Recientemente, el conocido editor de un diario de circulación nacional exhibió a través de varios videos cómo miente el presidente cuando asegura que nunca ha agraviado a los medios de comunicación. Lo ha hecho una y otra vez. Esta conducta presidencial es recurrente y preocupante: afirmar, luego negar y enseguida acusar a sus adversarios, a los conservadores, de las consecuencias contraproducentes de sus propios actos. Hace tiempo que la sabiduría popular acuñó una frase para esta insana práctica: tirar la piedra y esconder la mano.
Así ocurre desde hace un año. Hay amagos evidentes contra instituciones del Estado que estorban al autoritarismo del jefe de gobierno y al propósito inamovible de su personal ejercicio del poder: lograr la “Cuarta Transformación de México”, la 4T, y destruir todo lo que se oponga a estos objetivos.
Son importantes blancos de este despropósito dos instituciones en cuyos cimientos descansa la vida democrática de México: los poderes Judicial y Legislativo. La tercera, el Poder Ejecutivo, la controla un hombre: el presidente.
El Poder Legislativo (con más transparencia el Senado) ha tenido que defenderse, como también lo ha hecho el Poder Judicial por conducto del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En las páginas centrales de esta edición referimos la intromisión del Ejecutivo en las legislaturas de estados soberanos, como Baja California y Tabasco; la pretensión de desactivar a la oposición política mediante el recorte a sus prerrogativas, con la mira puesta en los comicios intermedios de 2021 y los presidenciales de 2024; la inducción presidencial selectiva, de palabra, en procesos judiciales, etcétera.
En estas mismas páginas señalamos que la cuantía de los recursos que en 2020 manejará el Poder Ejecutivo en 14 programas sociales, 285 mil 239 millones de pesos, aumentará 170 mil 361 millones de pesos respecto de lo que se le aprobó para esos mismos 14 programas en 2019. El espectro de Morena, partido en el poder, merodea en esos programas, de modo que la inequidad es clara.
Llama la atención que el agresivo discurso presidencial sigue dividiendo a los mexicanos. ¿Lo hace deliberadamente? Porque en ausencia de unanimidad (lo cual puede ser normal) el criterio que guía las políticas públicas y las decisiones debe ser el de una mayoría democrática. No el del autoritarismo presidencial, encubierto, simulado con remedos de consultas no reglamentadas.
En los comicios presidenciales del 1 de julio de 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) validó a 89 millones 123 mil 355 mexicanas y mexicanos inscritos en la Lista Nominal de Electores con fotografía y credencial. De ellos, 30 millones 113 mil 483 apoyaron a Andrés Manuel López Obrador, de modo que hubo 59 millones 9 mil 872 ciudadanos que votaron por otras opciones o simplemente se abstuvieron de votar.
La diferencia de 59 millones de mexicanos que no votaron por AMLO (por decisión o abstención) es la gran mayoría ausente. Es la grieta entre la democracia y el autoritarismo.