Muchos organismos autónomos, universidades, centros de investigación nacionales y extranjeros han hecho múltiples observaciones a esta nueva política de bienestar, que tal pareciera un retroceso histórico a los tiempos en que se tenía un partido político hegemónico en la silla presidencial
DIPUTADA CIUDADANA
La política social del nuevo poder ejecutivo ha cambiado la esencia de una política de desarrollo social implementada en las últimas décadas por una política de bienestar. No sólo es un cambio de concepto, es un cambio en la manera de apoyar a los ciudadanos más vulnerables.
Las políticas de desarrollo social son concebidas por el Banco Mundial como las acciones que priorizan las necesidades de las personas, lo cual define a la pobreza no sólo como sinónimo de recibir un ingreso bajo de recursos económicos, sino como la exposición a la violencia, la vulnerabilidad y la exclusión dentro de un ambiente donde prevalecen instituciones poco transparentes y la falta de poder.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define al desarrollo social como un amplio abanico de temas, entre otros: la eliminación de la pobreza, la reducción de las desigualdades, la creación de empleo, la promoción de las cooperativas, la familia, el rol de la sociedad civil, la tercera edad y el envejecimiento de la sociedad, la juventud, la discapacidad y los pueblos indígenas. Para poder ejercer estos derechos se emplean políticas públicas usualmente cristalizadas a través de programas sociales, mismas que necesitan un diagnóstico antes de ser implementadas y cautelosos esquemas de medición para conocer los avances en la materia.
La política de bienestar tiene referencia en el estado de bienestar, un método de política económica que mejora la distribución del ingreso. Se enfoca en cubrir la demanda de necesidades sociales con recursos públicos, sin embargo, en el mediano y largo plazo la carga fiscal es insostenible porque el gasto público supera los ingresos.
No es sorpresa que en el Primer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador haya mencionado que no son prioridad para su gobierno los indicadores que miden el crecimiento de la economía mexicana, enfocando sus acciones en el tema de la distribución. Es importante reflexionar: ¿qué va a distribuir si no estamos generando productividad, es decir, no estamos generando más ingresos para el país?
La nueva política de bienestar cumple al pie de letra con este método, los programas sociales poseen un diagnóstico con base en un levantamiento de campo realizado por los llamados “siervos de la nación”, un grupo de ciudadanos que nutren una estadística sin una capacitación o metodología; además de que no existe claridad en la protección de datos personales, que en algunos casos incluyen fotografías de menores de edad. No es un procedimiento sistémico, es elaborado con base en la ocurrencia.
Los programas de bienestar del actual gobierno también sufren de ambigüedad en su implementación, esto a razón de que sus reglas de operación se encuentran plenamente abiertas a la interpretación, se distinguen por su falta de objetividad, sobre todo en las variables de medición para evaluar su éxito. Muchos organismos autónomos, universidades, centros de investigación nacionales y extranjeros han hecho múltiples observaciones a esta nueva política de bienestar, que tal pareciera un retroceso histórico a los tiempos en que se tenía un partido político hegemónico en la silla presidencial. Un ejemplo son los señalamientos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realizó ante el cambio de nombre y objetivos del programa de estancias infantiles a madres trabajadoras que legítimamente aprobó la Cámara de Diputados, dejando sin recursos a la población objetivo.
La Asociación Civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad realizó un análisis profundo del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con una intención loable de atender a una población de jóvenes que viven con falta de oportunidades de trabajo o estudio, pero con reglas de operación muy básicas para una asignación de 40 mil millones de pesos, equivalente al 1.6 veces el presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Esta asociación detectó anomalías y opacidad en relación al padrón de beneficiarios, al espacio laboral donde se encuentran y a las actividades que realizan.
A manera de conclusión, podemos afirmar que el nuevo gobierno ha venido a cambiar la política social en México. Los votos de los mexicanos respaldaron este nuevo gobierno, lo cual es aplaudible para el desarrollo democrático del país, sin embargo, eso no elimina la voz de las instituciones autónomas y las recomendaciones que brindan. El “yo tengo otros datos” no debe ser una respuesta desesperada a favor de la inflexibilidad y menos cuando se trata de materializar los derechos de las y los mexicanos a través de programas sociales.