La hipótesis del gobierno obradorista es que el voto de confianza conferido en las urnas en julio del año pasado le dure al menos la mitad del sexenio, con el fin de poder refrendar la mayoría de MORENA en la Cámara de Diputados y ampliar la cobertura en algunos otros congresos estatales, para -bajo su óptica- navegar el resto del sexenio en un mar político todavía más tranquilo del que ya gozan
Eduardo Mendoza Ayala
Los mexicanos tenemos un nuevo presidente de la República desde el pasado primero de diciembre y en menos de sesenta días ha ocurrido una serie de acontecimientos de alto impacto social y económico, lo que obliga evidentemente a un necesario ejercicio de análisis, reflexión y prospectiva al respecto.
En primer término, hay que decir que la enorme expectativa de cambio político generada desde hace tiempo –poco más de doce años- fue creciendo paulatinamente como una gran ola en el ánimo social, alimentada por la ineficiencia y corrupción gubernamental generalizada, hasta convertirse en unpoderoso “tsunami” electoral que cimbró a la nación entera.
Además, en política -una gran mayoría lo sabe- el factor de negociación y el pragmatismo son básicos para ir avanzando en la consecución de objetivos, y esoes lo que fue haciendo paciente y metódicamente con diversos actores -hasta triunfar- el hoy jefe del ejecutivo federal, quien durante la última campaña propuso sin empacho alguno, por ejemplo, “perdón y amnistía” a quienes hubieran cometido diversos delitos.
Ese polémico anzuelo proselitista que le generó numerosas críticas en su momento, atrajo sin embargo la atención de importantes protagonistas, tanto de laadministración pública federal como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes, sabedores de su conducta inmoral y corrupta en el ejercicio de sus cargos públicos, terminaron pactando con López Obrador su inmunidad y garantizándose –en algunos casos- seguir exprimiendo los recursos nacionales a placer.
Así las cosas, la nueva administración pública federal ha iniciado el sexenio en medio de un frenesí de comunicación -tanto formal como informal-, con contenidos e información que se han percibido la mayoría de las veces como inexactos e incompletos, lo cual ha generado gran inquietud y nerviosismo entre los diferentes públicos receptores.
Sin embargo, calculando que el capital político del que aún dispone el titular del nuevo gobierno es vasto, aparentemente sin preocupación alguna ha empezado a tomar decisiones “atrevidas”, “osadas” y hasta asombrosas, lo que le está permitiendo mantenerse con un elevado porcentaje de aceptación entre la opinión pública.
Sólo así se explicarían los arrebatos, por ejemplo, de la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional, la imposición de la ruta del “Tren Maya”, la propuesta de que nadie gane más que el presidente de la República (misma que le provocó un distanciamiento con la Suprema Corte de Justicia), la cancelación de la reforma educativa, la creación de la Guardia Nacional y la guerra contra los “huachicoleros”, entre otros temas.
Alrededor de todos ellos y varios más, a lo largo de estos casi dos meses de gobierno el carro presidencial ha estado funcionando como si en la transmisión manual se aplicara la primera, luego frenara bruscamente y luego metiera la reversa. Y el público, con sentimientos encontrados -entre emocionado y asombrado-, sólo atina a mirar con perplejidad las peripecias de quien está al mando del vehículo y las de su equipo de trabajo.
De alguna u otra manera, hay que decirlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador está operando coyunturalmente de forma agresiva y dinámica, como para confirmar a propios y extraños que está listo para entrarle a cualquier tema, por difícil, complejo y espinoso que parezca. Paradójicamente, lo que no quiso hacer en su momento Vicente Fox, con toda la popularidad de la que gozaba, el tabasqueño –a su modo- lo está llevando a cabo.
Eso sí, varias de las decisiones que se han tomado desde Palacio Nacional han implicado costos económicos y financieros adicionales a los contemplados en el presupuesto original, los cuales terminaremos pagando los contribuyentes, lamentablemente para nuestros bolsillos. Sin embargo, por alguna afortunada y extraña razón, hasta ahora tales decisiones no han impactado en la cotización de nuestra moneda frente al dólar, lo cual es al menos un signo positivo, o tal vez podría decirse que hasta misterioso.
Cuando desde la etapa de transición el entonces mandatario electo planteaba los programas sociales de gobierno, había quien desconfiaba de la forma en que iba a cubrir los costos financieros. Hoy en día, aparentemente con algunos “ahorros” derivados de las luchas ya señaladas, ha empezado a fundarlos, generando –por lo menos hasta ahora- el beneficio de la duda.
Así, entre relativa cautela, mensajes de aliento, repentinas sospechas, algo de incertidumbre, un poco de desconfianza, ciertos aplausos y uno que otro silbido desde la tribuna ciudadana, el nuevo gobierno ha empezado a arrancar su maquinaria. Y aunque es muy temprano para juzgarlo integralmente, es posible identificar algunos de sus principales rasgos.
Está muy claro que lo que busca el nuevo mandatario es encabezar una administración profundamente distinta a la que llevó su predecesor, que desde el primer día se vio sellada por el signo de la corrupción, la inmoralidad y la falta de ética. Ideológicamente, desea establecer un gobierno de orientación socialista, intentando una mejor distribución de la riqueza y abatir los enormes contrastes socioeconómicos existentes.
Treinta millones de votos (la tercera parte de estos con respaldo priista a cambio de la amnistía), así como una gran mayoría de familias pobres y marginadas, buscan ser los destinatarios de la mayoría de sus acciones de gobierno, con el riesgo de caer –por desesperación o por simple ansia política- en meras prácticas populistas que a la larga podrían resultar caras, lo mismo para ricos como para los de clase media y los más necesitados.
Hay quienes piensan que los programas de apoyo a los jóvenes, a las mujeres y a los ancianos llevan consigo la intención de ir construyendo desde ahora un cuerpo social que fortalezca políticamente el liderazgo del presidente de la República y la membresía del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de cara a preparar una continuidad y permanencia en el gobierno. No se descarta tal esquema.
El detalle fino en el análisis es saber hasta qué punto la negociación de inmunidad política y jurídica establecida con Peña Nieto y sus secuaces priistas le va a impedir actuar con genuina libertad –o al menos limitar- su tan llevada y traída lucha contra la corrupción, toda vez que muchos de ellos son prácticamente los controladores de la marcha económica del país, de forma directa o disfrazada.
Y es que mientras el modelo económico mexicano continúe siendo el mercantilismo –donde el gobierno otorga a unos cuantos agentes empresariales la explotación de las principales actividades económico-productivas marginando al resto de los competidores y a otros emprendedores-, no lograremos avanzar sustancialmente en materia productiva.
Tal vez los esfuerzos del nuevo gobierno por tratar de diferenciarse lleguen finalmente a constituir una simple escenografía de oropel en un teatro que requiere remozamiento de fondo, en donde vigas, muros y columnas tienen que ser sustituidas por completo. Si esto no se logra, el escenario puede derrumbarse estrepitosamente, con las consecuencias que ello implicaría. Y es que, por ejemplo, hasta el momento no hay indicios claros de que se intente profundizar en las investigaciones penales más evidentes, ni siquiera se vislumbra algo de hostigamiento fiscal contra los que han arrasado materialmente con los recursos del país y amasado abundante riqueza, bajo el argumento gubernamental de preferir invertir mejor el tiempo en el diseño de nuevas políticas públicas y proyectos de gobierno.
Pero mientras el desafío es acometido por el presidente de la República, su gabinete y el equipo de trabajo que le acompaña en el ámbito federal, surge la inquietud entre la sociedad de saber si tal deseo y conducta de honestidad y honradez será la que prevalezca durante todo el sexenio, replicada también en los ámbitos estatal y municipal, para que ello nos lleve a un mejor ambiente social y relaciones entre gobierno y gobernados.
Para que eso ocurra, es necesario que cada uno de nosotros actúe de manera activa y congruente desde el ámbito familiar, luego en el comunitario y finalmente trasladarlo juntos a escalas superiores, hasta generar con el ejemplo una cultura diferente a la que tristemente sigue predominando en muchos ambientes de la nación. No es tarea fácil, pero tampoco imposible. Es cuestión de partir de la voluntad individual.
En ese tenor, todos debemos respetar las leyes, empezando por las mismas autoridades (Estado de Derecho); que se respeten todo tipo de opiniones (libertad) y que exista, además, un respeto real entre el gobierno federal, los estados y municipios (Federalismo) en donde el trato entre los tres ámbitos sea justo y equitativo, con el fin de que las entidades de la República y los ayuntamientos se fortalezcan sustancialmente para depender menos del gobierno federal.
Si esto llegara a ocurrir –como uno de los posibles escenarios- muchos mexicanos podríamos pensar que el porvenir mejoraría; pero si lo que se busca es simplemente “taparle el ojo al macho” o “darle una barnizadita” donde es necesario resanar a profundidad, debido al pacto de inmunidad política que se estableció tanto con el PRI como con otros poderes fácticos, entonces la aduana de la renovación del congreso en la elección del 2021 será la oportunidad que el ciudadano tenga para exigir realidades.
Quizá por eso desde ahora se plantea en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para modificar la normatividad electoral (aprovechando la mayoría del partido político del presidente López Obrador), para que en el ejercicio del sufragio en las elecciones intermedias se agregue una boleta en la que se pregunte al votante si refrenda o no la confianza en el gobierno encabezado por el tabasqueño. Con esta medida se estaría intentando manipular o conducir al elector desde la misma casilla, ya que esa maniobra aparentemente inocente, llevaría consigo la perversa idea de influir sufragios a favor de MORENA.
La hipótesis del gobierno obradorista es, sin embargo, que el voto de confianza conferido en las urnas en julio del año pasado le dure al menos la mitad del sexenio, con el fin de poder refrendar la mayoría de MORENA en la Cámara de Diputados y ampliar la cobertura en algunos otros congresos estatales, para –bajo su óptica- navegar el resto del sexenio en un mar político todavía más tranquilo del que ya gozan. Vamos a ver qué dice al respecto la sociedad mexicana organizada y pensante. Mucha agua habrá de correr todavía debajo del puente donde estamos todos, entre ansiosos y expectantes.