Luis Gutiérrez Rodríguez
A despecho de las cuentas alegres vertidas desde el poder público, la percepción de inseguridad y miedo se propaga peligrosamente entre mexicanas y mexicanos de toda condición social. Se propaga también, y aquí con otro ingrediente: indignación, entre elementos de las fuerzas armadas (incluida la Guardia Nacional) y los cuerpos policiacos. Son seres humanos.
Por lo menos 900 mil habitantes (eran 858 mil hace nueve años) de Culiacán, ciudad capital de Sinaloa, vivieron más de 12 horas de terror entre las 3 de la tarde del jueves 17 y la madrugada del viernes 18 de octubre último, bajo el fuego de armas de alto poder entre fuerzas armadas y delincuentes del Cártel de Sinaloa. Se debió al fallido operativo (mal ejecutado, según el secretario de la Defensa Nacional, Gral. Luis Cresencio Sandoval) para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, encarcelado a perpetuidad en Estados Unidos. México recibió una solicitud estadounidense de extradición de Ovidio y se iba a cumplimentar, según informó AMLO en Oaxaca.
Pero luego, al paso de las horas, el gabinete de seguridad reunido el viernes 18 en Culiacán con el gobernador priista Quirino Ordaz Coppel, en conferencia de prensa, increíblemente generó desinformación, confusión y hasta mentiras en torno a lo sucedido durante esas horas aciagas para los culiacanenses.
La noche del jueves 17, el presidente López Obrador, en Oaxaca, entró en contradicciones con su Consejo de Seguridad, que a la mañana siguiente ofreció una atropellada conferencia de prensa que no esclareció numerosas interrogantes. Además, estuvo plagada de insólitas inexactitudes, por decir lo menos, vertidas por los funcionarios de alto nivel que encabezaron la conferencia de prensa. Quedó en vaguedades y mentiras en qué sitio fue detenido Ovidio Guzmán López, cómo inició la refriega a tiros y cómo empezó el bloqueo de avenidas y accesos a la capital de Sinaloa.
Ocho muertos, una veintena de heridos, fuga de reos y la aparición de armas poderosas en manos de los presuntos defensores de Ovidio Guzmán, quedaron en la oscuridad.
Fue Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, quien al llegar a Culiacán transmitió la orden (sin duda de parte de su jefe, el presidente) de dejar en libertad al jovencito requerido por la justicia estadounidense “para proteger a los ciudadanos”.
Fue inútil y altamente riesgosa la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional, ordenada al principio de la balacera en apoyo de la policía ministerial y de la Fiscalía estatal, que presuntamente tenían “asegurado” al hijo del Chapo Guzmán.
Analistas, periodistas y aun funcionarios coinciden: los habitantes de Culiacán vivieron horas de terror y angustia nunca antes vista en todo el país. Para “proteger a la ciudadanía”, Ovidio Guzmán no fue detenido, hubo ocho muertos y heridos aún no cuantificados, incendio y “desaparición” de vehículos oficiales. Para colmo la fuga, esa misma tarde, de 49 reos de la cárcel local de Aguarufo: 39 presos por delitos federales y el resto del fuero común.
Sin taxativas: el Estado mexicano fue doblegado por su incapacidad para cumplir con la Constitución General de la República y garantizar seguridad a una ciudadanía inerme ante la violencia y las balas. Se revirtió la estrategia del miedo.
Y aún quedan preguntas sin respuesta, con la inevitable suspicacia e indignación.
El resto del escenario
Casi un mes antes, en compañía del presidente de la República, se habían vertido cuentas alegres en la Ciudad de México.
La mañana del lunes 14 de octubre, mientras en Palacio Nacional el secretario de Seguridad Ciudadana (en presencia del presidente Andrés López Obrador) anunciaba en conferencia de prensa “inflexión” en los índices de homicidios dolosos y un “ligerísimo quiebre” en la percepción ciudadana sobre la inseguridad, en el municipio de Aguililla, Michoacán, recogían los cuerpos de 14 policías asesinados esa madrugada en una emboscada.
A las estadísticas rojas del crimen organizado se suman soldados y marinos abatidos por bandas delictivas en diferentes estados de la República, presuntamente inhibidos por la consigna presidencial de evitar confrontaciones y represión, “como ocurrió en el pasado”.
En este escenario de violencia nacional, en las marchas de protesta ocurridas en México durante los recientes meses de agosto y septiembre, el vandalismo apareció con una fuerza poco antes vista en las calles de la Ciudad de México.
Una de las alertas se dio el pasado 17 de agosto cuando entre casi dos mil mujeres que salieron a las calles, un grupo de 70 encapuchadas dañó edificios y monumentos. Las mujeres demandaban la legalización del aborto y servicios de salud para interrumpir el embarazo de manera segura y digna.
Otra fue el 26 de septiembre, en la marcha por estudiantes y padres de los 43 normalistas desaparecidos hace cinco años en Ayotzinapa, Guerrero: encapuchados realizaron pintas y destruyeron mobiliario urbano en Paseo de la Reforma, además vandalizaron la Puerta Mariana del Palacio Nacional.
La violencia, acreditada en redes sociales y medios de comunicación, llevó a la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, a convocar a 12 mil “funcionarios” bajo sus órdenes a participar “voluntariamente” en un “esquema de protección de la ciudadanía” mediante un cinturón de paz durante la marcha popular con la que diversos sectores de la sociedad recordaron la represión estudiantil ocurrida hace 51 años, el 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco.
Hombres y mujeres con playeras blancas se alinearon en la ruta de los marchistas el 2 de octubre. Los vándalos reaparecieron, pero su intrusión violenta fue sorpresivamente menor que las anteriores.
Me vienen a la mente cuatro reflexiones tentadoras: 1) El primero de mayo último, en el marco de la celebración del Día del Trabajo, Claudia Sheinbaum informó que cuando asumió el cargo había 12 mil 500 mil trabajadores de la administración pública de la capital del país que ganaban menos de un salario mínimo al día. Comprometió para ellos un aumento de sueldos con carácter retroactivo a partir del primero de enero, y aseguró que mientras estuviera al frente del gobierno los incrementos salariales estarían siempre por encima de los niveles de inflación. 2) Esos muy justamente retribuidos 12 mil 500 empleados del gobierno de la ciudad, ¿fueron los que formaron el cinturón de paz el 2 de octubre? 3) ¿Ignoran las autoridades judiciales de la Ciudad de México las identidades de los vándalos encapuchados? La cuarta reflexión es sobre unas líneas de Joaquín Estefanía Moreira, escritor, periodista y economista español: “La creación artificial de atmósferas de miedo obliga a los ciudadanos a blindarse frente a los contextos sociales. El miedo que anida en el cerebro quebranta la resistencia, genera pánico y paraliza la disidencia” (Joaquín Estefanía, La Ideología del miedo, 1911).
Nicolás Maquiavelo definió las dos formas de ejercer el poder al alcance de un gobernante: la astucia y la fuerza. Cuando la primera (que utiliza odio o miedo, recurso predilecto del autor de El Príncipe) no es suficiente para dominar a los gobernados, debe recurrir a la fuerza para obtener su consentimiento.
Hans Joachim Morgenthau, abogado y político estadounidense de origen judío-alemán (1904-1080), escribió a su vez: “Cuando el miedo no es suficiente para mantener el orden establecido existe la intimidación que supone el miedo al uso de la fuerza. Es el último recurso del que se vale el poder antes de utilizar la violencia. El aumento y presencia de los cuerpos represivos policiales y del ejército, junto al ensalzamiento del militarismo y la exhibición de las capacidades coercitivas del poder son utilizados para disuadir cualquier desafío al orden vigente”.
Hoy la violencia criminal siembra miedo y terror por secuestros, emboscadas asesinas, extorsiones e inseguridad generalizada; se ceba en ciudadanos, policías e integrantes de todos los cuerpos de las fuerzas armadas. También generan miedo y angustia los despidos masivos, la incertidumbre de jefes de familia ante el futuro, el desempleo … y las cuentas alegres del gobierno ante la percepción ciudadana.