Internacional
Medidas antimigratorias de Trump: ¿parálisis en México?

En el mundo, sobre todo en los países del hemisferio norte, se tiene la idea de que la migración es peligrosa para las economías, por lo que debe evitarse defendiendo a toda costa las fronteras.

Al respecto, en los últimos dos años el actual gobierno de los Estados Unidos ha emprendido cinco acciones ejecutivas unilaterales antimigratorias contra los países centroamericanos, aunque especialmente dirigidas contra México. A saber: la política de tolerancia cero; la intención de suspender el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA); el categorizar a México como tercer país seguro de facto; la declaratoria de emergencia nacional arguyendo crisis fronteriza, y por consiguiente, fomentando el cierre parcial de su frontera con México.

Sorprendentemente, y lejos de lo que los medios y la comentocracia política en general ha aducido sobre la inacción de México ante este tema, es importante señalar de manera objetiva que el actual gobierno ha emprendido más acciones de las que se podría pensar: 1. Apegadas a los principios constitucionales de política exterior, y 2. En su mayoría, políticas encaminadas a la solución conjunta entre los países de la región, en apego al multilateralismo y la cooperación.

Respecto a las acciones multilaterales, éstas han sido:
1. Coordinación y diseño del Plan de Desarrollo Integral: Acuerdo firmado en la Ciudad de México el 1° de diciembre de 2018 por los mandatarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, así como por representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se ha trabajado bajo el principio de responsabilidad compartida pero diferenciada, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial sobre Migración, para la creación de un fondo que incluya programas, proyectos y acciones específicas con el fin de fortalecer el desarrollo social y combatir de manera integral las causas de las diásporas en la región.

2. Redacción y firma del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas: El pasado 10 de diciembre, en Marrakhech, Marruecos, México adoptó el Pacto con el fin de respaldar el cambio de paradigma de atención de la migración a uno con perspectiva de respeto a los derechos humanos y la no criminalización. Entre otros compromisos que ratificó México, destacan: la cooperación para abordar las casusas que motivan la migración; el mejoramiento de las vías de migración legal; la instrumentación de medidas contra la trata y el tráfico de personas; la prohibición de la separación de las familias; la detención de migrantes como última opción, y el reconocimiento del derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino.

3. Mecanismo de coordinación y comunicación: Derivado de una reunión de trabajo en la Cancillería mexicana, celebrada el pasado 30 de abril, con los embajadores en México de El Salvador, Guatemala y Honduras, se acordó establecer un mecanismo de coordinación y comunicación que permita atender de manera más efectiva los flujos migratorios de personas provenientes de los países del Norte de Centroamérica. Para su funcionamiento se propuso la celebración de reuniones periódicas con el objeto de intercambiar información y dar seguimiento al desplazamiento de los migrantes centroamericanos que buscan ingresar a nuestro país.
Con relación a las políticas de carácter nacional de repercusión con la frontera norte, se encuentran:

1. Estrategia de protección al migrante 2019-2024: El pasado 28 de febrero se presentaron en Conferencia de Prensa en Palacio Nacional diez acciones para apoyar, proteger y ayudar a nuestros connacionales, principalmente asentados en los Estados Unidos, las cuales son:

1. El gobierno de México adoptará como eje transversal la atención a los mexicanos en el exterior. Se contará con la participación de gobiernos estatales y municipales tanto en México como en los Estados Unidos.

2. Capacitación en la atención al público de grupos vulnerables, así como profesionalización en la atención consular con mayor incorporación de cuadros experimentados del Servicio Exterior Mexicano.

3. Ampliación de la red de abogados y organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos.
4. Promoción activa de las identidades culturales mexicanas entre las comunidades de primera y subsecuentes generaciones.

5. Ampliación de los programas de educación, salud y deporte para elevar la calidad de vida.

6. Desarrollo de mecanismos financieros para la participación de la comunidad migrante en los grandes proyectos de desarrollo en México.

7. Consulados móviles integrales enfocados en las comunidades más vulnerables y desplegados en nuevos sitios.

8. Empoderamiento de la comunidad mexicana y mexicoamericana mediante el reconocimiento y promoción de sus contribuciones.

9. Modernización de la normatividad de la Cancillería para homologar las acciones consulares con el marco actual de derechos humanos en asuntos como la inclusión de lenguas indígenas y el matrimonio igualitario en procedimientos consulares.

10. Desarrollo de una cultura de consulta periódica a la comunidad para escuchar y conocer sus necesidades y opiniones, comenzando con el Plan Nacional de Desarrollo.

2. Planes de Trabajo de Consulados Generales: El pasado 27 de marzo los cónsules generales de Los Ángeles y San Francisco, California; de Miami, Florida; de Boston, Massachusetts; de El Paso y Houston, Texas; de Nueva York, Nueva York; y de Raleigh, Carolina del Norte, presentaron en la Cancillería mexicana sus estrategias de trabajo para defender los intereses y derechos de nuestros connacionales. Entre las estrategias se destacan: la capacitación y sensibilización del personal de los consulados en materia de atención a víctimas de trata o violencia y a la comunidad LGBTTTI; la firma de memorandos de entendimiento con las fiscalías locales para el combate del tráfico de personas; la consolidación de programas de asesorías legales; cabildeo y seguimiento a discusiones legislativas (federal y estatal) que tengan que ver con mexicanos, y la difusión de los derechos y obligaciones de los mexicanos en los Estados Unidos mediante consulados móviles.

De las políticas de carácter nacional de repercusión con ambas fronteras, norte y a sur, existe la:
1. Iniciativa para la Inversión Inclusiva en México (3IM): El pasado 29 de abril se anunció en la Cancillería de México la creación de una asociación transfronteriza e intersectorial llamada Iniciativa para la Inversión Inclusiva en México (3IM), que atraerá capital para crear empleos en zonas con poblaciones de alto nivel de desplazamiento migratorio, como el sur de México y los estados fronterizos del norte. Por ello, 3IM fomentará la creación de nuevas empresas y la expansión del empleo, el desarrollo de la fuerza laboral y la canalización de capital social para enriquecer el ecosistema empresarial en México, lo que traerá como consecuencia la reducción del el desempleo y el desplazamiento.

Y respecto a las acciones de carácter nacional de repercusión con la frontera sur se encuentran:
1. Regularización de Estatus Legal: El pasado 3 de marzo el gobierno mexicano otorgó un documento de estatus legal a más de trece mil personas extranjeras que ingresaron por la frontera sur para registrar su ingreso y facilitar que algunos se inserten en el mercado laboral. Con esta iniciativa se buscó subsanar las prácticas inconstitucionales de administraciones pasadas.

2. Deportaciones de centroamericanos: Durante el primer trimestre del 2019, a través del Instituto Nacional de Migración, se realizaron 30 mil 187 deportaciones, mientras que en el mismo período del año 2018 se tiene registro de haberse realizado 27 mil 648, y en 2017, de 20 mil 132 deportaciones. Es decir, en dos años las deportaciones de centroamericanos por parte del gobierno mexicano aumentaron en casi un 40 por ciento.

De las ocho acciones hasta el momento desplegadas por el actual gobierno de México para enfrentar los embates antimigratorios del vecino país del norte, se puede concluir que se han emprendido diversas políticas dirigidas a la emigración e inmigración con acciones que se han centrado en garantizar sus derechos humanos. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para lograr el respeto a nuestros connacionales en los Estados Unidos y, por ende, inhibir el endurecimiento de su política antimigratoria o para contener la oleada irregular y masiva de caravanas, principalmente de centroamericanos, que entran a nuestro país, muchos de ellos en tránsito hacia el norte.

De ahí la sensación colectiva de tibieza y falta de acciones contundentes por parte del gobierno de México. Lo anterior aunado a que las respuestas a los permanentes ataques del mandatario estadounidense contra México sólo se efectúan mediante notas diplomáticas dirigidas a la Embajada de Estados Unidos en México por parte de nuestra Cancillería, sin que estén destinadas directamente al propio Departamento de Estado, o de presidente a presidente, y limitándose a expresar preocupación por las situaciones fronterizas.

En Movimiento Ciudadano creemos en el diálogo y los acuerdos como base para la construcción de soluciones que atañen de manera integral a la región, por lo que pugnamos por acciones como:
1. El fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano, de manera especial del cuerpo consular ubicado en los Estados Unidos, a fin de ampliar la red de protección y asesoría legal para los connacionales.

2. La promoción del diálogo interparlamentario con el Congreso de los Estados Unidos, con los gobiernos locales de los estados fronterizos y con las organizaciones civiles de migrantes a fin de asegurar la permanencia de iniciativas como las ciudades santuario e inhibir la presión de Washington en el tema migratorio.

3. El mejoramiento del Programa 3×1, que apoya las iniciativas de los mexicanos organizados que viven en el exterior, brindándoles la oportunidad de canalizar recursos a México para la realización de obras de impacto social que beneficien directamente a sus comunidades de origen; así como la asesoría técnica para la implementación del programa en los países centroamericanos.

4. El replanteamiento de las vías de migración regular bajo criterios de disponibilidad y flexibilidad, sin poner en peligro la estabilidad de los mexicanos.

5. El condicionamiento de incentivos fiscales, en razón de facilitar la contratación equitativa y ética de migrantes con garantías de trabajo decente.