El Ciudadano
Entre aparentes debates y estridencias distractoras, se consolida la percepción ciudadana de que los objetivos que combatiría el actual gobierno: corrupción e impunidad, persisten y en algunos casos avanzan y crecen. Lo hacen de la mano de un mal que empeora la situación: la inseguridad.
Todos los días el presidente de la República hace señalamientos, particularmente a los pobres, sobre las causas de los graves problemas que agobian a la sociedad mexicana: inseguridad ciudadana, desfalcos, uso indebido de recursos públicos, incertidumbre en la conducción económica del país…
En mítines provincianos o en las conferencias de prensa matutinas, la retórica presidencial exhibe, fustiga, reprocha a culpables anónimos, pero no castiga, no aplica la ley, no cumple con la obligación constitucional de sancionar a delincuentes.
La “estafa maestra”
Uno de los casos que ha generado expectativas es la llamada “Estafa Maestra”. Presuntamente, el gobierno bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto desvió miles de millones de pesos por conducto de 11 dependencias. Una revisión de las Cuentas Públicas de 2013 y 2014, realizada por el periódico digital Animal Político y por la organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), detectó contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos. Esta cantidad le fue entregada a 186 empresas, de las cuales 128 no debían recibir recursos públicos, porque carecen de infraestructura y personalidad jurídica para dar los servicios por los que fueron contratadas… o sencillamente no existen.
A principios de mayo pasado, el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó que fueron reactivadas las investigaciones sobre la llamada “Estafa Maestra”, que supone una maquinación causante de un daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos y de organizar “un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público”.
Paradigma maloliente
Un caso paradigmático de la corrupción y la impunidad en nuestro país gira en torno a Petróleos Mexicanos (Pemex). Diversas agencias financieras de riesgo han advertido que esta empresa petrolera mexicana puede provocar el desinterés de inversionistas nacionales y extranjeros porque su constante descenso en la producción de crudo; además, es una de las petroleras más endeudadas del mundo: tiene acreedores por más de 106 mil millones de dólares.
Dos han sido las principales respuestas oficiales a estas observaciones: que encubren intereses políticos o que no evalúan de manera “responsable y seria” (Rocío Nahle, Secretaria de Energía). Pero no hay respuesta cuando organizaciones ciudadanas y trabajadores petroleros disidentes exigen que se investigue el enriquecimiento inexplicable del actual dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el senador por el PRI Carlos Romero Deschamps.
Pemex carga además con un fardo maloliente, encubierto por silencios y evasivas que se antojan cómplices: el de sus relaciones comerciales con el consorcio brasileño Construtora Norberto Odebrecht, S. A., y su filial Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V.
A fines del 2010 la constructora brasileña (fundada en 1944 por el ingeniero y empresario Norberto Odebrecht, que con el tiempo se convertiría en Grupo Odebrecht) creó una oficina financiera a la que llamó “Sector de relaciones estratégicas”. Se trataba en realidad de un departamento encargado de tejer una red de sobornos para poderosos e influyentes clientes y obtener jugosos contratos en diversos países de América Latina. Para disimular, pusieron al frente del área a una empleada veinteañera, Concepción Andrade. El ilegal departamento de sobornos de Odebrecht empezó a funcionar en 1987.
Concepción Andrade fue despedida en 1992, pero se llevó a casa todos los registros de “operaciones” realizadas hasta entonces. Se desquitó 30 años después, cuando entregó a la justicia y a una comisión del Congreso brasileño las pruebas celosamente guardadas.
Y el escándalo estalló.
De acuerdo con especialistas de 10 países latinoamericanos, fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos abrieron una investigación sobre la constructora brasileña. Descubrieron que entre 2007 y 2014 Odebrecht entregó sobornos millonarios en dólares a presidentes, expresidentes y altos funcionarios gubernamentales de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, con lo que obtuvo jugosas contrataciones públicas.
Este es tan sólo un vistazo no exhaustivo a los resultados de las investigaciones:
En Brasil
Según un documento judicial dado a conocer por los Estados Unidos, en 2009 Odebrecht entregó 349 millones de dólares en sobornos a varios partidos políticos brasileños, funcionarios extranjeros y sus representantes en Brasil; financió campañas electorales y obtuvo contratos de obras en diferentes partes del país, con el gobierno central y varias empresas públicas administradas por el Estado. Menciona el documento, concretamente, numerosos contratos con la empresa estatal Petrobras.
Al darse a conocer esta información, la justicia brasileña entró en acción: condenó al millonario ex presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, a 19 años y 4 meses prisión por sus tratos corruptos con Petrobras.
Eduardo Cunha presidente de la Cámara de Diputados de Brasil fue encarcelado para someterlo a proceso también por corrupción. En uno de los cargos presentados por la Fiscalía, Cunha fue acusado de pagar sobornos por 30 millones de dólares en nombre de un consorcio del que formaba parte Odebrecht, por obras en la zona portuaria de Río de Janeiro. En marzo de 2018 el juez federal Sergio Moro sentenció a Cunha a 15 años de prisión por corrupción, lavado de activos y evasión de impuestos.
Pero, en datos de Wikipedia, las investigaciones del caso continúan a fin de deslindar responsabilidades de funcionarios públicos durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e incluso del ex presidente interino Michel Temer (2016-2018). El 21 de marzo de 2019 Temer fue detenido en São Paulo en una operación policial vinculada a la red de corrupción Lava Jato. El juez Marcelo Bretos lo acusa de “ser el líder de una organización criminal” que cobró sobornos, infló presupuestos y blanqueó dinero.
En Argentina
Según los fiscales estadounidenses, entre 2007 y 2014 Odebrecht realizó numerosos pagos de sobornos por 35 millones de dólares a funcionarios de la Argentina. La llamada Operación Lava Jato (“lavado de autos” en portugués), implementada por el Ministerio Público Federal brasileño para investigar casos de corrupción locales y sus redes, ha involucrado también a varios expresidentes y altos funcionarios de América del Sur y Centroamérica, como Panamá.
En el caso de Argentina, el jefe ejecutivo de Odebrecht en ese país sudamericano, Flavio Bento de Faria, ordenó el pago de coimas o “gratificaciones” al menos a cinco funcionarios o intermediarios identificados con los alias “Duvidoso”, “Festança”, “Síndico”, “Bonito” y “Pato”. Las obras por las que Odebrecht pagó sobornos son gasoductos como el Libertador General San Martín y la refinería de YPF en La Plata.
En Colombia
Autoridades judiciales estadounidenses afirman que en el periodo de 2009-2017 Odebrecht efectuó e hizo que se efectuaran pagos por más de 12 millones de dólares para asegurar contratos de obras públicas, aunque la compañía constructora tiene presencia en Colombia desde1991. En esa etapa aparecen dos obras de alta ingeniería, la Ruta del Sol Sector 2, adjudicada en diciembre de 2009 por el transformado Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el contrato para la navegabilidad del río Magdalena, entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, que controla Odebrecht. El fiscal Néstor Humberto Martínez hizo contacto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para compartir la información recabada por la corte de Nueva York, mientras en Colombia se creó un grupo de trabajo especializado constituido por 3 fiscales y 20 investigadores. Ex funcionarios públicos y exlegisladores están hoy sujetos a investigación.
Sobresale en este asunto Otto Bula,
excongresista del Partido Liberal, acusado de recibir una comisión de 4 millones 600 mil dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera. Bula también declaró haber entregado cerca de un millón de dólares al empresario Andrés Giraldo, quien era enlace con Roberto Prieto, jefe a su vez de la campaña electoral “Santos presidente 2014 (reelección)”. Esto implicaría que el gobierno de quien fue Premio Nobel de la Paz en 2016, Juan Manuel Santos, tuvo alguna participación en este monumental escándalo por corrupción.
En Ecuador
Cuando se dieron a conocer los primeros datos del escándalo, había elecciones presidenciales en Ecuador (2017). Odebrecht ha manejado en Ecuador operaciones por 5 mil millones de dólares en numerosas contrataciones con 7 de los 10 últimos gobiernos, presididos por León Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Alfredo Palacio y Rafael Correa. En 2008 Correa expidió el decreto ejecutivo 1348 para expulsar a la empresa Odebrecht y ordenar el arraigo de sus altos funcionarios en Ecuador, al revelarse (dice el decreto) deficiencias técnicas en la Central Hidroeléctrica San Francisco.
Bajo intensa presión, la Fiscalía General del Ecuador realiza las investigaciones del caso y ofrece castigar a eventuales culpables.
El partido Alianza País votó en junio de 2017 la expulsión de Odebrecht de Ecuador.
En Panamá
Siempre según las indagatorias de los fiscales estadounidenses, Odebrecht habría promovido pagos de sobornos por más de 59 millones de dólares en Panamá, que resultaron en 175 millones de dólares de beneficios en contratos para otras obras públicas. Cabe señalar que el gobierno del presidente Juan Carlos Varela Rodríguez (2014- julio de 2019), dio su “apoyo total” a las investigaciones sobre el tema, con la participación del Ministerio Público panameño, no obstante que el mandatario también fue acusado de recibir donaciones de Odebrecht.
El gobierno de Varela anunció que tratará de cancelar a Odebrecht un contrato de mil millones de dólares para la construcción de una hidroeléctrica, luego de que la empresa se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos de entregar sobornos en varios países de Latinoamérica. El propósito es prohibir que siga operando en Panamá como contratista de obras públicas, a menos que colabore en las investigaciones judiciales del gobierno sobre la entrega de los sobornos por más de 59 millones de dólares y revele los nombres de funcionarios públicos, políticos, gobernadores, representantes o testaferros de gobiernos anteriores que recibieron dinero sucio de la empresa brasileña.
En Perú
Entre 2005 y 2014 Odebrecht se relacionó con alrededor de 29 millones de dólares de sobornos a funcionarios peruanos, que le produjeron ganancias por más de 143 millones de dólares. Este periodo incluye los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según el acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dice que apoyará en todo lo que sea necesario para la investigación, y exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a realizar las investigaciones para determinar los casos de corrupción. Al expresidente Alan García se le investiga por presuntos sobornos de Odebrecht para favorecer a la empresa con la concesión de los tramos 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de la ciudad de Lima. Al ex presidente Alejandro Toledo Manrique (2001-2006) lo acusan de recibir 20 millones de dólares de la constructora brasileña para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que une Perú con Brasil. Y exgobernadores, empresarios y funcionarios menores…
En República Dominicana
En diciembre de 2016, a raíz de las revelaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la entrega de sobornos de Odebrecht por 92 millones de dólares a funcionarios de la República Dominicana, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, ordenó a las instituciones del Estado la entrega a la Procuraduría General de la República de todos los contratos suscritos con la compañía Odebrecht desde el 2001 hasta esa fecha.
El 20 de enero de 2017 el procurador Jean Rodríguez comunicó oficialmente que el Ministerio Público había logrado la firma de la multinacional en un acuerdo para hacer más ágil la investigación local, garantizar la entrega de material probatorio por parte de la empresa y mantener abiertas la investigación y las persecuciones penales contra todos los involucrados locales. El acuerdo impide la participación de Odebrecht en futuras licitaciones e incluyó el pago del doble de los sobornos entregados a funcionarios dominicanos: 184 millones de dólares que serán desembolsados paulatinamente en un plazo de 8 años.
El 7 de junio de 2017, el juez Francisco Ortega envió a la cárcel a ocho de los 10 arrestados por el caso Odebrecht y a dos los dejó bajo arresto domiciliario, como medida de coerción preventiva.
En Guatemala
Según informes del Departamento de Justicia estadounidense, Odebrecht pagó 18 millones de dólares a funcionarios entre los años 2013 y 2015, durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina. Entre otras cuestiones, se investiga la sobrevaluación de dos nuevos tramos de carreteras contratados con Odebrecht y el beneficio que habrían recibido dos constructoras privadas del país, Sigma y Conasa, que son parte de las investigaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
La Fiscalía contra la Corrupción asume que los funcionarios de las empresas constructoras privadas, no están exentos del pago de sobornos, cohecho y enriquecimiento ilícito, por parte de la empresa constructora privada Odebrecht.
Las investigaciones incluyen a los exviceministros Rubén Mejía y Miguel Ángel Cabrera, y otros exfuncionarios.
En Venezuela
En el acopio de información obtenida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Venezuela es el país que más dinero recibió en sobornos por parte de Odebrecht entre 2006 y 2015 (periodo que incluye las presidencias de Diosdado Cabello, Hugo Chávez y Nicolás Maduro), hay obras públicas contratadas por esta constructora que no avanzaron y están paralizadas. Funcionarios del gobierno venezolano, según los investigadores estadounidenses, recibieron 98 millones de dólares en sobornos.
Las obras inconclusas se centran en algunas estaciones del Metro de Caracas; Odebrecht construyó varias (una de ellas fue inaugurada en noviembre de 2015), pero la mayoría de las estaciones planificadas tienen más de diez años en construcción y todavía no se completan.
En México
Los documentos acerca de las operaciones ilícitas de Odebrecht en México, depositados en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn (la que declaró culpable de narcotráfico a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” el pasado 12 de febrero), revelan que entre 2010 y 2014, durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, la empresa brasileña realizó sobornos por valor de 10 millones 500 mil dólares para ganar contratos de obras públicas mexicanas, que le generaron beneficios por más de 39 millones de dólares.
Odebrecht, precisa la investigación, participó en la construcción de una refinería para la empresa nacional de petróleos mexicanos (Pemex); el presidente de la compañía viajó a México en 2013 y participó en una reunión pública con el ex presidente Enrique Peña Nieto.
Los ejecutivos de Odebrecht, agrega la indagatoria, hablaron con gobernadores de todo el país, algunos de los cuales recibieron sus favores e importantes compensaciones económicas y materiales; tuvieron citas al más alto nivel en el gobierno del ex presidente Peña Nieto. Odebrecht creció en México durante los últimos 10 años al amparo de funcionarios y políticos a los que pagó decenas de millones de dólares en sobornos.
Precisa el documento que en 2013 Odebrecht aceptó pagar un soborno a un alto funcionario de una empresa estatal mexicana, controlada por el Estado, a cambio de ayudar a la empresa brasileña a ganar un proyecto.
En 2011 obtuvo el contrato para construir el Complejo Petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, el más grande de su tipo en América Latina.
Dos años después, en julio de 2014, Reporte Índigo publicó que detrás de la construcción del tramo 2 del gasoducto Los Ramones, entre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, estuvieron los grandes consorcios extranjeros dedicados al negocio mundial de los hidrocarburos: la constructora italiana Bonatti, la norteamericana Fluor Corporation y la brasileña Odebrecht se encargaron del proyecto de infraestructura energética más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto. En esta ocasión, el director general de Pemex (2012-2016) fue Emilio Lozoya y la obra, por unos 2 mil 500 millones de dólares, se adjudicó sin licitación pública.
Luis Pérez de Acha
En un artículo para The New York Times, el abogado sinaloense y ex integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de México, Luis Pérez de Acha, se preguntó el 20 de marzo de 2019: ¿Por qué es importante esclarecer el caso Odebrecht en México?
Y es que, al momento de redactar estas líneas para El Ciudadano, edición de junio de 2019, solamente en dos países no hay todavía consecuencias legales del caso de corrupción más grande de América Latina: en México y en Venezuela.
Las pruebas de corrupción de la empresa Odebrecht en ambos países son irrefutables y en el caso de México no hay pretextos: la justicia mexicana cuenta con los nombres de los presuntos responsables, dice Pérez de Acha.
El lunes 6 de mayo último, el Fiscal General de la República, Dr. Alejandro Gertz Manero, aseguró en conferencia de prensa que en 60 días se judicializará (sic) el caso Odebrecht, “bajo la premisa de que fue una maquinación delictiva”.
El riesgo, apunta Luis Pérez de Acha, “es que el caso concluya sin acusaciones penales y que se genere un precedente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador —quien llegó a la presidencia con una campaña que prometía erradicar la corrupción— de que persistirán la impunidad e injusticia que han caracterizado la historia democrática de México. El combate a la corrupción quedaría en el discurso, igual que durante los últimos sexenios”.
En Brasil, la “delación del fin del mundo” involucró a 77 ejecutivos de la constructora, incluido su más alto directivo: Marcelo Odebrecht.
En México, el acuerdo puso al descubierto la entrega de 10 millones 500 mil dólares a dos altos directivos de una compañía mexicana de energía. También, en una confesión ante las autoridades brasileñas, el exdirector de la constructora en México reconoció un soborno adicional de 4 millones de dólares a Emilio Lozoya, quien fue coordinador de Vinculación Internacional en la campaña electoral de 2012 de Enrique Peña Nieto y director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante cuatro de los seis años de su presidencia.
Concluye el abogado Pérez de Acha que la investigación de la corrupción diseminada por Odebrecht en México, confronta a López Obrador con un dilema que definirá su sexenio: el perdón a los corruptos del pasado o el combate efectivo a la corrupción. Sin resultados concretos, el combate a la impunidad en México será una fábula.
