El balance de la política migratoria es negativo, pues México debe avanzar en el sentido de poner freno a la política depredadora de Trump, que ayer exigió una cosa, hoy otra y mañana demandará una diferente
Pilar Lozano Mac Donald
Secretaria General de Acuerdos de Movimiento
Ciudadano.
Presidenta de la Comisión del Mexicano
Migrante
En tiempos de claroscuros políticos y sus consecuencias en el plano económico, vale la pena hacer un alto para revisar los logros y los pendientes. En el ejercicio del poder público la necesidad de conocer los resultados del trabajo de gobierno resulta aún mayor.
Se ha cumplido un año de un gobierno que generó expectativas de cambio para quienes creyeron que las promesas de campaña se traducirían en mejoras para todos los mexicanos. En este período, al momento de realizar las evaluaciones, existe un ánimo de incredulidad frente a los resultados anunciados.
Ese sentimiento de desencanto, producto de la disociación entre el discurso oficial y la realidad social, tiene justificada razón cuando vemos que las cosas no sólo no mejoran sino que, es claro, han empeorado. Esto es indubitable en el plano económico con un país sumido ya en los pantanos de la recesión y en la imbatible inseguridad que corre por las calles del país.
En el tema migratorio la percepción de la comunidad migrante no es distinta: el discurso de las autoridades habla de la defensa de los mexicanos en el exterior, pero en la realidad se sienten indefensos frente a la persecución y criminalización que sufren cotidianamente los mexicanos que residen en Estados Unidos.
En su Informe de Gobierno, el presidente asume la política migratoria como un asunto de soberanía nacional, sin embargo, no ha sido capaz de desplegar un acuerdo bilateral que, como país soberano, fije una posición firme frente al gobierno de los Estados Unidos que ponga freno al permanente discurso de odio de Donald Trump, el cual ha generado un ambiente de criminalización, persecución y, ahora, agresión directa a la comunidad mexicana migrante, con la lamentable pérdida de vidas de connacionales.
Por el contrario, el gobierno federal se vio sometido y fue obligado a convertirse en el muro que tanto pregonó Trump, asumiendo los dictados de una política de contención migratoria que desplazó hacia la frontera sur de México las acciones persecutorias en contra de los flujos migratorios.
La política de protección a la comunidad mexicana migrante que vive en Estados Unidos, denominada “Estrategia de Protección al Migrante en EE. UU”, se resume en una serie de medidas de asesoría y asistencia legal en materia de Derechos Humanos, atención a grupos vulnerables y servicios consulares.
En tanto, como consecuencia del acuerdo con el gobierno estadounidense, la política hacia la migración proveniente de Centroamérica pasó de los “brazos abiertos” a un muro de 15 mil efectivos de la Guardia Nacional. Además, el Informe ubica a México como “país de tránsito”, cuando en realidad somos también un país de destino, ya sea por voluntad de los propios migrantes o por la posición de Tercer País Seguro en que dicho acuerdo nos ha colocado.
Es tan grave la situación que el gobierno mexicano aceptó verse sometido a una evaluación periódica sobre los resultados de la política migratoria al gusto y medida del presidente de Estados Unidos, con el compromiso de que cada 45 días un representante del gobierno federal acuda a rendir cuentas a un gobierno extranjero.
Todos coincidimos en que era necesario atender de manera segura y ordenada la migración proveniente del sur del país que, según datos del Informe presidencial, actualmente llega a 24 mil 092 migrantes centroamericanos; pero insistimos en que los déficits en vivienda, empleo, educación, servicios de salud, etc., nos hacen pensar que será materialmente complicado otorgar casa, vestido y escuela a todos migrantes.
En consecuencia, el balance de la política migratoria es negativo, pues México debe avanzar en el sentido de poner freno a la política depredadora de Trump, que ayer exigió una cosa, hoy otra y mañana demandará una diferente.
La realidad que enfrenta la comunidad mexicana migrante merece la máxima atención de parte del Estado mexicano. Es tiempo de reconocer lo que los migrantes representan para México, en número y en su posición de pilar central de la economía. Verlos sometidos a los caprichos de un gobernante que por motivos electorales los criminaliza, no es justo, no lo merecen.
La construcción de una agenda migrante propia con acciones firmes, además de las implementadas hasta ahora, debe formar parte de una estrategia propia que, como país soberano, nos permita frenar el acoso a los mexicanos que cruzan la frontera norte y avanzar en un trato más humano a los migrantes que ingresan a nuestro país por la frontera sur.
Nuestros connacionales merecen una política migratoria de largo plazo que deje atrás acciones temporales, como servir de freno migratorio, para pasar a una política migratoria propia que contemple trabajo temporal legal y ordenado, que incluya a los gobiernos locales en la recepción de flujos del sur del país, y desplegar un discurso distinto y firme ante los Estados Unidos, que deje claro que la criminalización, el discurso de odio y el control fronterizo no resolverán, más allá de lo coyuntural, la problemática migratoria.