En Movimiento Ciudadano honramos la tradición diplomática de que México abra las puertas a quienes dejan su país por estar en riesgo su vida o violación grave a sus derechos humanos
Guillermo Rocha Lira
Mucha controversia generó en la opinión pública la llegada de Evo Morales a nuestro país, sin embargo, es necesario enfatizar que el otorgamiento de asilo político a cualquier persona del mundo es un derecho humano innegable y nuestro país tiene una gran tradición recibiendo a refugiados y asilados políticos.
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la figura del asilo es una práctica mediante la cual un Estado garantiza la protección, el amparo y la asistencia de aquellas personas que huyen de su país de origen por diversas razones, relacionadas con la violación de uno o varios de sus derechos fundamentales. Aunque el derecho de asilo está asociado a un contexto político, también puede abarcar a aquellas personas cuya vida está en peligro por motivos sociales, raciales, étnicos y religiosos.
La petición de asilo se realiza a un segundo o tercer país que ofrezca las garantías de seguridad y protección que el Estado del que procede el solicitante no está en condiciones de brindar. Generalmente, este país realiza un estudio pormenorizado de la solicitud y, al final del proceso, emite un veredicto positivo o negativo. Diferentes organizaciones humanitarias, entre las que se encuentra ACNUR, calculan que el año pasado había más de dos millones de solicitantes de asilo en el mundo. En México, de acuerdo con datos oficiales, entre enero y mayo de 2019 se recibieron 24 mil 424 solicitudes de refugio, superando en los últimos cinco meses las solicitudes de todo el 2018, con 29 mil 647.
El derecho internacional reconoce dos tipos de protección que una persona puede solicitar a un Estado del que no es nacional por situaciones que surjan en su territorio y pongan en peligro su vida: el refugio y el asilo. Para entender la diferencia entre ambos es necesario explicar el marco jurídico que les rige, partiendo de la normativa convencional a la nacional.
América Latina se ha destacado por ser una región pionera en materia de asilo, toda vez que se han adoptado muchos instrumentos internacionales en el tema, que han sido ratificados por el Estado mexicano. Por ejemplo: la Convención sobre Asilo, adoptada en La Habana en 1928; la de Montevideo, en 1933; la de Caracas, de 1954, y la Convención Nacional de Asilo Territorial del mismo año, que señala que este derecho no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable, para que la persona salga del país con la seguridad otorgada por el Estado donde se encuentra, a fin de que su vida no se encuentre en peligro.
También resulta relevante el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues en su párrafo séptimo se establece el derecho de buscar, solicitar y recibir asilo por persecución política; en el octavo se prohíbe la expulsión de un extranjero a otro país cuando peligre su vida o libertad personal por causa de raza, nacionalidad, religión, condición social u opiniones políticas. Por último, en el párrafo noveno prohíbe la expulsión colectiva de extranjeros.
En México, la Constitución establece en su artículo 11 el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo; también existe la Ley sobre Refugiados, Protección complementaria y Asilo Político. En esta se establece que el gobierno mexicano otorgará la condición de “refugiado” a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional y cuya vida peligre; mientras que el “asilo político” se otorgará a los extranjeros que se encuentren en la representación o en territorio nacional, siempe que presenten su solicitud de conformidad con los supuestos previstos en esta ley y su reglamento. Este marco jurídico del cual México forma parte obliga a cualquier gobierno o gobernante a que nuestro país sea una nación asilante.
En el siglo XIX, el poeta y revolucionario José Martí llegó a México en 1875; en 1937 el gobierno de Lázaro Cárdenas le concedió asilo político al ideólogo soviético León Trotsky; entre 1939 y 1942 llegaron a nuestro país miles de españoles, como el poeta Luis Felipe y el cineasta Luis Buñuel; en 1979 el gobierno recibió al expresidente argentino Héctor José Cámpora y al derrocado Sha de Irán, Reza Pahlevi; en la década de los 70 México recibió a la familia de Salvador Allende, así como a un sinnúmero de exiliados chilenos, y en los 80 a un gran número de guatemaltecos, incluyendo a la Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Incluso, en 2009, el gobierno mexicano encabezado por el presidente Felipe Calderón recibió a Manuel Zelaya, derrocado en Honduras.
En Movimiento Ciudadano honramos la tradición diplomática de que México abra las puertas a quienes dejan su país por estar en riesgo su vida o una grave violación a sus derechos humanos. Lo anterior fue soportado por nuestros Senadores Ciudadanos, Dante Delgado, Clemente Castañeda, Patricia Mercado y Verónica Delgadillo, quienes respaldaron la determinación del gobierno de la República, expresada por conducto del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de otorgar asilo político al mandatario de Bolivia.
Como bien lo dice el Senador Clemente Castañeda, no debería existir ninguna polémica sobre el asilo a Evo Morales porque esto responde a la tradición de asilo y puertas abiertas que históricamente ha caracterizado a México. Sin embargo, es preciso señalar que si el gobierno federal fuera congruente, actuaría de la misma forma con los miles de centroamericanos que huyen de la violencia en sus países, en lugar de perseguirlos con la Guardia Nacional; o bien, como dijo la Senadora Verónica Delgadillo, si queremos construir una región más fraterna, este gobierno debería tener una igualdad de trato con los más de 150 mil migrantes que, en su paso por México, han sido detenidos por la Guardia Nacional e ingresados a estaciones migratorias para retornarlos a su país.
No hemos tenido la misma sensibilidad política, social y humanitaria con nuestros hermanos centroamericanos, porque en la frontera sur se violan y no se respetan sus derechos humanos. Para ser un ejemplo para otros países, este gobierno debe reconsiderar una política de “puertas abiertas”, igualitaria y justa, con todas las personas que buscan protección en México.
