Cada año se fabrican alrededor de 8 millones de armas, y de 10 mil a 15 mil millones de municiones. CERCA de mil personas mueren diariamente en el planeta por impacto de bala
El miércoles 7 de agosto, diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hicieron suya una propuesta del senador Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, y aprobaron por unanimidad un Punto de Acuerdo que exhorta a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, a dialogar con el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos. El propósito inequívoco: regular y limitar la venta, así como “combatir efectivamente” el tráfico y distribución de armas de fuego.
Ello, señala puntualmente un comunicado de Movimiento Ciudadano, después de condenar y lamentar el ataque armado (con claros tintes xenofóbicos) en un centro comercial en El Paso, Texas, donde fallecieron ocho personas de origen mexicano.
Sirva este dato como preámbulo del tema al que dedicamos las páginas centrales de esta edición de El Ciudadano, que el amable lector tiene en sus manos: el negocio de las armas, que bien podría llamarse “el negocio de la muerte”.
Lo hacemos cuando el discurso racista y xenófobo de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, echa raíces y cobra más víctimas mortales en el vecino país, incluso con el rechazo de amplios sectores de la sociedad estadounidense.
En momentos también en que el mandatario estadounidense se dedicaba a defender (actitud invariable) a la empresa paradigmática del negocio de la muerte: la Asociación Nacional del Rifle (National Rifle Association, NRA).
Aunque todavía estaban frescas en la memoria colectiva las escenas aterradoras de los muertos y heridos en El Paso, no soportó el presidente Trump que el gobernador de Nueva York, Andrew Mark
Cuomo, condenara los hechos y, con el apoyo de la Fiscalía General de ese estado, haya iniciado una investigación en torno a las finanzas de la NRA. Trump llamó “asedio” a la pesquisa emprendida por Cuomo y la Fiscalía, a cargo de la abogada demócrata Letitia A. James.
Y no sólo eso: en su cuenta de Twitter Trump los acusó de utilizar “ilegalmente” el aparato jurídico del Estado “para derribar y destruir a esta organización tan importante”.
La NRA, creada en 1871, “defiende” y actúa al amparo de la Segunda Enmienda Constitucional estadounidense, que señala que portar armas es derecho individual de todos los ciudadanos de ese país. Derecho que incluye la producción y compra de las armas de fuego o de dispositivos similares. Es un “club deportivo” que tiene alrededor de 5 millones de socios.
¿Quién preside la NRA desde mayo del año pasado? Nada menos que el excoronel de marines Oliver North, involucrado escandalosamente en el caso ‘Irán-Contras’ (1985-1986) durante el gobierno de Ronald Reagan. North armó una red de cuentas bancarias en Suiza mediante las cuales Estados Unidos vendió armas a Irán (país contra el cual pesaba un embargo armamentístico) para su guerra contra Irak, con el fin de negociar la liberación de rehenes estadounidenses secuestrados por grupos proiraníes en Líbano.
Las ganancias logradas por North, 47 millones de dólares, fueron empleadas por altos funcionarios de la administración de Reagan (entre ellos el vicepresidente George Bush) para financiar a la “Contra nicaragüense”, la guerrilla de derecha que se oponía al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido en el poder desde julio de 1979.
Oliver North y la NRA tienen hoy en Donald Trump a su más poderoso defensor.
México: señales de alerta
Estudios realizados por la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señalan que el 42 por ciento de los homicidios a nivel mundial son cometidos con armas de fuego. En el continente americano la estadística de muertes violentas así originadas es del 74 por ciento.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó recientemente que en México circulan “sin control” 1.6 millones de armas de fuego.
Andrea Amaya Beltrán, joven Investigadora del Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas (ODA), de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario (Argentina), publicó un trabajo según el cual en el mundo hay más de 875 millones armas de fuego en manos de civiles, militares y fuerza pública. El 75 por ciento del total de las armas están en manos de civiles.
Cada año se fabrican alrededor de 8 millones de armas, y de 10 mil a 15 mil millones de municiones. Cerca de mil personas mueren diariamente en el planeta por impacto de bala.
Albinson Linares, escritor y periodista venezolano residente en México y uno de los editores de The New York Times en español, reportó el año pasado que cada año 213 mil armas entran ilegalmente a México desde Estados Unidos.
Mencionó además que la organización estadounidense Beyond our borders (Más allá de nuestras fronteras) cita en una investigación registros de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que revelan que, entre 2011 y 2016, al menos 106 mil armas fabricadas en Estados Unidos estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México.
Rápidos y furiosos
Aunque todo parece indicar que en 2019 México se va a llevar la palma en el registro de homicidios dolosos, un dato fehaciente señala que en 2017 nuestro país alcanzó su nivel más alto de homicidios en los últimos 20 años, con un promedio de 20.5 por cada 100 mil personas, según el informe de Carlos Jasso, de la agencia noticiosa Reuters.
Por un lado, investigadores afirman que esa cantidad se debe en parte a los altos niveles de impunidad que disfrutan los delincuentes, pero que también el acceso a las armas de fuego ha sido factor clave.
En 2009 el presidente Barack Obama autorizó las operaciones “Receptor abierto” y “Rápido y Furioso”, consistentes en permitir a traficantes la introducción de armas a México y así vigilar la ruta de trasiego y localizar a grandes capos de la droga. El operativo “Receptor abierto” se llevó a cabo entre 2006 y 2008, y “Rápido y Furioso” entre el otoño de 2009 y el año 2011. Felipe Calderón Hinojosa era presidente de la República.
Algunos medios, como la cadena Univisión, revelaron evidencias de que esas armas fueron usadas por bandas criminales en México, inclusive contra civiles, como ocurrió el 31 de enero de 2010 con el asesinato de 15 jóvenes (otros 12 resultaron heridos) durante una fiesta en la colonia Villas de Salvárcar, de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Eduardo Medina Mora (entre 2006 y septiembre de 2009), Arturo Chávez (de 2009 a 2011) y Marisela Morales (de 2011 a 2012) estuvieron al frente de la Procuraduría General de la República, y funcionarios de esta dependencia asistieron a seis cursos y seminarios relacionados con redes de tráfico de armas impartidos por el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Sin embargo, el gobierno de México siempre negó haberse involucrado. También Barack Obama tuvo que apelar a sus prerrogativas presidenciales para negar que tuviera conocimiento de esas operaciones.
Medina Mora es ahora (y desde 2015, a propuesta del entonces presidente Enrique Peña Nieto) ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presuntamente está bajo investigación de la Fiscalía General de la República por haber realizado, entre 2016 y 2018, depósitos en bancos de Estados Unidos y Gran Bretaña (dólares y libras esterlinas) por un total de 102 millones de pesos.
“Rápido y Furioso” se hizo público hasta enero de 2011, cuando funcionarios de la ATF se inconformaron con los procedimientos empleados a raíz del asesinato (en diciembre de 2010) de Brian Terry, agente de la Patrulla Fronteriza, baleado con una de las armas introducidas ilegalmente a México.
Según el Sistema de Rastreo de Armas de Fuego de la Oficina de Inteligencia Estratégica e Información del ATF, entre 2012 y 2017 se recuperaron (en México) 98 mil 654 armas de fuego provenientes de EE. UU., de las cuales: 46.71 por ciento eran pistolas automáticas (escuadras); 31.46 por ciento, rifles; 13.90 por ciento, revólveres; 5.66 por ciento, escopetas, y 2.23 por ciento, otro tipo de armas. Del total, sólo mil 744 fueron “transferidas”, pero no hay compradores identificados.
Armas: ¿política exterior de EE. UU?
En un seminario titulado “Violencia y Paz”, organizado por El Colegio de México en 2017, investigadores especialistas en el trasiego de armas de Estados Unidos a México coincidieron en señalar que desde la firma de la “Iniciativa Mérida” (2008), la venta legal de armas se incrementó considerablemente. Advirtieron que México ha estado comprando muchas armas y equipamiento militar y que, a la par, han aumentado los homicidios dolosos en el país: de enero de 2012 a abril de 2017, el 58 por ciento de esas muertes fueron causadas por armas de fuego. Como señalamos líneas atrás, el primer trimestre de 2017 fue registrado como el ‘‘más violento del que se tenga registro desde 1997’’.
En el mismo seminario, John Lindsay-Poland, investigador del American Friends Service Committee (AFSC, por sus siglas en inglés) informó que en los pasados 15 años el trasiego de armas de Estados Unidos a México se incrementó en el contexto de la llamada “Iniciativa Mérida”, y destacó que la ‘‘venta legal (…) es parte de la política exterior del país exportador, no es sólo una transacción comercial, y por eso debemos cuidar y exigir su transparencia’’.
En relación con el foro de El Colegio de México, el diario La Jornada reseñó que 70 por ciento de las armas que se distribuyen de forma legal e ilegal en México “proviene de Estados Unidos, una de las naciones con los controles en esta materia más laxos en el mundo”. Afirmaron asimismo que a mediados de 2015, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, nuestro país destinó 3 mil 500 millones de pesos a la compra de equipamiento militar, como helicópteros y vehículos blindados, pero también armas. Los únicos adquirentes de armas legales son las secretarías de Defensa Nacional y de Marina Armada de México.
Con relación a este tema, Paulina Arriaga, integrante de la organización DesArma México, llamó la atención acerca de la escasa información que hay sobre el destino de las armas legales en México, ya que pueden ser distribuidas a otras instituciones públicas, como fuerzas policiacas federales, estatales y municipales. En su participación en el foro de El Colegio de México, Paulina afirmó que de 2006 a abril de 2017 se calcula que han ‘‘desaparecido’’ de los arsenales policiales al menos 20 mil armas, a lo que se suma que el gobierno federal ‘‘no ha transparentado no sólo el destino final que tienen las armas de fuego, sino el monto que destina para su adquisición’’.
Otro especialista, Eugenio Weigend, investigador del Center for American Progress, consideró que el ‘‘gran ganador’’ con los altos índices de violencia que enfrenta México ‘‘ha sido la industria armamentista de Estados Unidos’’, pues no sólo tiene como ‘‘cliente’’ a nuestro gobierno, en el caso del mercado legal, sino como potenciales compradores a los habitantes de un país.
“Las autoridades estadounidenses siempre denuncian el flujo de drogas provenientes de México, pero casi no se habla del flujo de armas estadounidenses que favorece la violencia y el dominio de las estructuras delictivas en México”, explica Eugenio Weigend. “En el tema de las armas la responsabilidad recae principalmente en Estados Unidos porque de ahí vienen, ahí se producen”.
Según Intermón Oxfam, organización no gubernamental dedicada a combatir la pobreza, el comercio de armas de fuego y armas ligeras en el planeta tiene un valor superior a 2 mil 680 millones de dólares, en tanto que la venta de balas para armas pequeñas alcanza los 4 mil 300 millones de dólares.
Estados Unidos es el líder mundial absoluto en exportación de armamento.
Delicada y difícil encomienda tiene el secretario de Relaciones Exteriores: dialogar con el gobierno de un país acostumbrado a tener el dedo en el gatillo, a ser campeón en el negocio de la muerte.
