Además de no contar con la infraestructura básica para recibir a miles de migrantes devueltos por Estados Unidos, nuestro país no puede asumir esa tarea por la magnitud de las implicaciones que tiene en materia de protección y asilo
Diputada Ciudadana Presidenta de la Comisión del Mexicano Migrante
La relación de México con Estados Unidos ha sido históricamente compleja, plagada de eventos difíciles que han puesto en juego la capacidad diplomática de nuestro país. En ciertos episodios la peor parte la ha llevado México, debido al precio que la vecindad nos cobra al compartir más de 3 mil kilómetros de frontera, ser el tercer socio comercial de nuestro vecino del norte y el intenso intercambio de mercancías y personas que ocurre diariamente.
La evolución de la relación bilateral ha estado marcada por las importantes asimetrías sociales, económicas y políticas.
México se ha convertido en el segundo país en el mundo con el mayor número de personas que salen de él. Fuera de nuestro territorio vive una comunidad de 13 millones de mexicanos, de los cuales poco más de 12 millones habitan en Estados Unidos, pero si agregamos a los de origen mexicano nacidos en territorio estadounidense, la cifra llega a 37.5 millones de personas que viven allende la frontera norte.
Esta situación ubica a México en una condición que le obliga a atender a una comunidad que tan sólo en 2018 aportó más de 30 mil millones de dólares en remesas a la economía nacional, convirtiéndose en fuente fundamental para la recepción de divisas.
Recientemente el gobierno de Estados Unidos amenazó con imponer nuevos aranceles a las importaciones mexicanas, con el posible daño a los precios de productos que exportamos a ese país. Esto impactaría en las exportaciones, generando incertidumbre en inversionistas y afectaría el crecimiento económico; incluso, especialistas hablan de una posible recesión: la economía mexicana podría pasar de la desaceleración al estancamiento, colocándose en la antesala de un eventual receso.
A pesar de que el 7 de junio la delegación diplomática mexicana logró un pacto (momentáneo) con el gobierno de Donald Trump, resulta necesario que nuestro gobierno adopte medidas de emergencia que permitan enfrentar el impacto de la posible entrada en vigor de impuestos arancelarios por parte de los Estados Unidos.
Durante años Movimiento Ciudadano ha asumido como propia la deuda que el Estado mexicano tiene con sus migrantes, por ello ha desarrollado una firme coordinación y trabajo conjunto con líderes de la comunidad mexicana migrante radicada en Estados Unidos, mediante la Comisión del Mexicano Migrante.
Asumimos que existe “otro México” apenas cruzamos la frontera norte; por eso hemos mantenido contacto con líderes de esa comunidad en las ciudades estadounidenses con mayor población mexicana y de origen mexicano, y constituimos un Movimiento Migrante que nos permitió postular como candidatos a legisladores federales a liderazgos de Chicago (Illinois), Los Ángeles (California) y Dallas (Texas).
El diagnóstico realizado junto con la comunidad nos muestra una preocupación permanente de los migrantes mexicanos por los asuntos de nuestro país; por ello, han sido precursores de programas de apoyo a sus comunidades, como el Programa 3×1 para Migrantes o la demanda del voto desde el extranjero, ambos una realidad.
Desde el Congreso de la Unión, Movimiento Ciudadano ha presentado propuestas e iniciativas que surgen de la propia comunidad migrante (de allá hacia acá):
• La creación de la Secretaría del Migrante, como una dependencia del Ejecutivo Federal para la atención a la problemática y necesidades de la comunidad mexicana migrante radicada en el exterior.
• La figura del Diputado Migrante, que les otorgue voz y representación en los órganos de decisión.
• La figura del Consejero Electoral Migrante, que confiera voz y contribuya a la representación de la comunidad migrante en materia electoral.
El incremento de detenciones de familias migrantes en la frontera de México con Estados Unidos le sirve de pretexto al presidente Donald Trump en su pretensión de levantar un muro fronterizo y la amenaza de cerrar la frontera.
Además de no contar con la infraestructura básica para recibir a los miles de migrantes devueltos por Estados Unidos, nuestro país no puede asumir esa tarea por la magnitud de las implicaciones que tiene en materia de protección y asilo.
Por lo tanto, creemos que el diálogo y la diplomacia deben ser los ejes que conduzcan a una solución negociada; sin embargo, nuestro país debe estar atento y preparado para enfrentar este tipo de eventos provocados por Donald Trump.
En virtud de que el problema migratorio no podrá ser atendido en las condiciones que plantea el presidente de Estados Unidos, resulta necesario que México acuda a mecanismos legales y comerciales internacionales frente a medidas impropias de socios comerciales, como construir un muro, cerrar la frontera o imponer aranceles.
Estas últimas no reducirán los flujos migratorios, pero sí provocarían, en cambio, inestabilidad financiera y económica, con lo que nuestro país reduciría su capacidad para atender esos flujos migratorios.
El problema de la migración debe ser enfrentado desde otra perspectiva, tanto por México como por EE.UU. y la comunidad internacional, a fin de disminuir la migración forzada que generan la pobreza y la violencia.
Frente a este escenario, además del llamado a la unidad, el gobierno federal debe asumir un papel más activo en la defensa de los millones de mexicanos que residen en Estados Unidos y con quienes tenemos una deuda histórica por sus aportes a la economía de ambos países.
La agenda bilateral que tenemos que construir con Estados Unidos no puede estar sujeta a presiones ni amenazas, debe cimentarse en el respeto recíproco, trato igualitario entre naciones soberanas y acciones genuinas de buena vecindad.