está adquiriendo formas distintas. Nuestro país no puede ni está en condiciones de detener a los grupos de migrantes que cruzan por el territorio nacional, sino de velar porque su tránsito sea seguro y con respeto a sus derechos humanos.
Durante años hemos levantado la voz frente a la incuestionable la ausencia de una política migratoria clara. Con la reciente “Caravana Migrante” quedó de manifiesto la ausencia de una política migratoria definida para la atención de esos flujos, que de manera soberana reciba y vele por los derechos humanos de las personas de otros países en su tránsito por territorio nacional.
La decisión del gobierno federal de aceptar que el gobierno estadounidense devuelva a México a las personas que ingresan a su territorio para que permanezcan en nuestro país en tanto que un juez de migración en Estados Unidos determina su situación, pareciera responder a una exigencia externa, sobre todo si consideramos que dicho proceso puede durar de seis meses a cuatro años, ya que las autoridades estadounidenses tienen más de 300 mil solicitudes pendientes.
A pesar de la negativa de miembros del gobierno federal de que México se convierta en Tercer País Seguro (TPS), los argumentos vertidos sobre aceptar a esas personas como una medida humanitaria y temporal justifican una posición forzada y no una decisión soberana.
Nadie en su sano juicio rechazaría el apoyo a migrantes, lo que tenemos que preguntarnos es: ¿México está preparado para otorgar empleo, vivienda, servicios de salud, educación y seguridad a las personas que ya no se desplazarán hacia Estados Unidos, sino que residirán en el país?
Nos preocupa que México, con poco más de 43.6 por ciento de su población en la pobreza y 7.6 en pobreza extrema (Coneval, 2016), es decir, con más de la mitad de su población en esa situación, reúna las condiciones para cumplir con lo que el gobierno actual está ofreciendo a los migrantes centroamericanos.
¿Cómo ofrecer empleo a migrantes del sur del continente, cuando el INEGI ha reportado que más de 2 millones 14 mil personas permanecieron sin trabajo en diciembre de 2018?
A la larga, atender las decisiones de Estados Unidos para frenar la migración hacia su territorio con la entrega de visas humanitarias, generará una mayor presión en la frontera norte, de eso no cabe duda.
En Movimiento Ciudadano continuaremos trabajando para impulsar una política migratoria soberana, ajena a presiones externas, que atienda de manera integral el estatus migratorio de aquellas personas que cruzan por nuestro territorio o deciden permanecer en él. De igual manera, apoyaremos todas aquellas acciones orientadas al establecimiento de políticas bilaterales y multilaterales en la defensa de la comunidad mexicana migrante que vive en el extranjero.
Mientras México carezca de una política migratoria de Estado basada en principios y leyes que atiendan a los tratados internacionales y al derecho internacional, la atención integral a los derechos de las personas permanecerá sujeta a caprichos sexenales.