Hemos dirigido nuestros esfuerzos hacia la consecución de una agenda legislativa ambiental que permita tener expectativas razonables de un presente y un futuro que nos garantice un planeta sano y un entorno limpio
El año 2015 marcó dos hitos de indiscutible valor en el progreso de la consciencia de la especie humana para la preservación de su entorno y la procuración de las mejores condiciones para una vida más digna y respetuosa de los ecosistemas.
El 25 de septiembre, en Nueva York, representantes de las 193 naciones –incluida la nuestra- presentes en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, adoptaron -por unanimidad- un documento titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que contiene 17 objetivos globales para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, hacer frente al cambio climático y no dejar a nadie atrás. Cada objetivo contiene metas específicas a alcanzarse en los siguentes 15 años (menos cinco que ya llevamos). Los objetivos son:
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación;
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
La pretensión fue generar una oportunidad para que los países y sus sociedades se plantearan un sendero diverso donde las personas pudieran vivir más dignamente, con inclusión. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al abarcar temas interdependientes que van de la eliminación de la pobreza y la desigualdad social a la lucha contra el cambio climático y el desarrollo urbano, pasando por asignaturas transversales como la educación, la igualdad de género y la defensa del medio ambiente, representan un compromiso que implica la conservación y viabilidad de la especie humana y mejores condiciones para las generaciones que nos van a suceder.
El 12 de diciembre del mismo 2015, 195 países suscribieron, también unánimemente, en el contexto de la 21° Conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) -conocida universalmente como COP21-, serios compromisos para trabajar progresiva, equitativa y transparentemente contra el cambio climático y en favor del medio ambiente y el desarrollo sustentable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mismos que se plasmaron en el llamado “Acuerdo de París”, que también México suscribió.
El principal objetivo era que las naciones orientaran su desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores emisiones y con capacidad de adaptarse a un clima más extremo, y mantener el incremento de la temperatura global por debajo de 1.5ºC, con respecto a los niveles preindustriales.
Tres años después, en México la LXIV Legislatura llegó marcada con una mayoría en el Congreso obsequiosa a los deseos del Ejecutivo de la Unión, quien por cierto ha dado hasta ahora irrefutables muestras de su desinterés (léase desprecio) por el cuidado del medio ambiente y la transición a energías limpias. Tan es así que en 2019 y 2020 el presupuesto para Medio Ambiente y Recursos Naturales ha perdido poco más del 25 por ciento, sin contar el recorte del 75 por ciento al presupuesto que sostiene la operación de las instancias encargadas de su atención y las devastadoras consecuencias ambientales que traerían consigo los proyectos insignia de esta administración, como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, la promoción para generar energía con combustóleo y carbón o el intento por frenar la generación de energías limpias.
Tal adversidad ha permitido que establezcamos alianzas creativas y tendamos puentes de diálogo edificante con organizaciones de la sociedad civil y personas expertas para presentar y hacer el mayor esfuerzo por sacar adelante propuestas parlamentarias que recogen los intereses de la ciudadanía, que sí está preocupada y ocupada.
Es así como hemos dirigido nuestros esfuerzos (somos varias las personas en Movimiento Ciudadano) hacia la consecución de una agenda legislativa ambiental que permita tener expectativas razonables de un presente y un futuro que nos garantice un planeta sano y un entorno limpio.
Justamente, nuestra senadora Vero Delgadillo encabeza la promoción de un “Trato Verde”, imperativo para encontrar nuevas formas de generar riqueza, bienestar, energías limpias y proteger el medio ambiente.
Hace poco fue presentada la “Estrategia Legislativa para la Agenda 2030”, documento elaborado por la Cámara de Diputados, la Dirección de la Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la República, la representación en México de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey y la Organización de la Sociedad Civil Política y Legislación Ambiental (Polea).
La verdad es que me siento entusiasmada porque en esta Estrategia concuerdan las visiones de legislativo, gobierno, academia, científicos, sociedad civil y organismos internacionales para rescatar nuestro medio ambiente, lograr una sociedad más justa y una economía próspera.
La Estrategia bien señala que: “El ODS 13 tiene un efecto directo sobre el resto de los ODS, y a la vez muchos de ellos también determinan la posibilidad de alcanzar el ODS 13. No se puede combatir el calentamiento global promoviendo sistemas de energía fósil, permitiendo la degradación del medio ambiente, reduciendo capacidades institucionales, y sin promover de forma decidida la inversión en ciencia y formación de recursos humanos. La estrategia legislativa debe asegurar el contexto adecuado para que México pueda afrontar el mayor reto ambiental del siglo XXI”.
Efectivamente, cuando presenté iniciativa de reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para fortalecer el enfoque de conservación en materia ambiental; así como otras que reforman la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para fomentar el diseño de nuevos procedimientos eficientes para la minimización, separación, recolección y acopio de residuos con la mira puesta en la economía circular y el principio de cero residuos; o aquella para prohibir la comercialización y uso de envases de poliestireno expandido para alimentos y bebidas, estaba tocando también el ODS 14: Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Igual sucedió con las reformas propuestas a la Ley General de Salud para prohibir la elaboración, importación y comercialización de productos cosméticos que contengan microplásticos.
Lo mismo ocurre con los exhortos a las autoridades hídrica y ambientales del país para rescatar y sanear acuíferos, esclarecer la situación jurídica de los recursos hídricos de afluentes y cuencas en disputa y resolver conflictos relacionados con el agua en diversos estados del país.
Asimismo, el ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, es ejemplo formidable de la estrecha relación con el contenido ambiental y de cambio climático que han delineado mi experiencia en la agenda ambiental.
Como la iniciativa de reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos, para que la empresa se guíe, entre otros, por los principios de desarrollo sustentable, protección al medio ambiente, seguridad energética, desarrollo tecnológico, transición energética y combate al cambio climático; la que reforma la Ley General de Cambio Climático para establecer la obligación explícita a cargo de la federación de privilegiar, en la generación eléctrica que realice el Estado, aquella proveniente de fuentes de energía limpias, y la que reforma la Ley de Transición Energética para sustituir irreversiblemente el uso de combustibles fósiles por fuentes limpias de bajo carbono.
Igual situación se dio con la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos para que los ingresos que se obtengan por la recaudación de derechos se destinen en su totalidad y sean transferidos trimestralmente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para la conservación y aprovechamiento sustentable de las Áreas Naturales Protegidas; o la reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para involucrar al sector privado, academia, pueblos indígenas y sociedad civil organizada en las acciones del Estado relativas a la prevención, detección, combate e información relacionada con los incendios forestales, la que impacta también en el ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.
Y ahí vamos.