Pilar Lozano Mac Donald
Secretaria General de Acuerdos de Movimiento
Ciudadano.
Presidenta de la Comisión del Mexicano
Migrante
LLa relación de México con los gobiernos de Estados Unidos ha sido compleja. El gobierno de Donald Trump no ha sido la excepción. En particular, la situación de la comunidad mexicana migrante ha sido un tema por el que México ha recibido una presión constante.
En esta última etapa, el tema migratorio ha sido carta de presión por parte de Trump para obtener un beneficio electoral de cara a su campaña presidencial y, en otros episodios, para alcanzar mejores condiciones de negociación de un acuerdo comercial para América del Norte.
En el caso del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), nuevamente nuestro país se ve sometido a presión para establecer las mejores condiciones para nuestro vecino del norte.
México se vio orillado a cumplir las condiciones migratorias que de manera unilateral le impuso Estados Unidos, utilizando a nuestro país como muro para contener la migración desde la frontera sur. De lo contario, habrá nuevos aranceles a las exportaciones mexicanas.
Cumplidos los compromisos sobre reducir el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, se pensó en un primer momento que la ratificación del T-MEC era inminente.
En este contexto, la cuenta regresiva está en marcha, a pesar de que Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, señaló que la ratificación del acuerdo era “inminente” y después de la confirmación de que el tratado va, han surgido dudas de los términos del mismo.
Ante la premura de los tiempos para que se pueda dar la ratificación por parte del Congreso de Estados Unidos, el gobierno mexicano parece estar más que nervioso.
Todos tenemos claro que resulta necesario el Tratado entre México – Estados Unidos – Canadá (T-MEC), que bajo reglas claras puede constituir un elemento que impulse el incremento del intercambio comercial entre los países de la zona, sin embargo, si el Congreso norteamericano no lo ratifica, tendremos que esperar hasta después del proceso electoral de ese país.
El nerviosismo del gobierno mexicano ha quedado de manifiesto por posibles acuerdos que pondrían en riesgo la integridad de la soberanía nacional. Pese al rechazo del gobierno federal, incluido el propio presidente de México, quien afirmó que “México no aceptó una petición de Estados Unidos” para enviar inspectores a centros febriles para que pudieran supervisar el cumplimiento de leyes laborales y ambientales, lo cierto es que todo indica que la propuesta sí estuvo sobre la mesa.
Lo que llama mucho la atención es que, como en otras ocasiones, la información surgió de medios de comunicación del otro lado de la frontera (Inside US Trade, entre ellos), los que afirmaban que el gobierno mexicano habría aceptado que inspectores de Estados Unidos visitaran fábricas en nuestro país para supervisar el cumplimiento de las leyes laborales.
Ventilada la información, vinieron las reacciones. El Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, emitió un comunicado rechazando cualquier posible modificación al T-MEC, en la que se incluyeron inspecciones laborales, calificándolas de extremas, además de inaceptables.
La reacción del gobierno mexicano vino a confirmar la existencia de dichas propuestas (“México no aceptó”, dijo Andrés Manuel López Obrador), pero todo parece indicar que no eran del todo mal vistas por los representantes del gobierno mexicano. Lo cual, de ser cierto, sería peligroso, pues implicaría ceder en decisiones que sólo corresponden a México como estado soberano.
Las propuestas, que fueron entregadas por congresistas norteamericanos a Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y negociador del T-MEC, fueron conocidas unicamente hasta que en Estados Unidos se hicieron públicas.
Ahora sabemos que no sólo existieron esas propuestas, sino que quedaron en la versión final del T-MEC, lo cual constituye un vergonzoso episodio de sumisión por parte del gobierno federal.
Surgen entonces las preguntas: ¿Por qué el gobierno mexicano no informó del despropósito de tales propuestas? ¿Será cierto que, ante la urgencia que tiene porque sea ratificado el T-MEC, las iba a aceptar, como finalmente ocurrió?
El riesgo que se presenta es que, con el tema de la inspección laboral, nuestro país quedó exhibido nuevamente y, al igual que el acuerdo migratorio que obligó a movilizar a la Guardia Nacional para frenar la migración de Centroamérica, ahora ha aceptado (“no estaba contemplado”, dicen desde el gobierno) que venga personal extranjero a verificar el cumplimiento de las leyes laborales al interior del país.
No olvidemos que nuestro país ya ha realizado las reformas legales en materia ambiental y laboral que eran parte de las exigencias para la ratificación del acuerdo comercial, y a pesar de ello, se ha demorado su ratificación.
Por lo visto, la presión continuará. ¿La ratificación del T-MEC, lleva implícitos otros acuerdos inconfesables? El tiempo, o medios de comunicación del exterior, nos lo dirán.