El “Estado de derecho” es el estado nacional cuyo poder y cuya actividad se regulan y garantizan por medio de la aplicación de la ley. Habrá casos, quizás, en los que la ley pueda ser elástica, pero quebrantarla o violarla lesiona gravemente el Estado de derecho y amenaza la estructura básica de una nación democrática: vida institucional, paz, gobierno, sociedad y territorio.
El 9 de octubre de 2018 el reportero Arturo Ángel publicó en el medio digital Animal Político el “Índice de Estado de Derecho México 2018”, de la organización internacional World Justice Project (WJP), según el cual México había sido reprobado en Estado de Derecho después de ser evaluado el desempeño de las 32 entidades federativas del país en esta materia.
Esa organización internacional señaló que la corrupción, la falta de medidas regulatorias claras y la violencia son los principales factores que debilitan la existencia de condiciones plenas de legalidad en el país. A ello se debe añadir la insistencia del jefe del gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador (ante el silencio disciplinado y complaciente de su gabinete), de violentar el orden legal, incluido el constitucional, con el fin de obtener a como haya lugar los recursos adicionales que requiere el cumplimiento de sus promesas de campaña.
La crítica responsable de una opinión pública informada se ocupó ya de señalar, entre muchos otros casos, los equívocos e ilegales memorandos con los que el presidente pretendió hacer a un lado al Poder Legislativo para eliminar la reforma educativa de su antecesor en el poder; la disposición de que las secretarías de la Defensa, de Energía y Petróleos Mexicanos (Pemex) se encarguen de realizar obra pública más allá de sus funciones legales y decretar prioridad nacional la búsqueda de más de 46 mil seres humanos desaparecidos sin ir más allá en la inmensa pesquisa: investigar cómo murieron las víctimas que se están encontrando en centenares de fosas clandestinas, quiénes fueron los victimarios y añadir a la tarea un objetivo elemental y necesario: castigar a los responsables de décadas de terror y crímenes de Estado que continúan impunes.
A este desolador escenario de crímenes sin castigo se suman ahora dos casos que agravian a la sociedad mexicana: 1) las prácticas corruptas de la empresa brasileña Odebrecht, que sobornó a funcionarios mexicanos de alto nivel para beneficiarse con contratos de obra pública, y 2) la llamada “Estafa maestra”, que consistió en contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos entregados a 186 empresas, por conducto de 11 dependencias federales, durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto.
¿Ley o anarquía? ¿Justicia o complicidad?
Los causantes de latrocinios y crímenes no merecen un “pórtense bien”.