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no de los temas que ha generado distintas respuestas para aminorar o revertir sus perjudiciales efectos, es sin lugar a dudas la modificación de los patrones climáticos que se ha venido resintiendo en las últimas décadas en prácticamente todas las regiones del planeta. Con resultados que conllevan un “[…] incremento de los riesgos sociales y naturales que afectan a la población, ocasionando un aumento enorme en los gastos por servicios sanitarios, protección de los medios de subsistencia y vivienda…”, tal como afirma Gabriela Mendizábal en su artículo “La seguridad social ante los retos del cambio climático”.
Esta alteración climática tiene como fuente estratégica de explicación la insensibilidad, la avaricia y la ambición irracional de quienes, desde el ámbito de las élites económicas y políticas, han optado por acrecentar su poderío a costa de la modificación del grueso de los ecosistemas que conforman el planeta. Lo cual, según Anguie Bragado en la tesis El régimen internacional del cambio climático y los retos para México, ha implicado consecuencias como “[…] el registro de los años más cálidos de la historia, el aumento de la temperatura media del aire y de los océanos, el deshielo de los polos y el aumento del nivel del mar, alteraciones en las condiciones de la flora, la fauna y los zonas del planeta más vulnerables, que tendrán un impacto socio económico cuyos cálculos son difíciles de proyectar”.
Indudablemente, las mentes más lucidas y las voluntades con mayores niveles de compromiso para con la esencia del ser humano y la viabilidad existencial de las futuras generaciones han emprendido una gran cantidad de esfuerzos para frenar y revertir las consecuencias de prácticas como: la quema de combustibles fósiles, la tala de selvas tropicales y la explotación de ganado, que impactan cada vez más en el clima y las temperaturas.
Ningún país, ninguna región y, por ende, ningún segmento social está exento del impacto en el medio ambiente, lo cual se corrobora con el hecho de que: “Los escenarios de cambio climático que se estiman para México para el periodo 2015 a 2039 son preocupantes. Se proyectan temperaturas anuales mayores hasta en 2°C en el norte del país, mientras que en la mayoría del territorio podrían oscilar entre 1 y 1.5°C. En el caso de la precipitación, se proyectó, en general, una disminución de entre el 10 y 20%. Todo ello podría traer consecuencias económicas, sociales y ambientales muy importantes”, según información obtenida del propio portal del gobierno de México.
Escenarios que deben ser considerados de una manera muy puntual y precisa, tanto por las y los gobernantes (de los tres niveles de gobierno de nuestro país) como por quienes integran los órganos legislativos. Es a través de estos poderes que se proponen, valoran, analizan, argumentan, definen y deciden, no sólo las normas de convivencia de los mexicanos y las mexicanas sino la forma en que se aplicarán los recursos financieros a su disposición. Por tanto, es su responsabilidad ejercer dichos recursos y satisfacer con las múltiples, crecientes y complejas necesidades de los distintos segmentos sociales que conforman la sociedad contemporánea de nuestro país.
Lo anterior permite subrayar el hecho de que toda política pública que se pretenda implementar en el corto, mediano y largo plazo, a nivel nacional, estatal o municipal, no deberá de perder de vista: “Las proyecciones del crecimiento demográfico, la creciente presión sobre los recursos y las persistentes desigualdades en el acceso a los recursos, las cuales en las décadas por venir indican que muchas regiones sensibles desde el punto de vista ambiental se verán afectadas por la escasez en una escala y con una severidad y rapidez inéditas en la historia, principalmente a causa del acelerado cambio climático”, tal como afirma Martin Beniston en “El cambio climático y sus repercusiones: crecientes factores de estrés para las sociedades humanas”.
Todo esto conlleva la obligación y la responsabilidad de promover de una manera más activa y decidida la participación abierta e informada de los diversos segmentos sociales en todas aquellas decisiones que afecten de manera directa y evidente, tanto los ecosistemas como los diferentes cuerpos de agua que se localizan en el entorno inmediato de las comunidades. Para prevenir y revertir las decisiones impuestas desde las élites, mismas que obvian los impactos y perjuicios reales en el corto, mediano y largo plazo.