“Creo que ustedes no sólo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí los están viendo y si ustedes se pasan (sic), pues ya saben lo que sucede”
en su conferencia de prensa matutina
Luis Gutiérrez Rodríguez
En julio del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un mandato inequívoco de la mayoría ciudadana: atender las necesidades de los mexicanos y gobernar al país con eficacia y apego a la ley. A saber: propiciar inversiones generadoras de empleos; frenar la inseguridad pública y el crimen; generar crecimiento económico; mediante consultas amplias en foros de expertos, crear una Guardia Nacional con mando civil ante la corrupción, impunidad e incapacidad de las corporaciones policiacas; hacer que la reforma educativa sea en beneficio de estudiantes y maestros por igual, ajena a intereses partidistas… y un largo etcétera.
En sentido contrario, al quinto mes de ejercicio del mandato presidencial una percepción se generaliza: el poder del jefe del ejecutivo se transforma paulatinamente en autoritarismo a ultranza. Toma decisiones personales con total convencimiento de que sólo él tiene la razón, por encima (o por debajo, a modo) de la ley.
Dos de los Poderes de la Unión parecen estorbar a los objetivos presidenciales: el Congreso de la Unión (particularmente el Senado) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque siempre bajo protesta del Ejecutivo de que hay respeto irrestricto a la división de poderes. Es conocido que se han registrado roces con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e inclusive con el líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.
Prensa incómoda
La animadversión del licenciado López Obrador hacia los medios de comunicación) viene desde que, siendo presidente del PRI en Tabasco, su partido le negó ser candidato a gobernador de su estado. Desde entonces, toda crítica, todo comentario periodístico adverso es, para su entendimiento, antidemocrático.
Analistas respetables y críticos independientes, al igual que periodistas intachables, han señalado una y otra vez los excesos autoritarios de López Obrador e inclusive la inexactitud de alguna información.
El presidente se ha encargado de dar mala interpretación a la letra y el espíritu de la Ley Reglamentaria del artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución en materia del Derecho de Réplica, cuya última reforma fue publicada apenas el 30 de mayo del año pasado.
Dice el artículo 6° constitucional: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”.
La ley reglamentaria define al derecho de réplica como el que toda persona posee para que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados, relacionados con hechos que le aludan, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada e imagen.
La distorsión, accidental o intencional, la provoca el presidente López Obrador cuando usa “su” derecho de réplica para descalificar a quien lo cuestiona; para llamar “prensa fifí” a los reporteros con preguntas para las cuales no tiene respuestas (no de momento, al menos); para responder con promesas vagas a interpelaciones sobre conductas del gobierno; para llamar neoliberales, conservadores o corruptos a quienes le hacen críticas.
En noviembre de 1977 estaba por cumplirse el primer año de gobierno de José López Portillo (“el último presidente de la Revolución”, lo llamaron sus amigos) y el sistema político controlado por el PRI ya se encaminaba a la catástrofe. Un conspicuo priista, Rodolfo González Guevara (entonces líder de la mayoría en la Cámara de Diputados) hizo la advertencia en entrevista para el naciente diario Unomásuno: “La falta de oposición política es una amenaza para la sociedad mexicana”.
Hace casi 42 años nadie pareció entender la advertencia. Tampoco parece comprenderlo hoy el actual presidente de México ni su triunfante partido, Morena. En cuanto mitin celebra en provincia, o en sus propias conferencias de prensa (que tienen interés creciente, según su apreciación), sigue hablando de sus “adversarios corruptos” al tiempo que repite una y otra vez que, por el contrario, él es un hombre honesto que nunca dice mentiras.
Inseguridad y criminalidad
En México la inseguridad y el crimen están al alza. La última evaluación del INEGI (abril 17) sobre la percepción de inseguridad de la ciudadanía mayor de 18 años de edad, reveló que 7 de cada 10 personas se sienten inseguras en la ciudad en que habitan.
Simultáneamente, la policía reportó hallazgos de numerosas fosas clandestinas en el centro del estado de Veracruz y otras entidades federativas. De acuerdo con datos oficiales, durante los primeros tres meses de 2019 fueron asesinados 8 mil 524 mexicanos (enero fue el más violento de la historia, con 2 mil 853 asesinatos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública [SESNSP], órgano a su vez de la Secretaría de Gobernación [Segob]).
Texcoco, Santa Lucía, Toluca
La decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en terrenos del Lago de Texcoco y construir otro en Santa Lucía, Estado de México, estuvo un tiempo atrapada en las ambigüedades propias del actual gobierno.
Un cable de la agencia Reuters arrojó algo de claridad al asunto desde el jueves 15 de noviembre de 2018, cuando desde Nueva York, Abel Mauro Hibert Sánchez, señalado como presunto autor del proyecto económico de Andrés Manuel López Obrador, dijo que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco tendría un costo de alrededor del 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. He hizo una advertencia: “Algunos de los proyectos sociales y de infraestructura deben posponerse a fin de dejar espacio para las consecuencias financieras de la cancelación del proyecto del aeropuerto”.
Al anunciar la cancelación de la obra un mes antes de tomar posesión, López Obrador explicó: “Hay fondos en el fideicomiso actual que respaldan los compromisos en contratos y en inversiones, pero además de eso existe el respaldo, el aval, nuestra palabra, nuestra autoridad moral y política de atender cualquier reclamación de empresas o de inversionistas”.
Diversas fuentes calcularon costos variables: de 60 mil a 120 mil millones de pesos. Pero el derrotado excandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, afirmó el 29 de diciembre que, según sus propios cálculos (incluso compartió la metodología empleada para hacerlos), la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) decidida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador costará a los mexicanos 145 mil millones de dólares. Habrá pérdidas y no ahorros como asegura la administración lópezobradorista, sostuvo.
En enero de 2019, por decisión presidencial, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtuvo registro formal para “despegar el proyecto” y solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 885.5 millones de pesos para iniciar las licitaciones, a fin de asignar la gerencia del proyecto y la elaboración de 14 “estudios de pre inversión” que incluyen la interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
De acuerdo con información oficial, a la Sedena se le asignaron 15 mil millones de pesos este año como “provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad”.
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la saturación del AICM disminuirá con la construcción, a cargo de la Dirección General de Ingenieros de la Sedena, de un aeropuerto comercial de dos pistas de servicio de pasajeros y carga en la base militar de Santa Lucía. Los dos operarían simultáneamente. Además, se ampliará el Aeropuerto Internacional de Toluca.
En la construcción del aeropuerto en Texcoco había 45 mil trabajadores y, según el proyecto original a fines de 2020, cuando entrara en funciones, generaría 450 mil empleos.
Desempleo
El recorte de personal del gobierno, que el presidente López Obrador llamó “ajuste administrativo”, inundó de zozobra e incertidumbre a un millón 567 mil personas, de las cuales alrededor de 348 mil (20.3%) está en puestos de confianza en 319 entidades públicas.
Lo cierto es que ese indiscriminado recorte del 70% a las plazas de confianza ya significó el desempleo de más de 222 mil 600 mexicanas y mexicanos.
Al mes de febrero de 2019, el INEGI fijó en 3.4% la tasa de desempleo con datos actualizados al 27 de marzo siguiente. Sin embargo, el 16 de abril, siete días antes de la siguiente actualización oficial de datos (23 de abril), el presidente dijo en su conferencia matutina que el IMSS le envió datos según los cuales creció el número de trabajadores asegurados en el trimestre enero-marzo de 2019, al crearse 269 mil 143 empleos, cifra no vista en los últimos diez años.
¿Dónde está la verdad? ¿En el INEGI o en el IMSS? Es inevitable mencionar aquí que el actual director del IMSS es el Lic. Germán Martínez Cázares, dirigente nacional del PAN del 8 de diciembre de 2007 al 8 de agosto de 2009 y secretario de la Función Pública del 1° de diciembre de 2006 al 27 de diciembre de 2007, en el gabinete de Felipe Calderón. El 1° de septiembre de 2018 Morena lo registró como senador de su bancada por la vía de representación proporcional, pero Martínez Cázares duró menos de dos meses como legislador, pues pidió licencia el 29 de noviembre del año pasado para asumir la dirección general del IMSS.
Mientras tanto, el hecho, siempre con datos oficiales del INEGI, es que más del 50 por ciento de los trabajadores mexicanos labora en la informalidad, lo que significa que más de la mitad de las personas que trabajan en el país lo hacen sin los derechos laborales que otorga la ley.
La mudanza gubernamental
El trasiego o descentralización de 31 dependencias del gobierno federal, dispuesto por voluntad presidencial, tenía previsto un costo de 125 mil millones de pesos, así como 22 mil 805 millones adicionales para estudios, evaluación de las dependencias y costos de traslado. Y es que, como en numerosos casos de lo que llaman la 4T (cuarta transformación de la República), es evidente la falta de proyectos y de evaluación para realizar lo prometido.
López Obrador ha dicho que esta mudanza ayudará a fortalecer las economías de todos los estados. Además, había anticipado que el proceso empezaría con el sexenio 2018-2024, pero lo único fortalecido en la burocracia han sido la incertidumbre y la zozobra crecientes.
Aunque Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, asegura que el proceso no será “irresponsable” y que cuidarán las fuentes de empleo y al personal que actualmente labora en cada una de las dependencias federales, parece que nadie previó que una de las consecuencias de esta mudanza colosal puede ser la desintegración familiar.
Actualmente, la necesidad de trabajar tiene a cientos de miles de parejas (marido y esposa) con empleos en el sector público, con hijos menores de edad. Aunque aún parece remota la consumación de la medida, esas parejas sufren hoy la amenaza de la separación. Un caso hipotético: la esposa a Chetumal, con la Secretaría de Turismo; el marido a la Secretaría de Educación Pública, en Puebla. ¿Quién se hace cargo de los hijos? ¿Qué educación se les puede garantizar?
No ha podido consumarse el descabellado plan porque no hay suficientes reservas territoriales, ni oficinas… ni dinero.
La guerra contra el huachicol
Según datos oficiales, las redes de robo de combustible (huachicol o líquido adulterado) creadas en las últimas décadas provocaban al gobierno y a Petróleos Mexicanos (Pemex) pérdidas por 60 mil millones de pesos al año.
Para erradicar este problema, el gobierno de López Obrador urdió una estrategia que consistió en cerrar las válvulas de por lo menos cuatro de los 13 oleoductos de Pemex, a fin de frustrar la extracción clandestina de gasolinas. Sin embargo, con esta medida se quedaron sin suministro suficiente de combustible numerosas ciudades de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, México, Tamaulipas, Michoacán y Guanajuato. Y no sólo eso: los incómodos medios de comunicación reseñaron retrasos de miles de personas para llegar a sus centros de trabajo, despidos, filas interminables en los expendios de gasolina, demoras en la entrega de mercancías, pérdidas de clientes y dinero.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reveló pérdidas de sus agremiados por mil 350 millones de pesos en tan sólo tres entidades federativas y en una sola semana de la estrategia (luego “guerra”) contra el huachicol.
La influyente revista Proceso aventuró que se trataba de una guerra inventada para construir una falsa emergencia de “seguridad nacional”. Un nuevo delincuente “fabricado para criminalizar la pobreza y al mismo tiempo borrar la responsabilidad de los verdaderos culpables del saqueo de hidrocarburos en las refinerías y las plataformas marítimas de Pemex: la corrupta clase político-empresarial de los dos sexenios anteriores”.
Con “el uso legítimo de las fuerzas armadas”, según AMLO, a mediados de enero del año en curso la Procuraduría General de la República informó que ya se habían asegurado 465 mil 121 litros de gas licuado de petróleo, confiscados 955 vehículos, 32 pipas, 41 remolques, 66 cisternas o tanques, 4 mil 749 bidones, 29 inmuebles y 11 armas de fuego. Además, se neutralizaron mil 21 tomas clandestinas, se iniciaron mil 831 carpetas de investigación y habían sido detenidas 431 personas.
El gobierno asegura (30 de marzo) que el robo de gasolina se redujo a 6 mil barriles promedio al día, lo que significa un ahorro cotidiano de 24.8 millones de pesos. Pero lo anterior no se ha reflejado en la difícil situación financiera por la que atraviesa Pemex.
El Tren Maya
Otro de los grandes proyectos del presidente López Obrador es el Tren Maya, aunque su realización enfrenta graves dificultades que suele rechazar con el “me canso ganso”. El objetivo de ese tren es turístico, sin mayores pretensiones de preservación histórica, arqueológica, cultural, ambiental o ecológica. Recorrerá mil 525 kilómetros y tendrá 15 estaciones, aunque hay folletos en los que aparecen Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Bacalar, Xpujil, Calakmul, Palenque, Campeche, Valladolid, Chichén Itzá, Izamal y Mérida, entre otros. La paradoja es que su construcción implica también recortes al presupuesto de la Sectur (los sufrirán Fonatur y el Consejo de Promoción al Turismo), aunque el tercer lugar del ingreso de divisas a México lo ocupe el turismo.
El costo calculado el gobierno federal va de 120 mil a 150 mil millones de pesos. Sin embargo, en marzo último el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que los proyectos ferroviarios de esta naturaleza elevan su costo hasta en 45% sobre lo presupuestado. Alertó que el costo de construcción del proyecto del Tren Maya podría aumentar entre cuatro y 10 veces más que los 120 o 150 mil millones de pesos estimados por el gobierno federal.
El IMCO analizó los desafíos económicos, ambientales y sociales del proyecto, que incluyeron el aforo, la densidad poblacional, la conectividad, el uso principal de las vías y la competencia del tren con otros medios de transporte, de modo que el costo que se deriva de este análisis apunta a un posible aumento que iría de 479 mil 920 millones de pesos a un billón 599 mil 767 millones de pesos.
El arqueólogo, historiador, antropólogo experto en la región maya y académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carlos Navarrete Cáceres, advierte además de los posibles impactos ecológicos, económicos, sociales, culturales y sobre el patrimonio arqueológico del proyecto Tren Maya.
En noviembre de 2018 dijo a la revista Proceso que el Tren Maya no sólo atravesará por sitios arqueológicos e históricos, “sino por yacimientos con restos prehispánicos poco o nada explorados, comunidades herederas de esas antiguas culturas, así como otras resultantes del sincretismo, ricas en tradiciones vivas y que al mismo tiempo padecen diversos problemas socioeconómicos, de salud y desarrollo, entre otros”.
Miscelánea 4T
Aunque aclaró que “no se puede generalizar”, el lunes 10 de diciembre, en su segunda conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador comparó a quienes van a estudiar al extranjero con los hijos del personaje de Mario Puzo, Vito Corleone, en la novela El Padrino, ya que enviaba a sus hijos a estudiar al extranjero para aprender malas mañas.
Algunos integrantes de su gabinete estudiaron en universidades extranjeras: Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard, Miguel Torruco, Luisa María Alcalde, Carlos Urzúa, Javier Jiménez Espriú, Josefa Blanco Ortiz Mena, Esteban Moctezuma Barragán, Irma Eréndira Sandoval, Jorge Alcocer y Graciela Márquez.
El 25 de marzo de este año el presidente de México envió cartas personales al rey Felipe VI de España y al papa Francisco, “para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos”. Escándalo y críticas envolvieron las notas periodísticas. López Obrador reviró que se había sobredimensionado el asunto.
El viernes 12 de abril, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, hubo un desencuentro incómodo entre el periodista de Univisión, Jorge Ramos, y el presidente López Obrador. Ramos llevaba datos oficiales según los cuales en el último trimestre habían asesinado en nuestro país a 5 mil 824 personas y que, de seguir igual la situación, 2019 resultará el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. “¿Qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo?”, le preguntó Jorge Ramos al presidente. López Obrador respondió que él tenía otra información, que la situación se había revertido y se comprometió a que sigan bajando los homicidios. El desencuentro incluyó el señalamiento de Ramos de que los periodistas tienen derecho a no revelar sus fuentes de información (presunta petición de AMLO), a lo que el presidente respondió que él tiene derecho a ejercer su derecho de réplica.
Posteriormente, el diario Reforma publicó en su primera plana un comentario presidencial: “Vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No. Yo pienso, con todo respeto discrepo (sic). Creo que ustedes no sólo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí los están viendo y si ustedes se pasan (sic), pues ya saben lo que sucede. Y “lo que sucede”, según el diario Reforma (y se confirma en las redes sociales), es que brotan por doquier agresivos y violentos ataques de defensores de Andrés Manuel.
El martes 16 de abril último AMLO envió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, memorandos instruyéndolos para dejar sin efecto las medidas en las que se ha traducido la llamada reforma educativa. Reforma Educativa que fue analizada, discutida y aprobada por el Congreso de la Unión. La oposición llamó a los memorandos “acción unilateral que sienta un mal precedente y pone en riesgo el orden constitucional, así como el equilibro de Poderes”. En su reconciliación con el magisterio que votó por Morena, AMLO llegó a decir: “Si hay que optar entre la ley y la justicia se debe decidir en favor de la justicia, pues está por encima de todo”. No aparecieron las frecuentes citas de López Obrador a la frase de Benito Juárez: “[…] nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho […]”