El destacado investigador florentino Giovanni Sartori (1924-2017), experto en el estudio comparativo de la política, apuntó en cierta ocasión que desde la segunda década del siglo XX se comenzó a aceptar que una Constitución define cualquier forma que se da un Estado a sí mismo. Aunque advirtió: “Pero si la Constitución de Stalin o la Constitución de Hitler son constituciones con el mismo título que la de Estados Unidos, entonces la Constitución no sirve para proteger libertades”.
En seguimiento del razonamiento de Sartori, expertos en derecho y doctrina constitucional clásica señalan que se tendría entonces que una Constitución es válida solamente si rige dentro de un Estado democrático, en el que se promuevan los valores fundamentales de la libertad y la dignidad, porque su función primordial es precisamente proteger y garantizar dichos valores mediante la limitación a los abusos excesivos que puedan cometer quienes detentan circunstancialmente el poder público dentro de un Estado.
Sostienen los tratadistas que el poder político, como dirección del Estado, debe utilizarse para el beneficio de la sociedad y para el cumplimiento de los fines colectivos, con respeto a reglas y parámetros preestablecidos. Cuando este poder se utiliza sólo para beneficio de quienes lo detentan, y/o contraría las reglas, no solamente el ciudadano está ante un mal gobierno sino también ante la degeneración, mal ejercicio y aun abuso del poder político.
Lamentan, asimismo, que en la actualidad el mal gobierno y el uso degenerado del poder se han convertido en la regla en vez de la excepción. Con frecuencia, el poder se utiliza en beneficio de pocos individuos y no para el bien de la colectividad. Lo que conduce además a la violación de los derechos de las mayorías.
Abundan estudios, literatura y debates sobre el tema.
En México, el llamado Movimiento Nacional por la Esperanza, encabezado por René Bejarano, inició este mes de octubre (según medios de comunicación) los trabajos formales para convocar al Congreso a que apruebe una nueva Constitución, a fin de sustituir la aprobada en Querétaro en 1917.
Sostienen los impulsores del proyecto, llamado “Por venir: El buen vivir” (sic), que el cambio de régimen prometido por Andrés Manuel López Obrador sólo se podrá lograr si Morena, aliada con fuerzas progresistas, convoca a ese Constituyente.
Señala un documento del proyecto: “El poder económico, la administración de justicia y el poder de los medios de comunicación, siguen en disputa; la élite neoliberal pretende seguir ejerciendo el control sobre esos poderes, por lo que se vuelve indispensable que desde los sectores progresistas y democráticos nos empeñemos en conquistarlos”.
Y añade, sobre el Poder Judicial, “que ha impedido que se avance a fondo en la transformación del país, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta los Jueces son un poder funcional al antiguo régimen”.
Según Bejarano, lo primero que se tiene que hacer para tener una nueva Constitución Política que gane terreno, “es que al interior de Morena se cuente con un guión de su posible contenido” y convencer a la población de que hace falta que el “cambio de mentalidad” que trata de imponer el nuevo gobierno “se exprese en la ley”.
En el horizonte están las elecciones en 2020 y 2021, particularmente en este segundo periodo, en que se eligen 15 gobernadores, 300 diputados federales (más los 200 plurinominales) y miles de puestos más, ya que habrá comicios concurrentes en todos los estados de la República.
Quien encabeza el Movimiento Nacional por la Esperanza para darle una nueva Constitución a México, René Bejarano, es esposo de la exsenadora y hoy diputada federal por Morena, María de los Dolores Padierna Luna. Pasó a la historia como “el Señor de las Ligas”, por la transacción videograbada de fajos de miles de dólares con el argentino Carlos Ahumada, amigo personal de Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedesol, sometida a proceso y enviada a la cárcel por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada Padierna.