Estoy convencido de que la función pública debe constituir un mandato de servicio a la comunidad y no una fuente de privilegio de personas o grupos
El pasado 13 de julio se clausuró el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año Legislativo de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán; fue un año legislativo con un balance positivo porque, como diputado único, logré conformar una Representación Parlamentaria, presidiéndola e integrándome a la Junta de Coordinación Política en la que se han desahogado temas de mucha relevancia para garantizar la gobernabilidad y la viabilidad del estado, cerrando este año legislativo con cinco integrantes como Representación, convirtiéndonos en la tercera fuerza representada en el Congreso del Estado.
De la misma manera, colocamos temas de suma importancia de la Agenda Legislativa Ciudadana que fue presentada al inicio de esta Legislatura y que corresponden a la agenda parlamentaria que se ha venido impulsando desde el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados para fortalecer la identidad propia de los diputados ciudadanos, para seguir demostrando que “sí hay diferencias”.
La primera iniciativa presentada fue para “Eliminar el Financiamiento Público a los Partidos Políticos”, porque los partidos políticos no deben ser una carga para los ciudadanos ni ser costosos para la democracia, deben convertirse en espacios amplios y plurales en los que todos tengan la misma oportunidad de llegar a los espacios donde se toman las decisiones más trascendentales de la vida pública.
También propusimos la iniciativa de “Parlamento Abierto” para que el Congreso del Estado promueva la participación ciudadana y la rendición de cuentas, garantizando: la transparencia de la información parlamentaria, presupuestal, administrativa, y la que corresponde al patrimonio de los legisladores y servidores públicos; la accesibilidad de la información histórica; la información presentada en datos abiertos; la apertura y difusión de los trabajos legislativos realizados desde la Junta de Coordinación Políticas y en las Comisiones respectivas; la regulación y transparencia de conflictos de intereses, y el impulso a las modificaciones legislativas en materia de gobierno abierto.
Porque nuestra generación debe ponerle un alto a la corrupción y a la impunidad presentamos la iniciativa de “Muerte Civil a los Corruptos”, con el fin de inhabilitar de manera permanente a los servidores públicos para desempeñar algún cargo en la administración pública y a particulares, para que no vuelvan a participar en procesos de adquisiciones de la administración pública. Estoy convencido de que la función pública debe constituir un mandato de servicio a la comunidad y no una fuente de privilegio de personas o grupos. Los que somos servidores públicos debemos rendir cuentas sobre el ejercicio de nuestra función y los ciudadanos deben ser vigilantes del estricto cumplimiento de las tareas encomendadas, porque ellos, los ciudadanos, son nuestros patrones.
Desde el año 2015, en Movimiento Ciudadano construimos la Agenda 5 propuestas para México, en la que sobresale el apartado “Un Movimiento Naranja de Corazón Verde”, que nace de nuestros documentos básicos y se ha mantenido vigente en nuestras plataformas político-electorales y en las agendas legislativas de todos los ámbitos del ejercicio público; por ello, se presentó la iniciativa para reconocer los “Derechos de la Naturaleza”, para que nuestro estado cuente con una política congruente, racional y consistente en la materia, evitando malos manejos, negligencia y criterios políticos de corto plazo en su implementación.
Porque los procesos electorales son la oportunidad para postular a los mejores hombres y mujeres para llegar a los espacios más importantes de la vida pública, resulta necesario garantizar el piso parejo para que las mujeres puedan participar en igualdad de oportunidades, rompiendo los moldes tradicionales e impulsando la participación efectiva de las mujeres en política y en los procesos electorales; para ello, propusimos una iniciativa para garantizar en el Código Electoral del Estado el cumplimiento de la “Paridad de Género Vertical, Horizontal y Transversal en la postulación de candidaturas”, a través de especificaciones que han adoptado las autoridades electorales y que han confirmado los Tribunales Electorales. Porque desde el Congreso del Estado decimos “SÍ A LA PARIDAD EN TODO”.
En este mismo sentido, se propuso la iniciativa para regular en el Código Electoral la “Violencia Política en razón de Género”, porque en la arena electoral es donde se puede apreciar la histórica desigualdad de acceso al poder entre mujeres y hombres. Con esta iniciativa se planteó conceptualizar la figura de la violencia política, con la finalidad de comprometer a las autoridades electorales y a los partidos políticos al establecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, erradicar la violencia política en razón de género. Lo anterior permitirá documentar de manera expresa los actos que constituyan violencia política en razón de género para que la autoridad establezca las sanciones correspondientes, que pueden comprender desde sanciones administrativas hasta la negación del registro como candidatos, con independencia del estudio que realicen los tribunales en la calificación de la legalidad de alguna elección cuando se invoque alguna causal de nulidad.
Darle un golpe de timón a la imagen que tienen los ciudadanos de los legisladores es impostergable, para ello propuse modificaciones a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado en materia de “Ética Parlamentaria”. Estas reformas tienen el propósito de promover y proveer en los legisladores y funcionarios las herramientas concretas sobre normas de conducta y conflictos de interés, basados en los principios de transparencia, rendición de cuentas, máxima publicidad e integridad.
Se han presentado diversas Propuestas de Acuerdo para solicitar a los diferentes ámbitos de gobierno condiciones de seguridad y bienestar a diversos municipios y grupos vulnerables, porque nuestros presidentes municipales y regidores ciudadanos deben tener un acompañamiento permanente en el desempeño de sus funciones.
Desde la Presidencia de la Comisión Especial para darle seguimiento a la Zona Económica Especial del Puerto de Lázaro Cárdenas, se ha impulsado y defendido el seguimiento de esta área de oportunidad, generando espacios de diálogo permanente entre los diversos grupos parlamentarios, así como con las diversas dependencias del poder ejecutivo federal y estatal, con el fin de contribuir al desarrollo económico del estado y a la generación de mejores condiciones de vida para los michoacanos.
Como Diputado Ciudadano reitero mi compromiso por seguir amplificando la voz de los ciudadanos en el Congreso del Estado. El reto continúa con mayor intensidad para el segundo año legislativo, porque “la causa es Michoacán”.
