Luis Gutiérrez Rodríguez
No hay delito más abominable y merecedor de castigo ejemplar que el secuestro, particularmente cuando concluye con el cobarde asesinato de la víctima, haya o no cumplido la familia con la extorsión exigida por los delincuentes.
He vivido de cerca la zozobra, la angustia indescriptible de parientes que han sufrido el secuestro de un miembro de la familia (en este caso, sin consecuencias fatales, por fortuna). Por eso me parece insensato que el gobierno se cuelgue al pecho una medalla de falsa transparencia al disponer de manera irresponsable que se exhiban en Internet los salarios de medianos y altos servidores públicos, mujeres y hombres, inclusive a quienes ya les llegó el hacha de la moralina. Solamente faltó ponerles en el pecho un cartelito: “Secuéstrame”.
Me merecen mucho respeto y solidaridad las familias de quienes, durante décadas, han sido víctimas mortales de este salvajismo en gran medida impune. Muchas llevan décadas de desdichado peregrinar en busca de sus parientes. Una minoría ha tenido suerte: los han encontrado vivos (por fortuna), y otros los han hallado sepultados en fosas clandestinas, asesinados por delincuentes.
Pero la inmensa mayoría continúa la búsqueda con la tristeza a cuestas. Este viacrucis, apuntó recientemente Miguel Ángel Riquelme, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y gobernador de Coahuila, empeora con funcionarios que sólo giran oficios; con negligencias y complicidades, falta de profesionalismo y capacidad de las autoridades. “La desaparición de personas lastima el Estado de derecho. La impunidad, la falta de acceso a la justicia y a la verdad, es una regla que se repite”, reconoció Riquelme.
El domingo 24 de marzo, con la asistencia del presidente López Obrador, miembros del gabinete y familiares de las víctimas, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reinstaló la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos (creada el martes 7 de octubre de 2018), porque la anterior “fue una gran simulación”. Y remató: el actual gobierno federal “hereda” una deuda de 46 mil desaparecidos y cientos de fosas.
Vale señalar aquí que los datos oficiales en octubre de 2018 reportaron 37 mil 485 desaparecidos, de los cuales 340 fueron identificados. En ese entonces la comisión tenía además un sistema de identificación dactilar, que arrojó 4 mil 500 coincidencias, y un protocolo de búsqueda.
En el acto del 24 de marzo pasado, AMLO afirmó: “Se recibió la herencia de la corrupción, de la impunidad, pero esto es todavía más grave y doloroso. Vamos a terminar con la corrupción, la impunidad, y vamos a apoyar a familiares para encontrar a los desparecidos”. Además, se comprometió a recibir a familiares en tres meses.
Los “datos duros” han aumentado vertiginosamente en las últimas décadas. Actualmente (mayo de 2019) en México hay 46 mil personas desaparecidas o no localizadas. Sin lugar a dudas, esta realidad dio lugar a que el vocero presidencial declarara el pasado lunes 6 de mayo que la búsqueda de desaparecidos “es prioridad número uno” del gobierno de López Obrador.
En un primer recuento de datos presentado el 14 de mayo pasado, con valiosas aportaciones de colectivos formados por parientes de las personas desaparecidas, Alejandro Encinas informó que del 1 de diciembre de 2018 al 13 de mayo de 2019 se han ubicado 81 lugares con 222 fosas clandestinas y 337 cuerpos.
La tarea es colosal, tan grande como la obligada memoria histórica sobre los abusos criminales perpetrados desde el poder público. No hablamos de diez o veinte años, sino de décadas de ejercicio delictivo del poder. Baste recordar la “guerra sucia” de los años 60 y 70, las ejecuciones sumarias y otras atrocidades cometidas en muchas partes del país (no olviden lo ocurrido en Guerrero).
Es razonable suponer que muchos de los cadáveres encontrados (y los que todavía hallarán) en fosas clandestinas, corresponden a crímenes de Estado y no solamente a las bandas de secuestradores, extorsionadores, sicarios y narcotraficantes que hoy llevan terror y luto a buena parte del territorio nacional.
Dese luego, miles de familias mexicanas hallarán consuelo y resignación con el hallazgo de los cuerpos de sus seres queridos. Pero la búsqueda reemprendida no es una gracia sino una rotunda, categórica obligación del gobierno. Los parientes de las víctimas no quieren una disculpa oficial por los asesinatos de ayer y de hoy, quieren, exigen castigo a los asesinos.
Si no lo van a hacer así, entonces el tema es otro: la búsqueda afanosa de culpables de ayer para justificar los fracasos de hoy.