La desinformación y la actitud de condescendencia (e incluso complicidad y encubrimiento) de las autoridades para con quienes pretenden despojar de su patrimonio a ejidatarios de origen indígena no sólo se ha señalado recientemente sino que ha sido una constante en la historia tanto local como nacional
MARTÍNEZ
Ante el proceso de cambio climático en el planeta continúan avanzando las acciones mediante las cuales se modifica el uso de las tierras tanto agroindustriales como agropecuarias, urbanas industriales o para la instalación de parques, en los cuales, presumiblemente, se producirá energía renovable.
Esto último resulta por demás loable y necesario en virtud de la dinámica de agotamiento de los energéticos que se obtienen mediante la extracción de combustibles fósiles. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones para la construcción de parques que generen energía solar o eólica, los requisitos necesarios no se están cumpliendo plenamente.
Al respecto, el Diario de Yucatán informó que campesinos de diferentes municipios del estado han señalado de manera pública y abierta que “la Asamblea de Defensores del Territorio Maya ‘Múuch’ Xíinbal’ denuncia que la multinacional extranjera SunPower, a través de la empresa Vega Solar, busca desconocer los derechos indígenas del pueblo maya de San José Tipceh, Muna [lo que implicaría el] despojo de tierras ejidales para la construcción de megaproyectos fotovoltaicos que conlleva el desmonte de más de 500 hectáreas de selva y la instalación de más de un millón de paneles solares a sólo 200 metros de la comunidad, siendo este uno de los proyectos fotovoltaicos más grandes del país”.
Por otra parte, la desinformación y la actitud de condescendencia (e incluso complicidad y encubrimiento) de las autoridades para con quienes pretenden despojar de su patrimonio a ejidatarios de origen indígena no sólo se ha señalado recientemente, sino que ha sido una constante en la historia tanto local como nacional.
La situación ha sido denunciada desde diversas comunidades. Un ejemplo es el caso de los campesinos que integran el Frente de Defensa de la Tierra “Felipe Carrillo Puerto”, provenientes de Umán, Tecoh, Motul, Seyé, Kanasín e Izamal, quienes según el diario local independiente Yucatán ahora “denunciaron con pancartas y mantas en mano las malas prácticas que ex comisarios ejidales y autoridades agrarias han hecho para quitarles sus terrenos”.
No hay que olvidar que estos casos de despojo se dan a pesar de que hay miles de manos ociosas y de tierras de propiedad social que continúan enmontadas e improductivas por falta de políticas públicas rurales incluyentes que impulsen a las mujeres, a los jóvenes y a los campesinos que ven el campo su estilo de vida, pero que necesitan apoyos y recursos del Estado para superar la pobreza y la marginación en la que se encuentran. En este sentido, los tres niveles de gobierno se han caracterizado por su ineficiencia, incapacidad y lentitud para la asignación de recursos.
Todo esto a pesar de que, desde el 1 de diciembre de 2018 deberíamos estar viviendo tiempos diferentes, dado que la fuerza política en turno ha insistido en que el abatimiento de la pobreza es su prioridad. Lo cual no se ha evidenciado en hechos concretos, en virtud de que continúan prevaleciendo los intereses y el afán de lucro de empresarios locales y empresas transnacionales.
Es menester apoyar a quienes no sólo se oponen al despojo de su patrimonio sino que también desde sus comunidades continúan reivindicando en los hechos la soberanía alimentaria para nuestro país.
